La Comisión Interministerial, creada para trazar el destino de la mina operada por Cobre Panamá y First Quantum Minerals, recomendó evaluar una nueva relación con la empresa que permita resolver los arbitrajes pendientes y fijar las condiciones para una eventual puesta en marcha orientada a un cierre ordenado, autofinanciado, "sin posibilidad de prórroga" y sin costo para la Nación, en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La Cciap respaldó ese enfoque general, pero enumeró los asuntos que, a su juicio, deben definirse antes de avanzar: la figura jurídica y su compatibilidad con el fallo y con la Ley 407, que establece la moratoria minera en el país; el régimen fiscal y la participación del Estado; el alcance de cualquier operación; la fecha y las garantías de cierre; la terminación de los arbitrajes; y la fiscalización ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas.
El gremio fijó además una serie de principios que, según plantea, no deberían negociarse: el respeto al fallo y al ordenamiento jurídico, la protección ambiental rigurosa y verificable, y que el eventual cierre no represente costo alguno para el Estado ni para los panameños.
"Desde la Cámara mantenemos principios fundamentales: respeto al fallo y al ordenamiento jurídico; protección ambiental rigurosa y verificable; un cierre sin costo para el Estado ni los panameños; transparencia; metas claras; y prioridad para comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente impactadas", Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
La Cciap subrayó que la recomendación de la comisión no implica un retorno al modelo de operación anterior al fallo que ordenó el cierre de la mina, pero tampoco ignora las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener el sitio indefinidamente en su condición actual.
El fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2023 declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum, tras semanas de protestas que paralizaron el país y derivaron en la aprobación de la Ley 407 de moratoria minera. Desde entonces la operación en Donoso permanece suspendida, con arbitrajes internacionales abiertos por la compañía.
"La transparencia no puede ser un requisito más. Debe acompañar todo el proceso: desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada etapa", Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
La Cciap planteó también que cualquier decisión debe garantizar oportunidades para las comunidades directamente impactadas, los trabajadores del sector y las empresas panameñas vinculadas, además de fortalecer las capacidades de los municipios con jurisdicción sobre la zona de Donoso. El caso se suma a una serie de controversias sobre la fiscalización de contratos y procesos estatales, en línea con expedientes recientes como el análisis jurídico que pide a la Corte Suprema anular el Decreto Alcaldicio No. 6.
El gremio cerró su pronunciamiento con el estándar que, a su juicio, debe cumplir la decisión final: "La decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá".