La detención se produjo, según las autoridades, apenas Rivas Ayala arribó a suelo salvadoreño, en un procedimiento que el reporte oficial describe como resultado de tareas previas de coordinación con Inteligencia Policial. El detenido será remitido, además, por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, conforme al reporte divulgado por las autoridades.
El caso se enmarca en un mecanismo cada vez más habitual: la recepción de connacionales deportados desde EE.UU. que, según las autoridades salvadoreñas, mantienen procesos judiciales pendientes en el país o vínculos con estructuras pandilleriles. Los vuelos de deportación son coordinados entre las autoridades migratorias estadounidenses y las salvadoreñas, con protocolos de verificación al momento del arribo.
Los cargos y el marco legal aplicable
El delito de homicidio agravado por el que un Juzgado de San Miguel reclama a Rivas Ayala está tipificado en el Código Penal salvadoreño. A ello se suma el delito de organizaciones terroristas, figura con la que la legislación local encuadra a estructuras como la MS-13 y el Barrio 18. La calificación de estas agrupaciones como organizaciones terroristas fue establecida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en una resolución de 2015.
La figura de pertenencia a organización terrorista, contemplada en la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal —vigente desde 2010—, permite procesar penalmente la sola pertenencia a estas estructuras, con independencia de la comisión de otros delitos.
El procedimiento se enmarca en las capturas practicadas bajo el régimen de excepción, vigente en el país desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa mediante sucesivas resoluciones. La medida, aprobada tras un repunte de homicidios atribuido a las pandillas, suspendió garantías constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones y amplió el plazo de detención administrativa.
Desde su entrada en vigor, el Órgano Ejecutivo ha reportado decenas de miles de capturas, cifra que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organismos de derechos humanos han pedido revisar por presuntas irregularidades en algunos casos, sin que ello implique cuestionamiento directo al caso de Rivas Ayala.
De Los Ángeles a Centroamérica: un antecedente de tres décadas
La captura de pandilleros deportados desde EE.UU. no es un fenómeno nuevo en la historia reciente salvadoreña. Ya en la década de 1990 y principios de los 2000, la deportación de miembros de la MS-13 —pandilla surgida entre migrantes salvadoreños en Los Ángeles, California— desde territorio estadounidense es señalada por historiadores y criminólogos como uno de los factores que contribuyó a la expansión de esta estructura en El Salvador, en un proceso ampliamente documentado por la investigación académica sobre pandillas centroamericanas.
La cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad entre El Salvador y EE.UU. se ha intensificado en los últimos años. La Embajada de Estados Unidos en San Salvador ha manifestado en comunicados previos su respaldo a las autoridades salvadoreñas en el combate a las pandillas, aunque no ha emitido pronunciamiento específico sobre este caso.
El Juzgado de San Miguel que reclama a Rivas Ayala deberá fijar audiencia para determinar su situación jurídica conforme al Código Procesal Penal, que establece los plazos y garantías del debido proceso, incluida la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme. La defensa del detenido, cuya identidad no ha sido reportada, tendrá oportunidad de presentar sus argumentos en las etapas procesales correspondientes.
La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de la persecución penal de los delitos de crimen organizado, es la institución encargada de sostener la acusación en este tipo de procesos, en coordinación con la PNC para la recopilación de evidencia. Ni la FGR ni la defensa del detenido han emitido declaraciones adicionales sobre el caso hasta el cierre de esta publicación.
En los próximos días se espera que el Juzgado de San Miguel programe la audiencia inicial en la que se determinará si Rivas Ayala enfrentará detención provisional mientras avanza el proceso por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. El desenlace se sumará al historial de procesos derivados de deportaciones desde EE.UU., un fenómeno que las autoridades salvadoreñas mantienen bajo seguimiento como parte de su estrategia de seguridad pública.
