De acuerdo con la información divulgada por la corporación, Hernández Barrera delinquía presuntamente para la clica Shadows Park Locos, célula vinculada a la estructura de la 18 Revolucionarios que, según el reporte policial, ha operado en la zona occidental del país. Las autoridades indicaron que el capturado habría intentado ocultar tatuajes alusivos a la estructura criminal mediante la superposición de otros diseños, con el objetivo de evadir a la justicia.
El expediente policial del detenido incluye antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. El material disponible no precisa en qué fase procesal se encuentran esas causas previas ni si derivaron en sentencias firmes, imputaciones vigentes o procesos archivados.
La captura se produjo en el marco del régimen de excepción, vigente en el país desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado de manera sucesiva por la Asamblea Legislativa. Este régimen suspende garantías constitucionales, entre ellas la libertad de asociación, el plazo de detención administrativa y las condiciones ordinarias del derecho de defensa, con el fin declarado de combatir a las estructuras pandilleriles.
El delito de pertenencia a organización terrorista, por el cual sería remitido el capturado, corresponde a la calificación jurídica que desde 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló para las pandillas, tras declararlas grupos terroristas mediante una resolución que habilitó su persecución bajo la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
El trámite que sigue ahora
El caso deberá seguir el trámite ordinario. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de solicitar ante un juzgado de paz la audiencia inicial, en la que se resuelve sobre la instrucción formal del proceso y sobre si corresponde imponer detención provisional como medida cautelar mientras avanza la investigación. Conforme al Código Procesal Penal salvadoreño, esa medida se justifica por el riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, no por la culpabilidad del imputado, que se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme dictada por un tribunal de sentencia.
El fenómeno de las pandillas en El Salvador se remonta a la posguerra civil de los años noventa, cuando estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 —esta última dividida posteriormente en las facciones Sureños y Revolucionarios— se consolidaron en el país tras la deportación de pandilleros desde EUA, en un proceso documentado por investigaciones académicas y policiales desde entonces.
Desde el inicio del régimen de excepción, el Órgano Ejecutivo ha reportado la captura de más de 80,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de detenciones arbitrarias y han solicitado revisiones judiciales individualizadas de los casos.
El Órgano Ejecutivo y la cúpula policial han defendido de manera reiterada que las capturas bajo el régimen de excepción responden a labores de inteligencia e identificación de estructuras criminales, mientras que defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en cada expediente individual.
El caso de Hernández Barrera se suma a las capturas que la PNC divulga en controles vehiculares y operativos territoriales en la zona occidental, práctica sostenida como parte de la estrategia de seguridad implementada desde 2022. El siguiente hito procesal será la audiencia inicial ante el juzgado de paz correspondiente, donde se definirá si existen elementos suficientes para la instrucción formal del proceso y si se mantiene o no la detención provisional del capturado mientras continúa la investigación fiscal.
