El proceso busca renovar la conducción de la Corte de Cuentas, institución de rango constitucional cuya función es examinar la gestión económica del Estado, las alcaldías y las instituciones oficiales autónomas. La elección de sus magistrados corresponde a la Asamblea Legislativa, que integra un pleno de 60 diputados propietarios distribuidos en las fracciones legislativas representadas en el hemiciclo.
La comisión Política es la instancia que conduce las entrevistas previas a la votación en el pleno. Su tarea consiste en verificar que los aspirantes cumplan los requisitos legales antes de que el dictamen correspondiente llegue al Salón Azul para su discusión y votación final. Según el material disponible, de los 18 candidatos solo cinco fueron entrevistados en la primera jornada, y los 13 restantes comparecerán en sesiones sucesivas durante las próximas semanas.
Entre los cinco candidatos entrevistados figuraron propuestas orientadas a modernizar los mecanismos de auditoría mediante el uso de inteligencia artificial, con el argumento de que estas herramientas permitirían detectar de forma más ágil irregularidades en el manejo de fondos públicos, cruzar bases de datos de contrataciones e identificar patrones de riesgo en la ejecución presupuestaria de las instituciones fiscalizadas.
La propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre la capacidad operativa de la Corte de Cuentas para fiscalizar un aparato estatal que administra el Presupuesto General de la Nación, además de préstamos externos, fondos de cooperación y las transferencias a las alcaldías del país. La institución ha enfrentado históricamente cuestionamientos por la lentitud de sus procesos de auditoría y por los plazos que transcurren entre la detección de irregularidades y la eventual remisión de casos a la Fiscalía General de la República (FGR).
Un fiscalizador con raíz constitucional
El fiscalizador salvadoreño tiene antecedentes que se remontan a distintas denominaciones a lo largo del siglo XX, pero es la Constitución de 1983 la que fijó su estructura actual, en un marco que buscaba dotarla de independencia frente al Órgano Ejecutivo. A lo largo de las décadas, cada elección de magistrados de la Corte de Cuentas ha estado acompañada de escrutinio político, en tanto la institución audita cuentas de gobiernos y examina la gestión de exfuncionarios.
La renovación actual llega en un contexto en que la Asamblea Legislativa, con la fracción de Nuevas Ideas en mayoría, ha impulsado en los últimos años cambios en la integración de diversos entes de control y en el Órgano Judicial, incluidas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Sala de lo Constitucional. Organizaciones de sociedad civil han insistido en que los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas cuenten con trayectoria técnica comprobada y ausencia de vínculos partidarios, condición que la propia ley vincula a la independencia del ente fiscalizador.
Ninguna fracción legislativa ha fijado públicamente por ahora una posición conjunta sobre los perfiles preferidos para ocupar la magistratura, y la comisión Política no ha difundido un calendario cerrado con las fechas exactas en que se completarán las entrevistas a los aspirantes restantes. La presidencia de dicha comisión, según la práctica legislativa habitual, deberá convocar a los candidatos pendientes en sesiones sucesivas antes de elevar un dictamen al pleno.
La incorporación de inteligencia artificial a labores de auditoría gubernamental no es un planteamiento exclusivo de El Salvador: entes fiscalizadores de otros países de la región han explorado en años recientes el uso de analítica de datos y aprendizaje automático para examinar grandes volúmenes de información contable, aunque su implementación efectiva depende de presupuesto, capacitación técnica y marcos normativos que regulen el tratamiento de datos sensibles del Estado.
El proceso de selección se produce, además, en paralelo a la vigencia del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 y prorrogado por la Asamblea Legislativa, cuyo marco ha reconfigurado prioridades presupuestarias del Órgano Ejecutivo en áreas de seguridad, un factor que la Corte de Cuentas debe considerar al auditar la ejecución del gasto público en los próximos años.
Qué falta para completar la elección
Una vez concluida la ronda de entrevistas, corresponderá a la comisión Política emitir un dictamen que deberá ser ratificado por el pleno legislativo. De no alcanzarse el consenso necesario, el proceso podría prolongarse, como ha ocurrido en elecciones de segundo grado anteriores en la Asamblea, cuando la falta de acuerdo entre fracciones retrasó la integración completa de otros órganos de control.
La Asamblea Legislativa no ha anunciado una fecha límite pública para concluir el proceso, por lo que las próximas semanas serán decisivas para determinar si los 13 candidatos restantes son entrevistados en sesiones consecutivas o si el calendario se extiende más allá de agosto. El resultado final determinará quiénes asumirán la conducción de la Corte de Cuentas de la República y, con ello, el rumbo de la fiscalización de los fondos públicos salvadoreños en los próximos años.
