Cabañas, uno de los catorce departamentos del país, ha sido señalado de forma reiterada por organizaciones ambientalistas y de salud como una de las regiones con mayor incidencia de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales: la que no se asocia a diabetes o hipertensión, sino a factores ambientales y ocupacionales aún en estudio por la comunidad científica regional. La enfermedad se clasifica en cinco estadios según la tasa de filtración glomerular, y el estadio 5 —también llamado fase terminal— es aquel en que los riñones han perdido más del 85% de su función y el paciente requiere terapia de reemplazo renal —diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante— para sobrevivir.
Que el 41.8% de los pacientes cabañenses se encuentre en ese punto, de acuerdo con los datos institucionales citados, apunta hacia un diagnóstico tardío o un acceso limitado a controles nefrológicos tempranos en la red pública de salud del departamento. La atención de estos casos recae principalmente en los hospitales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del propio Minsal, que ofrecen hemodiálisis en unidades especializadas, entre ellas el Hospital Nacional Rosales, en San Salvador, que concentra buena parte de la demanda de pacientes referidos desde departamentos como Cabañas ante la ausencia de infraestructura especializada a nivel local.
Del veto minero de 2017 a la derogación de 2024
El antecedente histórico más citado en este debate es la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2017, que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en vetar de forma total la extracción de metales en su territorio. La norma fue impulsada tras años de movilización social, particularmente en Cabañas, donde el proyecto minero El Dorado, operado por la empresa Pacific Rim, había generado litigios internacionales y denuncias de contaminación de fuentes hídricas por parte de organizaciones comunitarias.
Ese marco cambió en diciembre de 2024, cuando la Asamblea Legislativa, con mayoría de la fracción de Nuevas Ideas, derogó la prohibición y aprobó una nueva Ley General de Minería Metálica a solicitud del Órgano Ejecutivo. Casa Presidencial defendió la medida como una oportunidad de desarrollo económico y generación de empleo en zonas afectadas por el desempleo estructural. La decisión fue rechazada por organizaciones ambientalistas y por sectores de la Iglesia católica, que advirtieron sobre el riesgo de repetir patrones de contaminación en las cuencas del río Lempa, principal fuente de agua potable del área metropolitana de San Salvador.
El Ministerio de Salud no ha vinculado de manera oficial y concluyente los nuevos casos de enfermedad renal crónica en Cabañas con la actividad minera pasada ni con la eventual reactivación del sector bajo el nuevo marco legal. Establecer esa relación causal requeriría estudios epidemiológicos de largo plazo, muestreos de calidad de agua y suelo, y seguimiento clínico de cohortes de pacientes, un tipo de investigación que organizaciones médicas salvadoreñas han reclamado de forma reiterada ante las autoridades sanitarias en años recientes.
La enfermedad renal crónica de causas no tradicionales ha sido documentada también en otras zonas de Centroamérica, particularmente en la costa pacífica de Nicaragua y en regiones agrícolas de Guatemala, donde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado la exposición a altas temperaturas, la deshidratación laboral y el uso de agroquímicos como posibles factores de riesgo, sin descartar la exposición a metales pesados en zonas con historial extractivo. El patrón regional sitúa el caso salvadoreño dentro de un fenómeno que las autoridades sanitarias del istmo estudian desde hace más de una década.
El traslado constante de pacientes desde zonas rurales hacia la capital para recibir tratamiento representa una carga adicional en tiempo y costo para las familias afectadas. El Presupuesto General de la Nación destina anualmente recursos al Minsal para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles, aunque organizaciones de pacientes renales han solicitado en distintas ocasiones ante la Asamblea Legislativa un incremento específico de fondos para ampliar las unidades de diálisis fuera del área metropolitana de San Salvador, con el argumento de que la concentración de servicios especializados obliga a un desplazamiento que muchos pacientes en fase avanzada no están en condiciones físicas de sostener.
Diputados de distintas fracciones legislativas han presentado en los últimos años piezas de correspondencia y solicitudes de informe dirigidas al Ministerio de Salud sobre la situación de la enfermedad renal crónica en el oriente y el norte del país, zonas que junto con Cabañas figuran entre las más afectadas según reportes epidemiológicos previos del propio Minsal. No consta, de acuerdo con la información disponible, que esas gestiones hayan derivado hasta la fecha en una asignación presupuestaria específica y diferenciada para la región.
De cara a los próximos meses, el Ministerio de Salud tiene previsto, como parte de su calendario habitual, publicar los perfiles epidemiológicos departamentales correspondientes al primer semestre de 2026, que permitirán determinar si la tendencia registrada en Cabañas durante 2025 se mantiene, se agrava o muestra signos de contención. La comparación de esas cifras con las de cierre de 2025 será clave para evaluar el impacto de las políticas de tamizaje renal en la red pública y para dimensionar si la reactivación de la actividad minera, aún en fase de otorgamiento de licencias bajo la nueva ley, añade una variable adicional al cuadro sanitario del departamento.
