La frase ha caído como una piedra en el hemiciclo de la comisión, donde apenas una treintena de diputados seguían la comparecencia a las 17:45 de la tarde. Bolaños ha intentado amortiguar el golpe presentando lo que ha llamado un plan normativo de 179 normas que el Gobierno tiene previsto aprobar durante el segundo semestre de 2026, incluyendo 42 anteproyectos de ley, 67 decretos-ley y 70 modificaciones reglamentarias. El plan, según el ministro, permitirá al Ejecutivo gobernar con eficacia sin necesidad de unas cuentas públicas nuevas, utilizando los márgenes que ofrecen los presupuestos prorrogados y los instrumentos extraordinarios aprobados durante la pandemia que aún siguen vigentes.
La oposición no ha tardado en calificar el plan de lo que, según ellos, realmente es: un mecanismo para gobernar por decreto sin someterse al control parlamentario que implica la negociación presupuestaria. Cuca Gamarra ha sido la más contundente: ha acusado a Bolaños de convertir al Congreso en una notaría que se limita a convalidar decretos-ley mientras el Gobierno legisla a golpe de Consejo de Ministros. La portavoz del PP ha recordado que, de los once decretos-ley presentados ayer para su convalidación, nueve fueron aprobados gracias al apoyo in extremis de ERC y Bildu, partidos que según Gamarra no deberían ser los garantes de la estabilidad legislativa de un país de 47 millones de habitantes.
El verdadero problema de los Presupuestos no es técnico sino político, y tiene un nombre propio: Junts. La formación de Carles Puigdemont mantiene desde enero un bloqueo total a cualquier iniciativa del Gobierno en el Congreso, una estrategia de presión que responde a lo que los independentistas catalanes consideran un incumplimiento sistemático de los acuerdos que hicieron posible la investidura de Sánchez en noviembre de 2023. Los tres puntos de fricción son bien conocidos: la ley de amnistía — cuya aplicación sigue bloqueada en varios juzgados —, el reconocimiento de la singularidad catalana en la financiación autonómica y la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado que Sánchez prometió estudiar pero que nunca llegó a la mesa de negociación.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha respondido a la comparecencia de Bolaños con un comunicado de tres líneas que resume la posición de su partido con una claridad que no admite interpretaciones: mientras el Gobierno no cumpla los acuerdos de investidura, Junts no votará a favor de nada que presente el Ejecutivo, ni presupuestos ni decretos ni mociones ni proposiciones de ley.
La parálisis presupuestaria tiene consecuencias que van mucho más allá de lo simbólico. Los presupuestos prorrogados de 2023 no contemplan las partidas necesarias para afrontar la crisis energética derivada del bloqueo de Ormuz, ni los fondos adicionales para la emergencia sanitaria del Hondius, ni la financiación del segundo paquete de ayudas a la industria del automóvil que SEAT y otras empresas llevan meses reclamando tras los sucesivos ERTE.
El plan de 179 normas que Bolaños ha presentado esta tarde incluye algunos elementos que merecen atención por lo que revelan de las prioridades del Gobierno. Entre los 42 anteproyectos de ley figuran una reforma de la ley de vivienda para ampliar las zonas tensionadas, una ley de inteligencia artificial que transpone la directiva europea aprobada hoy mismo, un anteproyecto de reforma del mercado eléctrico y una ley de movilidad sostenible. Entre los 67 decretos-ley, destacan los de prórroga de las ayudas al transporte público, la extensión del escudo social y la regulación de emergencia del mercado del alquiler. La lista es ambiciosa, pero su aprobación depende de que el Gobierno logre mayorías ad hoc para cada decreto, una gimnasia parlamentaria que se ha vuelto cada vez más difícil a medida que los socios de investidura se alejan.
La sesión de la Comisión Constitucional ha terminado con un momento que resume la situación del Congreso. Cuando Bolaños ha abandonado la sala a las 19:30, el hemiciclo de la comisión estaba prácticamente vacío: solo quedaban ocho diputados, cuatro del PSOE y cuatro del PP. Los escaños de Junts, PNV, ERC, Bildu y Sumar estaban desiertos. La imagen de un ministro hablando para un público casi inexistente en el órgano que debería ser el centro del poder legislativo español es la metáfora perfecta de la parálisis que vive la institución. El Congreso de los Diputados funciona a medio gas, aprueba lo mínimo imprescindible y lleva tres años sin ejercer la función presupuestaria que la Constitución le atribuye como competencia exclusiva e indelegable.
Desde el Senado, el portavoz del PP, Javier Maroto, ha ido más lejos que Gamarra y ha exigido la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. El argumento de Maroto es que un Gobierno que reconoce su incapacidad para aprobar unos Presupuestos ha perdido la confianza del Parlamento de facto y que la prórroga indefinida de las cuentas de 2023 equivale a una abdicación de la función de gobierno. La propuesta tiene más de gesto político que de posibilidad real — Sánchez tiene la potestad exclusiva de disolver las Cortes y no hay mecanismo constitucional que le obligue a hacerlo —, pero refleja una corriente de opinión que gana fuerza cada semana que pasa sin Presupuestos.
Los números son reveladores. Desde que España empezó a funcionar con presupuestos prorrogados en enero de 2024, el gasto público se ha incrementado un 11,3% mediante decretos-ley y créditos extraordinarios, pero los ingresos previstos en las cuentas de 2023 no contemplan ese incremento. El resultado es un déficit que Bruselas estima en el 4,1% del PIB para 2026, más de un punto por encima del objetivo del 3% que España se comprometió a alcanzar en el programa de estabilidad presentado en abril de 2025. La Comisión Europea ha advertido en dos ocasiones de que la ausencia de Presupuestos dificulta la evaluación del cumplimiento fiscal español y que, si la situación persiste, podría activar el procedimiento de déficit excesivo previsto en el Pacto de Estabilidad reformado.
A las 22:00 de esta noche, el hemiciclo del Congreso está a oscuras. Las luces se apagan automáticamente a las 21:00 cuando no hay sesión plenaria. Pero en los despachos del Gobierno, la luz sigue encendida porque hay 179 normas que redactar, negociar y aprobar una por una, sin el paraguas de unos Presupuestos que ordenen las prioridades y sin la mayoría parlamentaria que permita aprobar nada sin mendigar los votos de unos socios que han dejado de serlo. El plan normativo de Bolaños no es un programa de gobierno: es un plan de supervivencia legislativa. Y la diferencia entre ambas cosas es la distancia que separa a un ejecutivo que gobierna de uno que simplemente resiste.
