El operativo de esta semana no corresponde a una incautación reciente, sino al cierre de 16 causas que ya recorrieron las distintas fases del proceso penal: investigación fiscal, acusación, juicio y sentencia condenatoria. La clasificación y las pruebas de campo constituyen un paso obligatorio antes de que un tribunal autorice la destrucción del material estupefaciente, conforme al procedimiento que sigue la FGR junto con la PNC en este tipo de expedientes.
La fiscalía indicó que los 16 casos fueron judicializados de forma independiente entre sí y derivaron en condenas de prisión para los responsables, quienes se encuentran privados de libertad. La FGR no detalló, según la información disponible, los años de las sentencias impuestas, los tribunales que las dictaron ni la cantidad o el tipo exacto de droga decomisada, y precisó únicamente que las capturas y decomisos se practicaron en distintos procedimientos policiales desarrollados en San Salvador, Chalatenango y La Libertad.
Un paso reglado antes de la incineración
La verificación de sustancias ilícitas antes de su destrucción es una etapa reglada dentro del proceso penal salvadoreño en materia de narcotráfico. La droga decomisada como cuerpo del delito debe someterse a pruebas de campo para confirmar su naturaleza, diligencia que se documenta y remite al tribunal correspondiente antes de proceder a la incineración o destrucción del material. Con ello, según ha expuesto la fiscalía en diligencias anteriores, se busca garantizar la trazabilidad de las sustancias desde la incautación policial hasta su eliminación definitiva, evitando la manipulación o el desvío de los narcóticos que permanecen bajo custodia mientras los procesos siguen su curso.
La coordinación entre la FGR y la PNC en la fase de judicialización se enmarca en el Código Procesal Penal, que atribuye a la fiscalía la dirección de la investigación criminal y a la Policía el auxilio judicial y la persecución del delito. La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, vigente desde 1991 y reformada en distintas ocasiones, es el marco normativo bajo el cual se tipifican y sancionan el tráfico, la posesión y la comercialización de estupefacientes en el país.
Los juzgados especializados en materia de narcotráfico y crimen organizado son la instancia que tramita este tipo de causas, mientras la FGR mantiene la titularidad de la acción penal y la custodia de las evidencias hasta que un juez autoriza su destrucción. Este tipo de diligencias suele realizarse de manera periódica, conforme se acumulan sentencias en distintos tribunales, y responde también a la necesidad de liberar espacio en las bodegas de evidencia y evitar el almacenamiento prolongado de sustancias controladas.
Un corredor de tránsito bajo régimen de excepción
El Salvador ha sido señalado de forma recurrente como país de tránsito de cocaína procedente de Sudamérica con destino a Norteamérica y Europa, dada su posición en el corredor centroamericano. Departamentos como La Libertad, con acceso a la costa del Pacífico, y Chalatenango, fronterizo con Honduras, han figurado en decomisos y capturas vinculadas a redes de narcotráfico que operan en la región.
El combate al narcotráfico ha sido presentado por las autoridades como una línea de trabajo conjunto entre la FGR y la PNC, en paralelo a las medidas adoptadas en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de forma sucesiva por la Asamblea Legislativa. Esa medida, sin embargo, se ha enfocado principalmente en el combate a estructuras de pandillas más que en el tráfico de drogas.
Operativos de decomiso y destrucción de estupefacientes han acompañado a la política de seguridad de administraciones anteriores en el país. Durante años, las incineraciones de droga incautada han sido difundidas por las autoridades como muestra de la persecución del delito, un tipo de acto que, como el de esta semana, se practica una vez que las causas quedan resueltas en sede judicial.
La fiscalía no precisó, conforme a la información disponible, la fecha exacta en que se ejecutará la destrucción final de las sustancias ni si el procedimiento se realizará en un solo acto o de manera escalonada según la ubicación de cada expediente. La FGR anticipó que la eliminación de la droga se producirá en las próximas horas.
Una vez ejecutada la destrucción, el seguimiento de estos 16 expedientes quedará formalmente cerrado en el plano procesal, mientras las condenas impuestas a los responsables continuarán su curso conforme al régimen penitenciario salvadoreño.
