El caso involucra a un grupo de veteranos señalados por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, periodo que dejó, según cifras de la Comisión de la Verdad para El Salvador de 1993, más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos. La justicia salvadoreña ha reabierto en los últimos años varios expedientes vinculados a esa etapa, en procesos que suelen prolongarse por años debido a la complejidad probatoria y a la edad avanzada de muchos de los procesados.
Según la información disponible, la reprogramación no obedeció a un incidente procesal de fondo, sino a un problema logístico: el centro penal donde se encuentran recluidos los procesados no logró garantizar la conexión necesaria para la comparecencia, ya sea de forma virtual o mediante el traslado físico de los imputados a la sede judicial. No se ha precisado públicamente en qué centro penal permanecen recluidos, dato relevante para dimensionar el origen de las fallas.
La audiencia única es una etapa contemplada en el Código Procesal Penal salvadoreño en la que el tribunal competente resuelve sobre la apertura a juicio, valora las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República y la defensa, y determina si existen elementos suficientes para pasar a la fase de vista pública. Su reprogramación extiende por al menos un mes la definición del futuro procesal de los acusados. Hasta el momento no se ha detallado el número exacto de imputados ni el grado que ostentaban durante el conflicto.
Del cierre de la amnistía a la reactivación de expedientes
El expediente se inscribe en la línea de casos que buscan esclarecer violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra, un esfuerzo que en El Salvador topó históricamente con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 y declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016. Ese fallo abrió la puerta a la reactivación de procesos que habían permanecido congelados durante más de dos décadas.
El antecedente más relevante en esta materia es el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981, cuyo proceso judicial se reabrió en 2016 tras la anulación de la amnistía y que ha marcado el estándar procesal para otros expedientes similares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño en 2012 por ese caso, ordenando la investigación y sanción de los responsables. Esos procesos también se han visto marcados por sucesivos aplazamientos.
Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que dan seguimiento a estos expedientes han señalado que las dilaciones judiciales representan un obstáculo adicional para el acceso a la justicia, sobre todo por la edad avanzada tanto de las víctimas sobrevivientes como de los propios acusados, varios de los cuales han fallecido antes de que sus casos lleguen a juicio. La defensa de los procesados, por su parte, ha argumentado en otros expedientes similares que las condiciones de salud y edad de sus representados deben considerarse en la fijación de plazos procesales.
El sistema penitenciario salvadoreño ha enfrentado en años recientes señalamientos sobre su capacidad para garantizar comparecencias judiciales oportunas, en un contexto marcado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha significado un incremento sustancial en la población carcelaria del país. Aunque ese régimen se aplica principalmente a casos vinculados a estructuras de pandillas, la infraestructura y capacidad operativa del sistema penitenciario en su conjunto ha sido objeto de escrutinio por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La nueva fecha fijada, del 7 al 10 de septiembre de 2026, sitúa la audiencia en el segundo semestre del año judicial. De confirmarse sin nuevos incidentes, el tribunal deberá resolver si el caso avanza a la fase de vista pública, momento en el que se conocería con mayor detalle la identidad de los procesados y los cargos específicos que enfrentan.
El desarrollo de este proceso será seguido tanto por organizaciones de derechos humanos como por sectores vinculados a la Fuerza Armada, dado que casos de esta naturaleza han generado tensiones entre las demandas de justicia transicional y las posiciones que reclaman se respete la actuación de militares en el contexto del conflicto. Ambas posturas han tenido eco en el debate público salvadoreño desde la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en enero de 1992.
