La CCR es el órgano encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos por parte de las instituciones del Estado salvadoreño, desde alcaldías y concejos municipales hasta ministerios y entidades autónomas. Su presidente y sus dos magistrados —primero y segundo— son electos por la Asamblea Legislativa para períodos de tres años, contados a partir de la juramentación de cada nueva gestión, en un proceso que combina la revisión documental de perfiles con entrevistas a los aspirantes.
Para los cargos de presidente, primer magistrado y segundo magistrado presentaron sus candidaturas Édgar Alvarenga, Sigfredo Ventura, Julio Jule, Carlos Cruz, Boris García, Arnoldo Parada, José Gaitán y Gonzalo Ayala. A ellos se suman Luis Santos, Raúl Méndez, Marcela Iraheta, Carlos Lozano, José Montalván y Salvador Segovia, hasta completar el listado de 18 postulantes que aspiran a conducir el ente contralor.
El listado incluye a los tres funcionarios que actualmente ocupan los cargos en disputa: Walter Sosa, presidente de la CCR; Julio Bendek, primer magistrado, y José Rodrigo Flores, segundo magistrado. Los tres se postularon nuevamente, de modo que la Asamblea deberá decidir entre mantener a la actual conducción o dar paso a un relevo total o parcial en la dirección del organismo.
Entrevistas abiertas y dictamen
El procedimiento contempla que la Comisión Política entreviste a cada uno de los 18 postulantes. La Asamblea ha señalado que las entrevistas se desarrollan de manera abierta, con el objetivo de garantizar la transparencia y mantener informada a la población salvadoreña sobre las credenciales de quienes aspiran a fiscalizar el gasto público durante los próximos tres años.
Una vez concluidas las entrevistas, corresponde a los diputados de la comisión evaluar los perfiles y emitir el dictamen correspondiente, documento que da paso a la votación en el pleno legislativo. La elección no requiere mayoría calificada, sino mayoría simple: el respaldo de al menos 31 de los 60 diputados que integran la Asamblea. Es el mismo umbral con el que el Órgano Legislativo resuelve la mayor parte de las designaciones ordinarias, a diferencia de otros nombramientos —como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia— que exigen mayoría calificada de dos tercios.
El marco legal otorga a la Asamblea Legislativa la potestad de designar a estas autoridades. Las actuaciones de la CCR, sin embargo, sí pueden ser objeto de revisión posterior por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en casos de recursos o controversias jurídicas derivadas de sus informes de fiscalización.
El plazo es un factor determinante. Con el mandato de los actuales funcionarios venciendo el 27 de agosto, la Comisión Política dispone de un margen de aproximadamente tres semanas para completar las entrevistas, elaborar el dictamen y llevarlo al pleno antes de que se produzca un vacío en la conducción del ente contralor.
La renovación de la cúpula de la Corte de Cuentas se produce en un contexto en que el papel fiscalizador de la institución ha sido objeto de debate recurrente en la vida política salvadoreña. La CCR, cuyo diseño institucional se consolidó con la Constitución de 1983, ha sido cuestionada en distintos momentos por sectores de oposición y de la sociedad civil respecto a la celeridad y el alcance de sus auditorías, mientras otros actores han respaldado su desempeño técnico.
Hasta el momento, ninguna fracción legislativa ha adelantado públicamente el sentido de su voto respecto a los candidatos en disputa. Tampoco se ha conocido un pronunciamiento formal de los tres funcionarios en ejercicio sobre su aspiración más allá de la presentación de sus candidaturas ante la Asamblea.
De cara a las próximas semanas, el calendario legislativo marcará los siguientes pasos: la conclusión de las entrevistas por parte de la Comisión Política, la emisión del dictamen y, finalmente, la votación en el Salón Azul, donde se necesitarán 31 votos para consumar la elección antes de que venza el periodo de las actuales autoridades el 27 de agosto.
