El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos e integrante de la comisión, llegó a las 9:00 a.m. y únicamente pudo presenciar la aprobación de un traslado correspondiente al Ministerio de Salud, según reportó La Prensa. El resto de las partidas destinadas a la Asamblea ya habían sido tramitadas cuando otros comisionados tomaron asiento en la sala.
Los recursos aprobados para el Legislativo se distribuyeron en cuatro traslados: uno por $17.1 millones, otro por $9.51 millones, un tercero por $4.5 millones y un cuarto por $1 millón, que en conjunto suman $32,110,809. La solicitud fue presentada por la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, y está relacionada con compromisos del presupuesto de funcionamiento del Órgano Legislativo, entre ellos personal, seguridad social y servicios básicos.
Los $32.1 millones para la Asamblea formaban parte de una agenda de traslados que superaba los $101.1 millones. En esa misma sesión se incluían solicitudes del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) por $35.25 millones, del Ministerio de Salud por $26.1 millones y de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) por $7.72 millones. La controversia, sin embargo, se concentró en el procedimiento seguido para los fondos del propio Legislativo.
Sin registro en YouTube ni Televisora Legislativa
La sesión no apareció en el canal de YouTube de la Asamblea ni fue emitida por la Televisora Legislativa, canal por el que habitualmente se siguen estos debates. La única fracción de la jornada que quedó disponible en la plataforma correspondió al traslado destinado al Ministerio de Salud, lo que dejó sin registro público la discusión de los cuatro traslados a favor del Legislativo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Eduardo Vásquez, justificó el inicio anticipado señalando que al llegar constató que había quórum y procedió a sesionar. Sobre la ausencia de transmisión, indicó que la orden vigente es transmitir todas las sesiones y que se tomarían los correctivos correspondientes.
Los traslados de partidas son movimientos de fondos dentro del Presupuesto General del Estado que la Comisión de Presupuesto avala antes de su ejecución, un trámite sujeto al escrutinio de la Contraloría General a través del refrendo del contralor a los compromisos estatales. La transmisión de las sesiones por los canales oficiales opera como control ciudadano sobre esas decisiones de gasto.
El episodio se produce en un año en que la fiscalización del gasto legislativo ha ganado peso en la agenda de la propia Comisión de Presupuesto, la misma instancia que semanas atrás elevó a $500,000 el tope de donaciones privadas a diputados y alcaldes. El destino detallado de cada uno de los cuatro traslados aprobados para la Asamblea, y su relación con solicitudes de recursos adicionales planteadas previamente por la institución, deberá ser precisado por la propia comisión y las autoridades correspondientes.