El registro publicado por la institución encuadra la operación bajo la categoría de "uso institucional", una fórmula amplia que en las compras públicas salvadoreñas abarca desde el traslado de diputados propietarios y suplentes hasta labores logísticas de las distintas comisiones legislativas. El expediente conocido hasta ahora no precisa qué dependencias recibirán las unidades ni el reparto operativo de la flota.
El monto total, dividido entre las once unidades, arroja un promedio superior a los $38,600 por vehículo. En el mercado salvadoreño esa cifra corresponde a camionetas o vehículos utilitarios de gama media-alta, por encima del valor de un sedán estándar destinado a trámites administrativos. Del documento publicado no se desprende el desglose por unidad, la marca adjudicada ni el número de ofertas recibidas.
El marco legal que regula la compra
La Asamblea Legislativa está sujeta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que regula los procesos de compra estatal y exige —según el monto y la modalidad— publicidad de las bases, comparación de ofertas y justificación técnica de la necesidad. El expediente conocido no aclara si el proceso se tramitó por licitación pública, libre gestión o contratación directa, un dato determinante para evaluar la competencia entre proveedores y el precio final pagado por unidad. La modalidad elegida define cuánta concurrencia hubo y, con ella, el margen para ajustar el costo.
El Portal de Transparencia del Órgano Legislativo, habilitado en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), constituye la vía oficial por la que la Asamblea debe publicar sus procesos de compra, contratos e información presupuestaria. La existencia del documento permite, en principio, el acceso ciudadano al expediente, aunque la sola publicación de un registro no equivale al detalle suficiente para fiscalizar el gasto por completo.
El Presupuesto General de la Nación asigna anualmente una partida para el funcionamiento del Órgano Legislativo, dentro de la cual se contemplan rubros de bienes muebles e inversión en activos fijos, categoría en la que se clasifican habitualmente las compras de vehículos. La Corte de Cuentas de la República, ente fiscalizador constitucionalmente encargado de auditar el manejo de los fondos públicos, tiene la facultad de examinar en su auditoría anual si la erogación se ajustó a los montos presupuestados y a los procedimientos de la LACAP.
Consultado sobre el gasto, Castro respaldó la adquisición como una decisión de gestión interna del Órgano Legislativo, pero evitó pronunciarse sobre el destino específico de cada uno de los once vehículos y sobre los criterios técnicos que fijaron el monto total. Ninguna fracción legislativa se ha pronunciado con una postura formal sobre esta compra específica, de acuerdo con la información disponible. La Junta Directiva de la Asamblea no había aportado, al cierre de esta edición, el desglose de los criterios de selección de proveedores ni el tamaño actual de la flota institucional.
Un tipo de compra recurrentemente cuestionado
La adquisición de vehículos institucionales por la Asamblea Legislativa no es inédita en la historia reciente del país. En legislaturas dominadas tanto por ARENA como por el FMLN se registraron compras de flotas que generaron cuestionamientos similares sobre la necesidad real, el número de unidades y la falta de detalle público sobre su asignación. Ese historial ha convertido este tipo de erogaciones en un tema recurrente de escrutinio periodístico y ciudadano.
El actual Órgano Legislativo funciona con una composición de fracciones más concentrada tras los procesos electorales recientes, lo que reduce la pluralidad de voces en el pleno. Ese escenario, señalan observadores políticos, disminuye el contrapeso interno frente a decisiones administrativas de la Junta Directiva, entre ellas las contrataciones de bienes y servicios.
El uso de vehículos oficiales ha sido en los últimos años un asunto sensible para la opinión pública salvadoreña, por el contraste entre el discurso de austeridad fiscal sostenido por distintas administraciones y episodios de gasto en bienes de alto valor. Esa tensión explica, en parte, el interés que despiertan compras como la registrada en el portal institucional.
Corresponde ahora a la propia Asamblea Legislativa —y, eventualmente, a la Corte de Cuentas de la República en su auditoría— aportar el desglose del proceso: modalidad de contratación, número de ofertas, proveedor adjudicado y destino operativo de cada una de las once unidades. Hasta que esa información se publique con mayor detalle, la operación permanece documentada únicamente a través del registro genérico difundido en el Portal de Transparencia del Órgano Legislativo.
