El eje franco-alemán, que durante meses había funcionado con la eficacia de un reloj con las agujas atascadas —cada uno mirando en una dirección distinta ante la política comercial de Trump—, parece haberse sincronizado bajo la presión del calendario. El ultimátum del 4 de julio, la fecha simbólica que Washington eligió para anunciar una segunda ronda de aranceles si la UE no accede a reducir su superávit comercial con Estados Unidos en un 50 por ciento, ha actuado como catalizador de una convergencia que los diplomáticos llevan meses intentando sin éxito. Macron, que desde el primer día de la ofensiva arancelaria ha defendido una respuesta agresiva que incluya represalias sobre productos tecnológicos norteamericanos —iPhones, software de inteligencia artificial, servicios en la nube—, ha moderado su posición lo suficiente como para aceptar la premisa alemana de que las represalias deben ser graduales y condicionadas al fracaso de las negociaciones. Scholz, por su parte, ha abandonado la posición de puro diálogo que mantuvo hasta febrero y ha aceptado que la UE necesita, como mínimo, un paquete de contramedidas aprobado y listo para activar antes del 4 de julio, incluso si la preferencia sigue siendo no utilizarlo. La convergencia se traduce en una propuesta concreta que ambos presentarán a Costa hoy por la mañana: una cumbre extraordinaria el 5 o 6 de junio en la que los 27 aprueben un mandato de negociación para la Comisión con un paquete de represalias de entre 85.000 y 95.000 millones de euros como respaldo disuasorio.
La división dentro de la UE, sin embargo, está lejos de resolverse y amenaza con convertir la cumbre extraordinaria en un escenario de enfrentamiento entre dos bloques que los diplomáticos han bautizado como los halcones y las palomas del comercio. El bloque de los halcones, liderado por Francia e Italia, con el respaldo de España, Portugal y Grecia, defiende que la UE debe aprobar un paquete de represalias inmediato que incluya aranceles del 25 por ciento sobre los productos tecnológicos estadounidenses más rentables —desde semiconductores hasta plataformas digitales—, la revisión de las licencias de operación de las grandes tecnológicas en suelo europeo y la aceleración de los acuerdos comerciales con Mercosur, India y los países del Golfo para diversificar las cadenas de suministro. El bloque de las palomas, encabezado por Alemania, Países Bajos, Suecia y Dinamarca, argumenta que unas represalias agresivas provocarían una escalada que destruiría más empleo en Europa del que protegería, y que la prioridad debe ser negociar una reducción gradual de aranceles que incluya concesiones europeas en sectores como la agricultura y los servicios financieros. La posición de España, que el ministro de Industria Jordi Hereu articuló ayer en una comparecencia en el Congreso, se sitúa en un punto intermedio peculiar: Madrid quiere represalias pero no contra los productos tecnológicos que la economía española importa masivamente, sino contra los servicios financieros y las plataformas digitales, sectores donde España es consumidora y no productora.
El impacto sobre la industria automotriz española ha alcanzado un nivel que los sindicatos califican de emergencia industrial y que las patronales describen con cifras que sacuden la complacencia de Bruselas. SEAT-CUPRA, la marca española del grupo Volkswagen, ha activado esta semana un ERTE temporal para 3.400 trabajadores de la planta de Martorell, en Barcelona, tras registrar una caída del 31 por ciento en los pedidos procedentes del mercado norteamericano entre enero y abril de 2026. La planta, que produce los modelos León, Ibiza y Arona, exportaba antes de los aranceles el 18 por ciento de su producción a Estados Unidos, un flujo que el arancel del 25 por ciento ha reducido al 7 por ciento al convertir un SEAT León de 24.900 dólares en un producto de 31.125 dólares que los concesionarios norteamericanos no pueden vender frente a la competencia coreana y japonesa, exenta de aranceles gracias a los acuerdos bilaterales que Tokio y Seúl firmaron con Washington. El ERTE, que afectará a la producción durante seis semanas a partir del 2 de junio, es el segundo que SEAT activa en 2026 y el séptimo en toda la industria automotriz española desde la entrada en vigor de los aranceles, después de los expedientes de Ford Almussafes, Renault Valladolid, Stellantis Vigo, Stellantis Zaragoza, Mercedes Vitoria y Iveco Madrid.
Las cifras macroeconómicas que el Ministerio de Comercio ha actualizado esta semana dibujan un panorama que justifica la alarma del sector exportador español. Las exportaciones españolas a Estados Unidos, que en 2024 alcanzaron los 18.600 millones de euros, se han contraído en 1.800 millones durante los primeros doce meses de vigencia del arancel, una caída del 9,7 por ciento que se concentra en tres sectores: automoción, que acumula pérdidas de 740 millones; agroalimentación, con 420 millones menos por el arancel específico sobre el aceite de oliva y el vino; y maquinaria industrial, con una contracción de 310 millones provocada por la pérdida de competitividad frente a los proveedores asiáticos. La industria automotriz, que representa el 10 por ciento del PIB industrial español y emplea directamente a 300.000 trabajadores, ha calculado que el coste total de los aranceles —incluyendo las pérdidas directas de exportación, los ERTE, la reducción de inversiones y la cancelación de planes de expansión— asciende a 4.200 millones de euros anuales, una cifra que el presidente de ANFAC, José López-Tafall, comparó ayer con el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid en sanidad para dimensionar la escala del daño.
La cumbre extraordinaria que Macron y Scholz proponen para la primera semana de junio tendría un doble objetivo: aprobar un mandato de negociación para la Comisión que permita a Von der Leyen presentarse ante Washington con una posición unificada, y validar un paquete de represalias que se activaría automáticamente el 5 de julio si las negociaciones fracasan. La lista ha sido diseñada para maximizar el impacto político en los estados que votaron por Trump sin destruir las cadenas de suministro que Europa necesita, un equilibrio que los economistas del think tank Bruegel califican de teóricamente posible pero prácticamente diabólico porque cualquier represalia sobre el GNL norteamericano encarecería la factura energética europea en plena transición tras la dependencia del gas ruso.
España juega un papel peculiar en esta batalla comercial porque su economía está menos expuesta que la alemana o la francesa a los aranceles directos, pero más vulnerable a los efectos secundarios de una escalada. La dependencia española del turismo norteamericano —3,2 millones de visitantes en 2025, un récord histórico— significa que cualquier deterioro de las relaciones transatlánticas podría afectar a un sector que representa el 12,4 por ciento del PIB. La inversión directa norteamericana en España, que alcanzó los 67.000 millones de euros acumulados, se concentra en sectores estratégicos como la energía renovable, la farmacéutica y la tecnología, sectores que podrían verse afectados si Washington decide responder a las represalias europeas con restricciones a la inversión. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció ayer en una entrevista que España camina sobre un alambre diplomático: necesita que la UE sea firme para proteger a su industria automotriz, pero no tanto como para provocar una guerra comercial total que destruya su sector turístico y ahuyente la inversión norteamericana.
El reloj del 4 de julio no admite pausas y cada semana que pasa sin una respuesta europea unificada reduce el margen de maniobra de Bruselas. Los negociadores de la Comisión que viajaron a Washington la semana pasada regresaron con un mensaje que resume la posición norteamericana en tres palabras: concesiones o aranceles. La administración Trump no está interesada en un diálogo sin plazos ni en las propuestas de grupos de trabajo que Von der Leyen ha presentado como alternativa a las represalias. Washington quiere resultados medibles —una reducción del superávit comercial europeo, la apertura del mercado agrícola europeo a las exportaciones norteamericanas, la revisión de las regulaciones digitales que Bruselas ha impuesto a las grandes tecnológicas— y los quiere antes del 4 de julio, una fecha que la Casa Blanca ha elegido no solo por su simbolismo patriótico sino porque coincide con el inicio de la campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre. Si la cumbre extraordinaria de junio no produce un mandato claro, la UE llegará al 4 de julio dividida, desarmada y expuesta a una segunda ronda de aranceles que podría incluir un gravamen del 20 por ciento sobre todos los servicios digitales europeos, una medida que afectaría directamente a la banca española y a las empresas de telecomunicaciones que operan en el mercado norteamericano.
La mañana de hoy en Bruselas estará marcada por la presentación formal de la solicitud de cumbre extraordinaria ante António Costa, un trámite que requiere el respaldo de al menos 14 estados miembros para activarse. Si Costa convoca la cumbre para el 5 de junio, como parece probable, los 27 tendrán tres semanas para negociar un texto que concilie las posiciones de halcones y palomas, un ejercicio que los veteranos de Bruselas comparan con la negociación del fondo de recuperación pandémico de 2020: difícil, agotador, pero posible si la alternativa es peor. Y la alternativa, en este caso, es llegar al 4 de julio sin respuesta y dejar que Trump imponga unilateralmente las condiciones del nuevo orden comercial transatlántico.
