El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para los días 5 y 6 de junio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevara mediante un mensaje publicado en su red social la amenaza arancelaria del 25 al 35 por ciento sobre productos europeos si no se alcanza un acuerdo antes del 4 de julio. La decisión de Costa formaliza una petición presentada por Francia y Alemania con el respaldo de 19 Estados miembros, y llega en una jornada en que la industria automovilística europea registró pérdidas de capitalización bursátil de 18.400 millones de euros en una sola sesión. España, por su parte, defiende una estrategia de respuesta que golpee los servicios digitales estadounidenses mientras preserva las importaciones tecnológicas europeas.
Por qué importa la cumbre del 5 y 6 de junio
La convocatoria de una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo es un mecanismo de excepción reservado para situaciones que los líderes de la UE consideran de urgencia política o económica. En condiciones ordinarias, el Consejo Europeo se reúne cuatro veces al año en fechas fijadas con meses de antelación. Que 19 de los 27 Estados miembros respaldaran formalmente la petición franco-alemana indica que existe una mayoría amplia —aunque no unánime— que considera insuficientes los cauces diplomáticos ordinarios para responder a la escalada arancelaria anunciada por Washington. La cita del 5 y 6 de junio es, en consecuencia, el primer gran test de la capacidad de la UE para articular una posición colectiva bajo presión.
La amenaza arancelaria y el calendario impuesto por Trump
Trump anunció la elevación del arancel —del 25 al 35 por ciento— a través de su red social, un canal que en su primera etapa presidencial y en la actual ha utilizado de forma recurrente para lanzar advertencias comerciales con efecto inmediato en los mercados. La fecha límite que fija, el 4 de julio, no es neutral: coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, lo que aporta una carga simbólica a la presión negociadora. El mecanismo arancelario que amenaza con activar se encuadra en la autoridad que el ordenamiento jurídico estadounidense confiere al poder ejecutivo para imponer gravámenes bajo la invocación de razones de seguridad nacional o desequilibrios comerciales, sin necesidad de ratificación legislativa previa.
El golpe al sector del automóvil europeo
La pérdida de 18.400 millones de euros de capitalización bursátil en una sola sesión por parte de las empresas automovilísticas europeas ilustra la exposición directa del sector a cualquier variación en las condiciones de acceso al mercado estadounidense. La industria del automóvil es uno de los principales vectores de exportación de la UE hacia Estados Unidos, y cualquier encarecimiento de sus productos mediante aranceles afecta de forma inmediata a las expectativas de beneficio de las compañías cotizadas. La caída en bloque —sin que el material disponible precise qué fabricantes o índices acumularon las pérdidas más severas— refleja que los inversores no discriminaron entre marcas con mayor o menor exposición al mercado norteamericano, sino que castigaron al sector en su conjunto.
La propuesta española: asimetría como palanca
El gobierno de España defiende ante sus socios europeos un enfoque que sus interlocutores definen como asimétrico: concentrar las represalias en los servicios digitales de origen estadounidense —donde compañías tecnológicas norteamericanas tienen posiciones dominantes en el mercado europeo— y excluir al mismo tiempo de esas medidas las importaciones de tecnología que la UE no produce en volumen suficiente para sustituir. Esta posición busca maximizar el daño al lado estadounidense en áreas donde la dependencia europea es menor, y minimizarlo en aquellas donde una restricción recíproca perjudicaría antes a las economías comunitarias que a Washington. La propuesta española no ha recibido respaldo ni rechazo explícito por parte de otros gobiernos según la información disponible.
Posiciones de las partes
Francia y Alemania actuaron como promotoras de la convocatoria extraordinaria, lo que refleja el peso que ambas economías —con industrias automovilísticas de gran tamaño y alta exposición exportadora— conceden a la resolución urgente del diferendo comercial. Los 19 Estados miembros que respaldaron la petición configuran una mayoría holgada dentro del Consejo, aunque la ausencia de unanimidad sugiere que al menos ocho gobiernos mantienen reservas sobre el calendario, la estrategia o ambos elementos. Washington, por su parte, no ha modificado su posición según los datos disponibles: la amenaza del 35 por ciento permanece vigente y condicionada a la ausencia de acuerdo antes del 4 de julio.
Antecedentes: la UE y las guerras comerciales con Estados Unidos
La Unión Europea y Estados Unidos han protagonizado episodios de tensión arancelaria en distintos momentos desde la creación de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Durante la primera administración Trump se aplicaron aranceles sobre el acero y el aluminio europeos al amparo de la legislación de seguridad nacional, y la UE respondió con medidas de retorsión sobre una lista de productos simbólicos de origen estadounidense. Aquel ciclo se cerró con una tregua negociada antes de ser sustituido por acuerdos parciales durante la administración Biden. El precedente relevante es que la UE tiene experiencia en el diseño de contramedidas arancelarias dentro del marco de la OMC, aunque los plazos de autorización de ese organismo han resultado históricamente más lentos que la velocidad a la que se suceden las amenazas.
Qué decidirá la cumbre y qué no podrá decidir
El Consejo Europeo tiene atribuida la función de fijar las orientaciones estratégicas de la UE, pero no aprueba legislación ni acuerdos comerciales de forma directa. Las decisiones que adopte el 5 y 6 de junio deberán traducirse en mandatos para la Comisión Europea, que es la institución con competencia exclusiva para negociar en nombre de la UE en materia de política comercial y para proponer medidas de retorsión. Cualquier paquete de contramedidas requerirá además el respaldo del Consejo de la UE en su formación de ministros de Comercio, lo que añade una capa adicional de complejidad procedimental. El margen de maniobra real de los líderes reunidos en junio estará condicionado, en consecuencia, tanto por la unidad política interna como por los tiempos institucionales de la UE.
