Con esta renovación número 53, aprobada de forma consecutiva mes a mes, el régimen de excepción acumula más de cuatro años de vigencia ininterrumpida desde su decreto inicial. La medida, concebida en su origen como una herramienta de aplicación acotada, se ha convertido en el eje declarado de la política de seguridad del Órgano Ejecutivo.
La suspensión de garantías afecta tres derechos concretos, conforme al marco legal que regula la medida: el plazo de la detención administrativa, que en condiciones ordinarias tiene límites fijados por la Constitución; el derecho de defensa en determinadas etapas del proceso penal; y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, lo que habilita a las autoridades a intervenir comunicaciones sin las autorizaciones judiciales que exige de ordinario el procedimiento penal salvadoreño.
Los diputados que respaldaron la iniciativa sostuvieron que la prórroga permitirá dar continuidad a las estrategias de seguridad para combatir las estructuras criminales y preservar la tranquilidad de la población. Legisladores oficialistas reiteraron además su respaldo al presidente Nayib Bukele y aseguraron que continuarán apoyando las acciones orientadas a mantener la seguridad y la paz en el país. La bancada de Nuevas Ideas y sus aliados controlan una mayoría amplia en el pleno de 60 curules.
El único voto en contra correspondió a la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien ha mantenido una postura crítica frente a las sucesivas prórrogas. Su fracción ha señalado en sesiones anteriores que la extensión prolongada de un estado de excepción sin condiciones claras de retorno a la normalidad constitucional plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública y garantías individuales.
Un decreto de 2022 renovado cada 30 días
El régimen de excepción fue decretado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana con una cifra elevada de homicidios atribuidos a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y las facciones de Barrio 18. Desde entonces, el Órgano Ejecutivo ha solicitado su renovación cada 30 días y el pleno la ha aprobado de forma sistemática con el respaldo de la mayoría oficialista.
Desde el punto de vista normativo, el artículo 29 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de guerra, invasión, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público, siempre por un plazo determinado y prorrogable. La reiteración de la medida durante más de cuatro años ha alimentado un debate jurídico sobre los límites temporales que la propia Constitución contempla para este tipo de excepciones.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha emitido resoluciones que declaren la inconstitucionalidad del régimen pese a los recursos presentados por distintos sectores desde 2022. La ausencia de un pronunciamiento de fondo del máximo tribunal deja sin resolver la discusión sobre los límites temporales de la suspensión de garantías.
Organizaciones de derechos humanos, salvadoreñas e internacionales, han documentado a lo largo de estos años denuncias de detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias cuestionadas y casos de personas fallecidas bajo custodia estatal. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha recibido denuncias relacionadas con capturas efectuadas al amparo del régimen, según ha reportado en distintos informes desde 2022.
En sentido contrario, el Órgano Ejecutivo sostiene que la reducción de homicidios y extorsiones justifica la continuidad de la medida y que las capturas responden a labores de inteligencia coordinadas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada. El presidente Bukele ha situado en reiteradas ocasiones el resultado del régimen como el eje central de su política de seguridad.
El antecedente de los estados de sitio del conflicto armado
El precedente histórico más cercano en el país se remonta a los estados de sitio y de emergencia decretados durante el conflicto armado de las décadas de 1970 y 1980, cuando distintos gobiernos suspendieron garantías constitucionales en el marco de la guerra civil que concluyó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados en 1992. A diferencia de aquel periodo, el régimen actual se enmarca formalmente en tiempos de paz y responde a una estrategia declarada contra el crimen organizado.
De cara a los próximos meses, la interrogante que persiste entre organizaciones civiles es si el Órgano Ejecutivo planteará una hoja de ruta para el retorno a la plena vigencia de las garantías suspendidas o si la renovación mensual continuará como mecanismo permanente. La próxima prórroga, la número 54, deberá votarse antes del vencimiento de la actual, fijado para el 28 de agosto de 2026.
