El foro, que reúne periódicamente a académicos, gremiales y especialistas para discutir problemas estructurales de El Salvador, situó en el centro del debate si el país cuenta con las condiciones para garantizar el abastecimiento alimentario de su población ante shocks externos, ya sean climáticos, comerciales o geopolíticos.
Treminio, en representación del sector de pequeños y medianos productores, señaló que la producción nacional de granos básicos —maíz, frijol y arroz, principalmente— ha perdido terreno frente al consumo interno en las últimas décadas, lo que obliga a El Salvador a recurrir de manera creciente a mercados externos para cubrir la demanda de la canasta básica.
Danilo Pérez, por su parte, puso el acento en la fragilidad macroeconómica del país, un diagnóstico que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha reiterado en sus informes sobre Centroamérica al señalar la limitada diversificación productiva y la exposición de las economías del istmo a las variaciones en los precios internacionales de alimentos y combustibles.
Esta dependencia no es un fenómeno nuevo. Desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y la posterior liberalización comercial de los años noventa, el sector agropecuario experimentó una contracción sostenida en su participación dentro del producto interno bruto, un proceso reflejado en las series históricas de cuentas nacionales del Banco Central de Reserva (BCR), que muestran cómo la agricultura pasó de representar una porción significativa de la economía a un peso considerablemente menor en las últimas dos décadas.
Un debate recurrente en la agenda pública
El asunto no es ajeno a la Asamblea Legislativa, que en distintas ocasiones ha discutido iniciativas orientadas a fortalecer la producción nacional de granos básicos, entre ellas programas de entrega de paquetes agrícolas gestionados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuya cobertura y continuidad han sido cuestionadas por gremiales del sector como la propia CAMPO.
La dependencia de las importaciones coloca a El Salvador en una posición similar a la de otros países centroamericanos con escasa disponibilidad de tierra cultivable y alta densidad poblacional, aunque con matices: mientras Costa Rica y Guatemala mantienen sectores agroexportadores más diversificados, la economía salvadoreña se ha inclinado históricamente hacia los servicios y las remesas familiares como motores de crecimiento, según la composición del producto interno bruto y los flujos que el BCR publica de forma periódica.
Las remesas, que según el BCR representan una proporción sustancial del ingreso de los hogares salvadoreños, funcionan como amortiguador frente a las alzas en los precios de los alimentos. Sin embargo, los ponentes advirtieron que ese mecanismo no sustituye una política de seguridad alimentaria estructural, ya que deja al país expuesto a factores externos como la situación económica y migratoria en EE.UU., principal origen de esos envíos.
El cambio climático fue otro de los ejes señalados. El Salvador figura de manera recurrente entre los países centroamericanos más vulnerables a eventos climáticos extremos, lo que se traduce en pérdidas de cosechas por sequías prolongadas o exceso de lluvias, fenómenos que afectan particularmente a los pequeños productores que integran la membresía de CAMPO.
Reclamos del agro y respuesta oficial pendiente
Desde el gremio de pequeños y medianos productores se ha insistido en años recientes en un marco de políticas públicas que incluya acceso a crédito, asistencia técnica, semillas mejoradas y mecanismos de comercialización más favorables, planteamientos que coinciden con los que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda para la región centroamericana en sus informes sobre seguridad alimentaria.
El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, no ha emitido una respuesta pública a los planteamientos expuestos en este foro, aunque en el pasado ha defendido los programas de apoyo a la producción de granos básicos como parte de su estrategia para reducir la dependencia externa.
La discusión se produce en un contexto en que el Presupuesto General de la Nación destina recursos limitados al sector agropecuario en comparación con otras carteras del Órgano Ejecutivo, una tendencia que gremiales del agro han señalado reiteradamente ante la Asamblea Legislativa durante las discusiones presupuestarias de los últimos años.
Los organizadores de la Cátedra Permanente plantearon la necesidad de que estos espacios trasciendan el ámbito académico y se traduzcan en propuestas concretas dirigidas a los tomadores de decisión, tanto del Órgano Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa, en un tema que, según los ponentes, requiere una visión de Estado más allá de los ciclos electorales.
No se ha anunciado un calendario de seguimiento a las conclusiones de esta jornada, aunque este espacio de análisis suele convocar sesiones periódicas sobre distintos temas de la realidad nacional, por lo que la seguridad alimentaria podría volver a su agenda en próximas ediciones.
