La primera carpeta contiene el expediente de la Cumbre Iberoamericana, que Madrid acogerá los días 4 y 5 de noviembre y que se ha convertido en un campo de minas diplomático por una sola razón: Delcy Rodríguez. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela tiene prohibida la entrada en la Unión Europea desde 2018, cuando el Consejo le impuso sanciones personales por su papel en la destrucción del Estado de derecho venezolano. Pero la Cumbre Iberoamericana no es un evento de la UE — es un foro multilateral organizado por la SEGIB — y Venezuela, como miembro de pleno derecho, tiene la potestad de enviar a quien considere oportuno como representante. El Gobierno español ha solicitado a Bruselas un «waiver» — una exención temporal de las sanciones — que permitiría a Delcy pisar territorio español sin que España viole las restricciones europeas, pero el Parlamento Europeo ha respondido con una resolución aprobada por 507 votos instando a mantener las sanciones sin excepciones.
El PP ha convertido la cuestión de Delcy en una batalla parlamentaria de primer orden. García Egea ha registrado una interpelación urgente que formula la pregunta de forma deliberadamente punzante: «¿Va el Gobierno de España a permitir la entrada en territorio nacional de una persona sancionada por la UE por violaciones de derechos humanos, y si es así, con qué base jurídica?». La pregunta es incómoda porque no tiene una respuesta buena: si Albares dice que sí, el PP le acusará de complicidad con Maduro; si dice que no, Venezuela amenazará con boicotear la Cumbre y la SEGIB perderá a uno de sus miembros más activos; si dice que está negociando, el PP le acusará de ambigüedad calculada. El antecedente del «Delcygate» de 2020 — cuando Delcy aterrizó en Barajas y fue recibida por Ábalos en la zona VIP del aeropuerto, un episodio que forma parte del universo Koldo — añade una carga histórica que convierte cada mención de su nombre en una referencia implícita a la corrupción del PSOE.
La segunda carpeta es aún más delicada. La retirada del embajador español en Israel, decidida la semana pasada tras la interceptación de la Flotilla Sumud y la detención de activistas que incluía al ciudadano español Saif Abukeshek, requiere una explicación detallada ante la cámara. Albares deberá defender la decisión frente a un PP que la considera «desproporcionada» y frente a los socios de coalición que la consideran «insuficiente». Sumar y Bildu han pedido la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel, mientras que el PP exige el regreso inmediato del embajador alegando que su retirada «perjudica los intereses de los españoles en Israel y debilita la posición negociadora de España». El dato más urgente es médico: Abukeshek se encuentra al 16% de función renal y Cruz Roja Internacional ha advertido de que tiene una ventana de 48 horas antes de que el fallo multiorgánico sea irreversible.
El tercer frente es el más complejo desde el punto de vista geopolítico. Las tensiones en el estrecho de Ormuz — con el intercambio de disparos entre el USS Cole y una patrullera iraní, el bloqueo del espacio aéreo saudí a las operaciones estadounidenses y la confirmación de que Trump asistirá personalmente a las conversaciones de Mascate el miércoles — obligan a Albares a posicionar a España en un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias energéticas directas. El Brent está en 95,70 dólares esta mañana, un nivel que ya presiona los costes de transporte y producción industrial, y cualquier escalada en el Golfo podría disparar el precio por encima de los 100 dólares, con consecuencias directas para una economía española que tiene los presupuestos prorrogados y un ERTE en SEAT por la caída de exportaciones.
La estrategia de Albares, según fuentes del Ministerio de Exteriores, será «compartimentar» las tres crisis para evitar que se contaminen entre sí. El ministro intentará presentar cada carpeta como un desafío independiente con su propia lógica y su propio calendario: la Cumbre Iberoamericana es un asunto de noviembre, Israel es una emergencia humanitaria que requiere acción inmediata y Ormuz es un problema multilateral donde España actúa en el marco de la OTAN y la UE. Pero la oposición intentará exactamente lo contrario: vincular las tres crisis para construir un relato de «política exterior fallida» en la que el Gobierno no controla ninguno de los tres tableros.
La Mesa del Congreso añade un cuarto frente a la jornada parlamentaria. El órgano rector de la cámara tiene previsto decidir hoy sobre la convalidación de once decretos-ley pendientes, varios de los cuales contienen medidas económicas que el Gobierno necesita para gestionar la triple crisis arancelaria, energética y judicial. El más urgente es el decreto que prorroga las ayudas al transporte público — cuyo vencimiento el 30 de junio dejaría sin bonificación a millones de viajeros —, seguido del decreto que amplía el escudo social para los trabajadores afectados por ERTEs como el de SEAT. La aritmética parlamentaria es precaria: el Gobierno necesita los votos de ERC, Bildu y PNV, que podrían condicionar su apoyo a los decretos a exigencias sobre la cuestión israelí o la política migratoria.
Los precedentes de comparecencias triples en Exteriores no son alentadores para el Gobierno. La última vez que un ministro de Asuntos Exteriores español tuvo que defender simultáneamente tres frentes diplomáticos abiertos fue en marzo de 2003, cuando Ana de Palacio explicó la participación española en la coalición contra Irak mientras gestionaba la crisis del Prestige y las tensiones con Marruecos por el islote de Perejil. Palacio sobrevivió a la comparecencia pero el PP perdió las elecciones un año después, en parte porque la percepción de una política exterior desbordada caló en el electorado. Albares no enfrenta una guerra, pero la acumulación de frentes abiertos genera una percepción similar de descontrol que el PP pretende explotar.
En las bancadas socialistas, la preocupación no es solo por el contenido de las respuestas de Albares sino por el contexto en el que se producen. Mientras el ministro responde preguntas sobre Delcy Rodríguez en la sala de comisiones del Congreso, a tres kilómetros de distancia la Sala Segunda del Supremo estará deliberando sobre la prevaricación de Ábalos en el caso Koldo. La coincidencia temporal no es casual — el PP ha acelerado la solicitud de comparecencia precisamente para que se produzca en paralelo a la deliberación —, y el efecto mediático será devastador: las pantallas divididas entre el Congreso y el Supremo ofrecerán una imagen de un Gobierno asediado por todos los flancos.
Al filo de las 08:30, los primeros diputados comienzan a llegar a la Carrera de San Jerónimo. García Egea ha anunciado que el PP acudirá «con toda la artillería parlamentaria» y que las interpelaciones serán «quirúrgicas». Yolanda Díaz, por su parte, ha confirmado que Sumar planteará «la cuestión de fondo: si España está dispuesta a ser un actor autónomo en política exterior o si sigue subordinada a los equilibrios de la OTAN y la UE». En el hemiciclo, los técnicos preparan las pantallas y los micrófonos para lo que promete ser una sesión maratoniana. Fuera, en la calle, Madrid se despierta con un cielo cubierto por la borrasca Telma y la certeza de que las tormentas de hoy no serán solo meteorológicas.
