El PP ha concentrado su artillería en la cuestión de Delcy Rodríguez con una precisión que sugiere semanas de preparación. Cuca Gamarra ha abierto el turno de intervenciones con una interpelación de cuarenta y cinco minutos en la que ha recorrido cronológicamente cada paso del Gobierno en relación con la vicepresidenta venezolana: desde el episodio del Delcygate en Barajas en enero de 2020 — con Ábalos recibiéndola en la zona VIP del aeropuerto — hasta la solicitud del waiver a Bruselas la semana pasada, pasando por las declaraciones de Borrell cuando era Alto Representante sobre la necesidad de mantener las sanciones «sin fisuras». La pregunta central de Gamarra ha sido tan sencilla como demoledora: si el Gobierno reconoce que Delcy Rodríguez es responsable de violaciones de derechos humanos, ¿por qué pide una excepción para que pueda pisar territorio europeo?
Albares ha respondido con un argumento jurídico que ha provocado reacciones encontradas. El ministro ha explicado que el waiver — la exención temporal de la prohibición de entrada — es un mecanismo previsto en la propia regulación de sanciones de la UE y que ya ha sido utilizado en otras ocasiones para permitir la asistencia de personas sancionadas a eventos multilaterales celebrados en territorio europeo. Ha citado como precedente la participación de ministros bielorrusos en la conferencia de la OSCE de 2019 en Bratislava y la asistencia de un alto cargo sirio a una reunión del Cuarteto de Normandía en Berlín en 2021. El argumento tiene base legal, pero el PP ha replicado que ninguno de esos precedentes implicaba a una persona acusada de crímenes contra la humanidad y que la analogía es «insultante para los presos políticos venezolanos».
El segundo bloque de la sesión — la retirada del embajador en Israel — ha generado una fractura visible dentro de la propia coalición de gobierno. Sumar, por boca de Yolanda Díaz, ha exigido la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel y ha acusado a Albares de «tibieza calculada» ante lo que ha calificado como «el mayor crimen humanitario del siglo XXI». Bildu ha ido más lejos y ha pedido el reconocimiento inmediato del Estado palestino con fronteras de 1967 y la imposición de un embargo de armas total. Albares ha respondido que la retirada del embajador es la medida más contundente que un país de la UE puede adoptar sin romper relaciones y que España está liderando la posición europea junto con Irlanda, Bélgica y Eslovenia.
El tercer bloque — Ormuz y las tensiones entre EEUU e Irán — ha sido el más técnico y el que menos titulares ha generado, pero también el que más consecuencias económicas directas tiene para España. Albares ha confirmado que España apoya la mediación omaní y que el embajador español en Mascate está en contacto permanente con la delegación iraní, pero ha esquivado tres veces la pregunta sobre si España participaría en una eventual operación naval de la OTAN para garantizar la libertad de navegación en el estrecho. La evasión no es casual: España tiene buques desplegados en la operación Atalanta frente a Somalia y cualquier extensión del mandato hacia Ormuz requeriría la aprobación del Congreso, un trámite que el Gobierno no tiene garantizado con la aritmética parlamentaria actual.
Fuera de la sala de comisiones, la jornada parlamentaria ha tenido un segundo acto igualmente relevante: la convalidación de los decretos-ley pendientes. La Mesa del Congreso ha tramitado once textos y ha obtenido mayoría para nueve de ellos gracias al apoyo in extremis de ERC y Bildu, que han condicionado su voto a un compromiso verbal de Bolaños sobre la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas que lo soliciten. Los dos decretos rechazados — las ayudas al alquiler para menores de 35 años y la reforma del subsidio extraordinario por desempleo — han caído por la abstención del PNV, que ha exigido la inclusión de una cláusula de cofinanciación foral que el Gobierno ha rechazado por considerarla un «precedente peligroso».
Los decretos aprobados incluyen la prórroga de las bonificaciones al transporte público hasta el 31 de diciembre, la extensión del escudo social para los trabajadores afectados por ERTEs — medida especialmente relevante tras la confirmación del ERTE de SEAT en Martorell y el nuevo ERTE anunciado hoy para Landaben —, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional y el paquete de medidas de respuesta a los aranceles de Trump. La aprobación de este último ha sido la más ajustada: 176 votos a favor frente a 172 en contra, con Sumar aportando los votos decisivos a cambio de la inclusión de una cláusula de revisión trimestral.
Los analistas parlamentarios coinciden en que la comparecencia de Albares ha sido «técnicamente correcta pero políticamente insuficiente». El ministro ha logrado defender las posiciones del Gobierno sin cometer errores que pudieran amplificarse mediáticamente, pero no ha ofrecido ninguna novedad que desactivara las críticas de la oposición. El PP sale de la sesión con material para semanas de presión parlamentaria sobre la cuestión de Delcy, Sumar sale con la percepción reforzada de que el Gobierno es demasiado cauto en política exterior y los socios independentistas salen con un compromiso sobre el Ingreso Mínimo Vital que intentarán capitalizar en sus respectivos territorios.
El telón de fondo de la jornada ha sido, como en todo lo que ocurre esta semana en la política española, el caso Koldo. Mientras Albares respondía preguntas sobre Delcy y Ormuz en la sala de comisiones, a tres kilómetros de distancia Marchena cerraba la deliberación sobre prevaricación con unanimidad. La imagen de la pantalla dividida — Congreso a un lado, Supremo al otro — ha dominado los informativos de mediodía y ha reforzado la percepción de un Gobierno acorralado por todos los flancos. Albares, al salir, ha sido preguntado por los periodistas sobre la sentencia de Koldo y ha respondido con una frase que resume la estrategia comunicativa del Gobierno para los próximos días: «Cada institución cumple su función y nosotros cumplimos la nuestra».
