La ruptura de la mesa del SIMA se produjo, según fuentes del proceso, al no alcanzarse un acuerdo sobre la exigencia de la empresa de suspender o pausar la huelga como condición previa para seguir negociando. Los sindicatos convocantes rechazaron esa condición, lo que llevó a la dirección europea a cambiar de estrategia y abrir un canal paralelo con las centrales ajenas al paro.
Esa maniobra ha generado la reacción de los sindicatos excluidos de la nueva mesa, que estudian acciones legales contra Airbus por, a su juicio, sortear la negociación del conflicto colectivo mediante foros alternativos mientras la huelga sigue activa. Estas centrales invocan precedentes judiciales que respaldarían su posición: los tribunales han fallado en el pasado contra empresas como Coca-Cola o Alestis por prácticas de negociación paralela durante procesos de huelga, en resoluciones que reforzaron el principio de unidad de interlocución sindical durante los conflictos colectivos.
Un pulso salarial en pleno récord de beneficios
El pulso laboral se produce en un contexto de resultados que la propia compañía calificó de excepcionales. Airbus cerró 2025 con un beneficio de 5.221 millones de euros, un 23,4% más que el año anterior, según las cifras avanzadas por su consejero delegado, Guillaume Faury, quien definió el ejercicio como «histórico» por sus «resultados financieros récord e hitos estratégicos». Esa mejora de las cuentas es precisamente el argumento que los sindicatos y los comités de empresa esgrimen para reclamar una recuperación salarial más ambiciosa que la ofrecida hasta ahora por la dirección.
El componente público del negocio de Airbus añade una capa adicional de escrutinio al conflicto. Según los datos sobre adjudicaciones del Ministerio de Defensa, el Gobierno concedió a la compañía contratos por 8.108 millones de euros el año pasado a través de los Programas Especiales de Modernización, lo que equivaldría al 25,5% del total de esos programas. Se espera que en los próximos meses se resuelvan nuevas adjudicaciones dentro de ese mismo marco, lo que mantiene a Airbus como uno de los principales beneficiarios del gasto en defensa español, país que además participa en el capital de la matriz europea con un 4,1% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La empresa, que en octubre nombró a Amparo Moraleda como primera presidenta española de su historia, cuenta con más de 14.000 empleados en España repartidos entre Madrid —donde se concentra la mayoría de la plantilla—, Sevilla, Cádiz, Albacete e Illescas. Esa dispersión geográfica explica por qué la huelga, nacida en el centro de Getafe, se propagó con rapidez al resto de factorías y talleres, alcanzando un seguimiento que los propios convocantes describen como masivo tanto en producción como en oficinas técnicas. Las movilizaciones se convirtieron en indefinidas el 25 de agosto tras el respaldo de asambleas de trabajadores que presionaron a los liderazgos sindicales más moderados para endurecer la protesta.
El conflicto escaló hasta forzar un relevo en la cúpula de recursos humanos. Antonio Lasaga, que dirigía esa área en Airbus España desde 2015, fue trasladado a China, y en su lugar la matriz europea colocó a Soledad Muñoz, en una decisión que los trabajadores interpretan como el reconocimiento implícito de que la dirección local no logró contener la protesta. Los contactos con las organizaciones sindicales dentro del proceso de mediación siguen canalizados a través del despacho Baker McKenzie.
Qué ofrece el preacuerdo que respalda CCOO
CCOO, el sindicato con mayor implantación en la plantilla, es la única central de peso que se ha desmarcado de la huelga para respaldar un preacuerdo basado en la propuesta empresarial. El planteamiento contempla la recuperación de un 7,6% de poder adquisitivo repartido en cinco años: para 2026 y 2027, el incremento salarial sería el IPC más un complemento adicional hasta alcanzar un 5% acumulado, con los importes de 2026 descontando lo ya abonado a cuenta durante el ejercicio y los de 2027 aplicándose desde el 1 de abril de ese año.
El paquete incluiría además una paga excepcional de 2.000 euros brutos por trabajador, que no se consolidaría en el salario base, y una fórmula de revisión para el periodo 2028-2030 que ligaría de nuevo las subidas al IPC más un complemento de recuperación del poder adquisitivo, en términos similares a los del primer tramo del acuerdo. Las centrales convocantes, en cambio, mantienen que la oferta no está a la altura de los beneficios récord de la compañía.
El marco normativo aplicable a este tipo de disputas se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, en lo relativo a conflictos colectivos, que exige que la negociación durante una huelga se desarrolle con los representantes legítimos de los trabajadores convocantes, sin perjuicio de que la empresa pueda dialogar con otras secciones sindicales siempre que no vulnere ese derecho de interlocución. Serán la autoridad laboral y, en última instancia, los tribunales quienes determinen si la apertura de la segunda mesa negociadora por parte de Airbus se ajusta a esa exigencia legal.
La negociación colectiva conflictiva no es nueva en la gran industria española: desde la Transición, sectores como el naval, la automoción o la propia aeronáutica han protagonizado paros prolongados en los que la interlocución sindical y el reparto de la representatividad han sido campo de batalla habitual. Los fallos citados por los sindicatos —Coca-Cola y Alestis— se inscriben en esa línea jurisprudencial que limita la apertura de foros paralelos durante un conflicto activo.
El desenlace dependerá ahora de si la propuesta mejorada presentada a CCOO, ATP y SIPA logra el respaldo suficiente para desactivar la huelga o si, por el contrario, los sindicatos convocantes sostienen la movilización y fuerzan una negociación conjunta. La vía judicial que estudian los sindicatos excluidos podría añadir un frente adicional en las próximas semanas. Mientras tanto, la actividad industrial de Airbus en España sigue marcada por la incertidumbre sobre plantas clave para programas con fuerte financiación pública como el Eurofighter o el A400M, cuyos plazos de entrega comprometidos con el Ministerio de Defensa podrían verse afectados si el conflicto se prolonga.
