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AFP obtuvieron $26.6 millones en utilidades en el primer semestre, según un análisis

El economista César Villalona sostiene que las administradoras de fondos de pensiones y la banca elevaron sus ganancias mientras las pensiones promedio siguen por debajo del costo de la vida.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtuvieron $26.6 millones en utilidades durante el primer semestre de 2026, según un análisis divulgado en agosto por el economista César Villalona, que contrasta ese resultado con el nivel de las pensiones promedio que reciben los jubilados salvadoreños, a las que califica de insuficientes frente al costo de la vida.

Según el análisis atribuido a Villalona, economista que ha sido crítico recurrente del modelo de capitalización individual, las ganancias de las AFP habrían crecido en paralelo a un estancamiento en el monto real de las pensiones que reciben los adultos mayores. En esa lectura, la brecha entre las utilidades del sector financiero y el poder adquisitivo de los pensionados se habría ampliado durante los primeros seis meses del año.

El sistema previsional salvadoreño opera bajo un esquema mixto desde la reforma aprobada en 2017, que introdujo la Cuenta de Garantía Solidaria y estableció nuevas reglas para las AFP, las cuales cobran comisiones a los trabajadores afiliados por la administración de sus fondos de ahorro para el retiro. En el país operan dos administradoras, AFP Crecer y AFP Confía, resultado de fusiones anteriores en un mercado que ha tendido a la concentración.

El marco de supervisión y las reglas del sistema

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) es la entidad encargada de supervisar a las AFP y de publicar periódicamente estadísticas sobre afiliación, rentabilidad de los fondos y montos de pensiones pagadas. El Banco Central de Reserva (BCR), por su parte, da seguimiento a indicadores macroeconómicos como el salario mínimo y el costo de la canasta básica, referencias habituales para contrastar el poder de compra de las pensiones. La Corte de Cuentas de la República no tiene competencia directa sobre la gestión de las AFP, al tratarse de administradoras privadas, aunque sí supervisa el uso de recursos estatales vinculados al pilar solidario del sistema.

Las administradoras han defendido en ocasiones anteriores que sus utilidades derivan de la gestión de los fondos de los afiliados y que las comisiones que cobran están reguladas por ley, con topes fijados por la Asamblea Legislativa a través de las reformas al sistema previsional. Representantes del sector suelen argumentar que la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones beneficia a los trabajadores en el largo plazo.

El análisis divulgado también apunta a un incremento en las ganancias del sector bancario durante el mismo periodo, en un contexto de reactivación del crédito y de tasas de interés que han mantenido niveles relativamente altos en la región centroamericana. La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) agrupa a las instituciones financieras del país y publica periódicamente cifras sobre la cartera crediticia y los resultados del sector.

El debate sobre las pensiones no es nuevo. Desde la privatización del sistema en 1998, bajo el gobierno de Armando Calderón Sol, organizaciones sindicales, economistas y sectores de la sociedad civil han cuestionado si el modelo de capitalización individual garantiza pensiones dignas para la mayoría de los trabajadores, en particular para quienes cotizan en el sector informal o con salarios bajos durante buena parte de su vida laboral.

La reforma de 2017, aprobada durante la administración de Salvador Sánchez Cerén, buscó atenuar algunos de esos efectos mediante la creación de un pilar solidario financiado con aportes patronales adicionales, destinado a complementar las pensiones más bajas. Persisten, sin embargo, cuestionamientos sobre si esas medidas han sido suficientes para elevar el monto que reciben los jubilados frente al alza del costo de vida.

El salario mínimo ha sido objeto de ajustes en los últimos años, aprobados por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, organismo tripartito con representación gubernamental, empresarial y sindical. Sectores laborales han calificado esos incrementos como insuficientes para compensar la inflación acumulada, un factor que incidiría también en la capacidad de ahorro de los futuros pensionados.

La discusión sobre pensiones y salarios ha tenido eco en distintos momentos dentro de la Asamblea Legislativa, donde diputados de diferentes bancadas han presentado iniciativas para revisar el sistema previsional, sin que hasta la fecha se haya aprobado una reforma estructural adicional a la de 2017. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es la instancia que canaliza las políticas laborales y de seguridad social del país.

De cara a los próximos meses, el debate sobre la suficiencia de las pensiones y la distribución de las ganancias en el sistema financiero podría reactivarse en la Asamblea Legislativa si se presentan nuevas propuestas de reforma. La SSF tiene previsto continuar publicando sus reportes trimestrales sobre el desempeño de las AFP, que servirán como referencia para cualquier discusión legislativa futura sobre el tema.

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