Un colectivo nacido en Buenos Aires en 2013
El CeDEU se presenta como una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 en Buenos Aires para asesorar a descendientes de españoles residentes en Argentina en sus trámites de nacionalidad. Desde su creación, el colectivo mantuvo una posición activa a favor de ampliar el ámbito subjetivo de la legislación española sobre memoria histórica, entonces limitada a hijos y nietos de quienes tuvieron que abandonar España por motivos políticos durante la dictadura franquista y, en menor medida, la Guerra Civil.
El encuentro de Rosario
Según difundió en su momento Juan Manuel de Hoz, portavoz del CeDEU, en sus perfiles de redes sociales, el representante del colectivo en Rosario, Gastón Rodrigo Torres, mantuvo un «encuentro» con Zapatero en el que se trataron las reivindicaciones del lobby. Ambos posaron juntos para una fotografía en la que el expresidente aparece sosteniendo, bajo el brazo, un documento entregado por el emisario argentino. La información procede de una única fuente y de las propias publicaciones del colectivo, por lo que se traslada aquí con la cautela periodística correspondiente, a falta de una segunda corroboración documental o testimonial independiente.
La visita de Zapatero a Rosario no fue un viaje aislado. El expresidente participó como orador invitado en la conferencia «Diálogos para la reforma: la necesidad de una Constitución que garantice derechos», celebrada en el Centro Cultural Parque de España de la ciudad y en la que también intervino el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Desde el fin de su mandato en 2011, Zapatero ha mantenido una intensa agenda de conferencias y actividades en América Latina, con especial presencia en Argentina, Cuba y Venezuela, país este último donde ha ejercido labores de mediación reconocidas por unos gobiernos y cuestionadas por sectores de la oposición española.
De la Memoria Histórica de 2007 a la Memoria Democrática de 2022
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, aprobada durante el segundo Gobierno de Zapatero, reconoció el derecho a la nacionalidad española a hijos y, en determinados supuestos, nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio provocado por la Guerra Civil o la dictadura. Su disposición adicional séptima, con vigencia inicial limitada en el tiempo, generó ya entonces un aluvión de solicitudes en países como Argentina, Cuba y México.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo parlamentario de EH Bildu entre otras formaciones, extendió sustancialmente ese marco. Permite optar a la nacionalidad española a descendientes de españoles que emigraron por cualquier motivo —no solo político— desde el siglo XIX hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Esta ampliación temporal y causal es precisamente la que el CeDEU llevaba reclamando años antes de su aprobación, según se desprende de sus propias publicaciones.
Del exilio republicano a la emigración económica
La diferencia esencial entre ambas normas es cualitativa: la de 2007 reparaba al exilio provocado por causas políticas, mientras la de 2022 incorpora también a los descendientes de la emigración económica española a América, un fenómeno de una magnitud muy superior al del exilio republicano. En ese universo entran quienes salieron de España durante las décadas de finales del siglo XIX y principios del XX, incluida la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, de la que precisamente proceden, según su relato, los abuelos del portavoz del CeDEU.
El propio texto de 2022 extendió además el marco temporal de reconocimiento de víctimas y represaliados hasta 1983, ya en democracia, un punto que ha concentrado buena parte de las críticas de la oposición por considerar que introduce un revisionismo sobre etapas posteriores al franquismo. El Gobierno defendió que la actualización buscaba cerrar «ángulos ciegos» de la memoria colectiva.
«Perfecciona España»: la defensa de Zapatero
En 2022, poco antes de la aprobación de la ley, Zapatero salió en defensa del texto sosteniendo, según recogió la información publicada, que «perfecciona España» y rechazando que se tratara de una norma «rupturista». El expresidente esgrimió que «cualquier ángulo ciego merece ser rescatado» y enmarcó la ampliación como una evolución de la memoria histórica, cuyas «visiones» —afirmó— van adquiriendo matices distintos con el tiempo. Al mismo tiempo restó trascendencia a que el Ejecutivo pactara la norma con Bildu, formación heredera del entorno de Herri Batasuna.
Réplica del Gobierno y críticas de la oposición
El Partido Popular y Vox han criticado reiteradamente en el Congreso de los Diputados tanto el pacto con Bildu como el uso que consideran electoralista de la nacionalización de descendientes en países como Argentina, con comunidades históricamente proclives al voto de la izquierda española en el exterior. El PSOE y el Gobierno han defendido la ley como un acto de justicia histórica y reparación, sin vinculación con cálculos electorales, subrayando que el derecho a optar a la nacionalidad no conlleva automáticamente residir en España ni implica adscripción política alguna.
La afiliación al PSOE del portavoz del CeDEU
Una publicación de la agrupación socialista en el país, fechada el 1 de diciembre de 2022, le daba la bienvenida como nuevo militante.
Esta secuencia —activismo en favor de la ley, obtención rápida de la nacionalidad y posterior afiliación al partido del Gobierno que aprobó la norma— ha sido esgrimida por la oposición como indicio de instrumentalización política del proceso. Zapatero no ha realizado declaraciones específicas sobre su encuentro de 2018 con el representante del CeDEU ni sobre la trayectoria posterior de De Hoz en las filas socialistas argentinas, y el PSOE tampoco ha detallado públicamente esa relación.
Un precedente y los efectos aún vigentes
El aluvión provocado por la ley de 2007 ya había mostrado la capacidad de estas normas para movilizar a la diáspora: durante su vigencia se registraron centenares de miles de solicitudes en el mundo, con Argentina y Cuba a la cabeza, según reflejó en su día la gestión consular del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo de solicitud fue prorrogado por el Gobierno, sigue generando efectos jurídicos activos: el Ministerio de Justicia continúa tramitando expedientes y los consulados en Argentina, Cuba y México mantienen un elevado volumen de trabajo en la gestión de estos casos.
Qué puede pasar ahora
No consta que Zapatero haya sido citado a declarar por su papel en el impulso de la ampliación normativa de 2022, cuestión que hasta la fecha permanece en el terreno político y no judicial. El siguiente hito será la publicación por parte del Ministerio de Justicia de las cifras consolidadas de expedientes tramitados al amparo de la ley una vez cerrado el plazo prorrogado, un dato que permitirá medir el alcance real de la reforma. Mientras, la norma continúa siendo objeto de debate parlamentario y de recursos parciales ante los tribunales, tanto por quienes la consideran excesiva como por asociaciones de víctimas que reclaman mayor concreción en otros capítulos, como la investigación de fosas comunes.
