El texto, de carácter reflexivo y sin anclaje en un hecho noticioso puntual, ha circulado entre lectores que lo interpretan como un espejo de conductas observables en distintos ámbitos, desde la administración pública hasta las relaciones laborales y familiares. Su tesis central es una distinción: la que la autora traza entre viveza e inteligencia.
«La viveza pregunta: ¿cómo me beneficio yo? La inteligencia pregunta: ¿qué consecuencias tiene esto?», escribe la columnista, para quien la primera «ayuda a sobrevivir» y la segunda, además, «ayuda a construir». Esa separación, plantea, explicaría por qué un país que se percibe a sí mismo como ingenioso arrastra al mismo tiempo dificultades de eficiencia y confianza. En sus palabras: «Si somos tan vivos, ¿por qué tantas cosas nos salen tan mal? Tal vez porque hemos confundido la viveza con la inteligencia».
La autora enumera frases que, a su juicio, funcionan como comodines para evitar el escrutinio. Sobre el «todo el mundo lo hace» responde: «Si cien personas se pasan una luz roja, la luz no cambia de color por mayoría». Del «siempre se ha hecho así» dice que es capaz de «convertir la ineficiencia en tradición». Y del «no compliques las cosas» sostiene que a menudo significa «no hagas preguntas que obliguen a explicar lo que nadie quiere explicar».
La columna cuestiona también la dicotomía «si no eres parte de la solución, eres parte del problema», que la autora califica de falsa porque, argumenta, «la realidad no viene con dos casillas»: una persona puede observar, poner un límite o cuestionar una solución «porque considera que terminará provocando otro problema». «No todo no es rebeldía. A veces es responsabilidad», resume.
En el terreno institucional, la autora recurre al ámbito educativo: un docente comprometido puede preguntar «¿esto me corresponde?» sin que ello implique falta de compromiso, porque «la obediencia no sustituye al pensamiento». La reflexión conecta con un debate más amplio sobre los límites de la responsabilidad individual dentro de estructuras jerárquicas, sean escuelas, ministerios o entidades estatales.
El texto describe además la tendencia a diluir la responsabilidad cuando algo sale mal: «Si salió bien, lo hice yo; si salió regular, lo hicimos entre todos; si salió mal, eso no dependía de mí; y si fue un desastre, nadie podía preverlo». La responsabilidad, ironiza, «cuando pesa demasiado, encuentra rápidamente otro escritorio donde sentarse». Cierra con una advertencia sobre el ataque personal —lo que en lógica se denomina falacia ad hominem—, que a su juicio sustituye al argumento cuando este falta: «¿Y tú quién eres para decir eso?».
Del atajo cotidiano al escrutinio del gasto
El patrón que describe la columna —la evasión de la responsabilidad ante un mal resultado— encuentra correlato en el debate público panameño sobre la fiscalización del gasto. En ese terreno intervienen instituciones con funciones definidas: la Contraloría General, a través del contralor, ejerce el refrendo, el aval previo que da validez a los contratos estatales antes de su ejecución, mientras el Ministerio Público investiga las eventuales irregularidades penales. La autora no cita casos ni entidades concretas, pero el eje de su reflexión —quién asume las consecuencias— es el mismo que atraviesa cada vista presupuestaria en la Asamblea Nacional y cada observación sobre contrataciones directas o sobrecostos.
El fenómeno de la viveza no es exclusivo de Panamá: los patrones de informalidad y búsqueda de atajos aparecen en otras sociedades latinoamericanas, con particularidades ligadas en el caso panameño a la histórica condición del istmo como centro de tránsito comercial y financiero, que ha convivido con prácticas de intermediación. La columna sitúa esa cultura no como rasgo inmutable, sino como conducta susceptible de ser cuestionada: «Que algo sea antiguo no significa que sea bueno. A veces solo significa que nadie se ha detenido a cuestionarlo».
El debate sobre la relación entre cultura cívica y desempeño institucional no es nuevo en Panamá. Tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989 y durante la reconstrucción democrática de los años noventa, el país debió reconstituir sus órganos de fiscalización y control —entre ellos la Contraloría General y el Tribunal Electoral— después de dos décadas de gobiernos militares. Aquel proceso reabrió preguntas, todavía vigentes, sobre hasta qué punto la eficiencia del aparato estatal depende de reglas formales o de hábitos ciudadanos.
La pieza pertenece al género de opinión y no constituye una investigación periodística ni un pronunciamiento institucional. Hasta el momento no se han registrado reacciones oficiales de organismos del Estado sobre su contenido, que permanece en el plano del debate cultural y ético más que en el de la controversia política o judicial. Su repercusión, no obstante, ilustra cómo la reflexión sobre el juega vivo resurge en periodos de escrutinio sobre el manejo de fondos públicos.
Queda por ver si el texto alimentará una discusión más amplia en foros académicos, en la sociedad civil o en la propia Asamblea Nacional sobre la relación entre cultura cívica y rendición de cuentas, un asunto que reaparece cada vez que se debaten reformas al sistema de contrataciones públicas, a la planilla estatal o a los mecanismos de control del Órgano Ejecutivo. Por ahora, la columna deja abierta su pregunta de fondo: si preguntar «no siempre complica» y «a veces ordena».