El procedimiento había sido solicitado formalmente por la administración municipal de Guasca como parte de labores de inspección preventiva en la vía pública. Según el relato de las autoridades departamentales, los uniformados detuvieron a un motociclista para verificar sus documentos de movilidad, una diligencia que terminó en agresión cuando el conductor se negó a entregarlos.
El hombre habría extraído una rama de un árbol cercano, la habría bañado en una sustancia inflamable y la lanzó contra el agente de tránsito, de acuerdo con el video difundido en redes sociales. El fuego se propagó sobre la ropa del funcionario y le prendió una de las piernas mientras este intentaba sofocar las llamas.
Las imágenes, ampliamente compartidas, muestran momentos de pánico entre los transeúntes que presenciaron la escena. Según lo reportado, el agresor también le prendió fuego a su propia motocicleta, en un intento por impedir que las autoridades ejecutaran la inmovilización del vehículo, procedimiento habitual cuando un conductor incumple los requisitos exigidos en un control vial.
El sujeto habría arremetido físicamente, además, contra miembros de la Policía Nacional que apoyaban el operativo, de acuerdo con el reporte oficial. El responsable fue capturado en el lugar de los hechos y puesto de manera inmediata a disposición de la Fiscalía.
El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel se pronunció públicamente sobre el hecho a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que expresó su rechazo a la agresión contra el agente durante el operativo solicitado por la administración municipal.
«Es inadmisible la agresión contra uno de nuestros agentes de tránsito durante un operativo de control en Guasca, solicitado por la administración municipal. Durante la verificación de documentos, el conductor de una motocicleta se negó a entregarlos y lanzó contra el agente un…», escribió Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca.
El mandatario departamental sostuvo que no existe justificación alguna para atentar contra la integridad de quienes ejercen funciones de seguridad y control en las vías del departamento, y anunció que impulsará acciones jurídicas contra el agresor, quien deberá responder penalmente por las lesiones causadas al funcionario. La agresión contra un servidor público en ejercicio de sus funciones constituye una circunstancia de agravación punitiva en el Código Penal colombiano.
El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir la situación jurídica del capturado. El episodio se suma a otros casos recientes que han mantenido bajo escrutinio la actuación de los cuerpos de seguridad y control vial en el país, como el de dos policías enviados a prisión en Cali por presuntamente exigir $5 millones.
