La modalidad refleja un giro en las tácticas de los grupos armados que se disputan el Catatumbo: han migrado de los artefactos explosivos improvisados enterrados hacia drones comerciales modificados para lanzar cargas explosivas sobre poblaciones civiles y posiciones militares. En una región de selva densa, difícil acceso y escasa presencia estatal permanente, la detección y neutralización de estas aeronaves representa un desafío adicional para la Fuerza Pública.
Sardinata es uno de los municipios más golpeados por la confrontación que desde comienzos de año enfrenta en el Catatumbo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con disidencias de las extintas FARC, en disputa por el control de corredores de coca y rutas de tráfico hacia la frontera con Venezuela. La zona ha sido históricamente un corredor estratégico para el narcotráfico y el contrabando, condición que explica la intensidad del conflicto en el territorio.
El recrudecimiento de los combates a inicios de año desató una crisis humanitaria en la región, cuando miles de familias debieron desplazarse hacia Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander huyendo de los enfrentamientos. La situación llevó al Gobierno nacional a decretar medidas excepcionales de atención humanitaria y a reforzar el pie de fuerza militar, sin que ello haya contenido del todo la violencia entre el ELN y las disidencias.
El uso de drones cargados con explosivos no es exclusivo del Catatumbo: también se ha reportado en zonas del sur del país, como Cauca y Nariño, donde estructuras armadas han adaptado esta tecnología para atacar bases militares y poblaciones. El fenómeno se inscribe en una larga historia de adaptación tecnológica del conflicto colombiano, que ya había visto el paso de los explosivos convencionales a los artefactos improvisados durante las décadas de confrontación con las FARC antes del acuerdo de paz de 2016.
El Catatumbo arrastra crisis recurrentes desde hace décadas. En 1999, la incursión paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia en La Gabarra, corregimiento de Tibú, dejó decenas de muertos y marcó uno de los episodios más graves de la violencia en la región, que desde entonces ha concentrado desplazamientos masivos y disputas por el control territorial.
El ataque con drones contra Sardinata se produce semanas después de que la tensión en la frontera volviera al primer plano regional, en un contexto de alta presencia militar que recorre la agenda del hemisferio, como ilustra el impulso del debate de control político en el Congreso de EE. UU. sobre la política de defensa.
Los habitantes de Sardinata, como los de otros municipios del Catatumbo, aguardan a que las autoridades judiciales y militares esclarezcan la autoría y las circunstancias del ataque en San Martín de Loba, en medio de un conflicto que, según los registros difundidos este año, no ha dado tregua a la población civil de la región.