Las circunstancias de la muerte de Aza Chamorro son materia de investigación, sin que se conozca una versión oficial detallada sobre el procedimiento en el que habría perdido la vida. Indepaz, que documenta desde hace años los homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes firmantes del acuerdo de paz, incluyó el caso en su conteo más reciente, que sitúa en 135 el total de líderes asesinados en lo corrido del año en Colombia.
El Norte Resiste ha trabajado en procesos de liderazgo juvenil y comunitario en una de las subregiones del Cauca más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales y por las disputas territoriales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal. El departamento concentra, según los reportes periódicos de organizaciones de derechos humanos, una de las cifras más altas de asesinatos de líderes sociales del país desde la firma del acuerdo de paz de 2016 con las antiguas FARC.
El presunto involucramiento de la Fuerza Pública añade un elemento de especial sensibilidad al caso. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema de Justicia han llevado procesos por ejecuciones extrajudiciales —los llamados «falsos positivos»— cometidas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos atribuidos a agentes estatales en la historia reciente del país. La JEP ha imputado a decenas de militares por esos hechos.
La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas investigaciones sobre buena parte de los homicidios de líderes sociales, mientras las organizaciones del sector han denunciado de forma sistemática los bajos niveles de esclarecimiento judicial. La Procuraduría General de la Nación, encargada del control disciplinario sobre los servidores públicos, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, ejerce esa vigilancia cuando se señala a agentes del Estado.
La muerte de líderes sociales ha sido señalada reiteradamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una de las principales preocupaciones en la materia en Colombia. El Cauca combina la presencia de disidencias de las antiguas FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico, un entorno de riesgo persistente para los liderazgos sociales, indígenas y campesinos.
El caso se inscribe en una problemática que ha motivado a bancadas del Congreso de la República a solicitar debates de control político sobre la protección de líderes sociales en zonas de conflicto. La denuncia de Indepaz, difundida este martes, recuerda un patrón que mantiene a los liderazgos comunitarios del suroccidente colombiano entre los más expuestos a la violencia armada.