Según la investigación, el hombre concentró su accionar delictivo en municipios del norte, el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, subregiones de disputa histórica entre grupos armados por los corredores de narcotráfico y la minería ilegal. La Fiscalía lo relaciona con extorsiones a ganaderos y mineros, tráfico de estupefacientes, planeación de ataques terroristas y homicidios.
"Habría ejercido como cabecilla de la estructura 36 y concentrado su accionar en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño", dijo la Fiscalía en un comunicado.
El caso que soporta el cargo de secuestro simple ocurrió en zona rural de Briceño, Antioquia, entre octubre y noviembre de 2022. Dos campesinos permanecieron retenidos quince días antes de lograr escapar y denunciar.
"Entre los hechos que se le atribuyen está el secuestro de dos campesinos en zona rural de Briceño (Antioquia), entre octubre y noviembre de 2022. Las víctimas habrían permanecido 15 días retenidas, atadas de pies y manos y bajo amenazas de muerte. Finalmente, lograron escapar y denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía", detalló el ente de investigación.
El procesado habría pertenecido inicialmente a esa guerrilla bajo el mando de alias Calarcá, de donde salió para continuar delinquiendo, según la pesquisa, bajo las banderas del Clan del Golfo. Ese tránsito ilustra la permeabilidad entre estructuras armadas que persiste en el Bajo Cauca pese a los procesos de desmovilización abiertos tras el Acuerdo de Paz de 2016.
El gobierno nacional advirtió que el gobierno de Estados Unidos tendría interés en presentarlo ante una corte de ese país por el ataque con explosivos contra un helicóptero de su propiedad, ocurrido en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías fallecidos. Una eventual solicitud de extradición debe surtir en Colombia el concepto previo de la Corte Suprema de Justicia antes de que el presidente la conceda o niegue.
La judicialización se dio en medio de una seguidilla de golpes contra estructuras armadas y de hechos violentos en varias regiones, entre ellos el ataque con explosivos contra la estación de Policía de Decepaz, en el oriente de Cali, y el ataque contra un peaje en el Huila que llevó al alcalde de Neiva a convocar un consejo de seguridad.
La medida de aseguramiento intramural es cautelar y responde, según la Fiscalía, al riesgo de fuga y de continuidad delictiva que representa el imputado, quien conserva la presunción de inocencia mientras el proceso avanza. El ente investigador anticipó que en los próximos días lo vinculará por homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.