La iniciativa se enmarca en las sanciones propias del sistema de justicia transicional, que desde su creación por el Acto Legislativo 01 de 2017 contempla trabajos, obras y actividades de reparación como parte de las sanciones no privativas de la libertad impuestas a quienes reconocen responsabilidad ante la jurisdicción. Bajo ese esquema, excombatientes de las antiguas FARC y agentes del Estado comparecientes han participado en proyectos de desminado, construcción de vivienda rural y restauración ambiental en distintas regiones del país.
Rojas describió como una «cirugía» presupuestal los ajustes derivados del recorte asignado a la JEP dentro del Presupuesto General de la Nación. El tribunal, que depende de las asignaciones fiscales aprobadas por el Congreso de la República cada vigencia, ha debido redistribuir recursos para sostener sus magistraturas y salas ante la reducción de fondos disponibles, según indicó.
El Presupuesto General de la Nación se discute anualmente entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso. La asignación a entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición —que incluye a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas— ha sido objeto de debates recurrentes desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC, suscrito en el Teatro Colón de Bogotá.
Sobre la implementación del Acuerdo, Rojas se refirió tanto a avances como a retrasos. El magistrado señaló logros en materia de comparecencias y reconocimientos de responsabilidad, pero también demoras en la ejecución de las sanciones restaurativas, el componente central del modelo de justicia transicional que aún no registra su primer gran hito sancionatorio pese a casi una década de vigencia del pacto.
La JEP ha sido blanco de cuestionamientos desde sectores políticos que han pedido endurecer las condiciones de comparecencia de los antiguos combatientes. En paralelo, organizaciones de víctimas han sostenido que las sanciones restaurativas —como la eventual participación en tareas de reconstrucción— constituyen el núcleo del modelo adoptado tras el Acuerdo de 2016, y que su demora debilita la reparación prometida.
La propuesta se suma a los trabajos restaurativos ya supervisados por la jurisdicción. El precedente colombiano de penas alternativas se remonta a la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz de la desmovilización paramilitar durante el gobierno de Álvaro Uribe, que fijó penas máximas de ocho años para quienes confesaran sus crímenes; la JEP amplió ese esquema con las sanciones propias de hasta ocho años de restricción de la libertad ligadas a obras de reparación.
Vincular a los comparecientes con la reconstrucción tras un terremoto situaría de nuevo las sanciones restaurativas en el centro del debate sobre el Acuerdo, en momentos en que la entidad busca sostener su mandato pese a las restricciones fiscales que su presidente calificó de «cirugía».