"Mis odiadores dicen que los ataques se han intensificado, por supuesto, porque el gobierno anterior no se enfrentaba a la criminalidad", afirmó De La Espriella antes de lanzar la acusación directa contra la gestión que lo precedió en la Casa de Nariño. En seguida sostuvo que "hoy la fuerza pública ha golpeado a algunas de las estructuras más peligrosas del país".
El mandatario citó una lista de cabecillas capturados o dados de baja durante su administración, vinculados al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre ellos alias Bendito Menor, Negro Perea, Urías Perdomo, Marcos Pacífico, Cholo, Tigre, Max Max, Ruso y Primo Gay. Este último fue capturado como señalado del crimen del periodista Mateo Pérez.
El jefe de Estado dirigió luego una advertencia a tres de los hombres más buscados del país: Iván Mordisco, Calarcá y Chiquito Malo. Según relató, ordenó a la fuerza pública ubicarlos y capturarlos, o darlos de baja "con el respaldo de la Constitución".
"A los narcoterroristas les estamos demostrando que se les acabaron los santuarios. No importa cuánto tiempo llevan delinquiendo, no importa en qué montaña o debajo de qué piedra se esconda, no importa qué organización criminal los proteja, los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado", manifestó el presidente Abelardo De La Espriella.
El mandatario detalló que entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre se registraron 51.254 capturas por diferentes delitos, entre ellas 654 por extorsión y 184 de personas vinculadas al secuestro, además de la incautación de 6.336 armas y 389 toneladas de estupefacientes. "Estamos acabando sus finanzas y su capacidad para hacerle daño a Colombia", dijo. Precisó que ha firmado 167 extradiciones, de las cuales 91 ya se materializaron.
Celulares y armas blancas en las cárceles
El otro eje de su intervención fue la situación carcelaria. "Una cárcel no puede convertirse en una oficina desde donde un delincuente pueda seguir extorsionando", señaló el presidente, quien precisó que en los primeros cien días se realizaron más de 5.000 operativos de registro y control en centros de reclusión. De esos operativos reportó la incautación de 7.252 celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas, además de 2.568 traslados de internos entre distintos establecimientos penitenciarios.
La extradición ha sido una herramienta recurrente de la política antidrogas colombiana desde su reactivación en los años noventa contra los capos del narcotráfico, y el control de los celulares en prisión es un reclamo histórico ante el fenómeno de las extorsiones coordinadas desde las cárceles, señaladas durante años por el Inpec y la Fiscalía General de la Nación.
El reclamo de De La Espriella se produce en un contexto de hechos violentos recientes contra la fuerza pública y la institucionalidad local, como el ataque con explosivos contra la estación de Policía de Decepaz, en Cali y el asesinato en Cúcuta de un escolta de la UNP del alcalde de El Zulia.
"Tengo claro que no podemos dejar en las cárceles a los bandidos que delinquen en esas mismas regiones, tenemos que mandarlos a otras ciudades. Lo dije desde el primer día", declaró el presidente Abelardo De La Espriella.
