La ENSU, instrumento trimestral con el que el Inegi mide la percepción ciudadana sobre seguridad pública en zonas urbanas del país, arrojó un panorama con señales encontradas. Por un lado, la sensación de inseguridad —el porcentaje de población que considera insegura la ciudad donde habita— continuó la tendencia descendente observada desde finales de 2024. Por otro, la confianza en que las instituciones encargadas de combatir el delito hagan bien su trabajo se erosionó en todas las corporaciones evaluadas, sin excepción.
La Secretaría de Marina (Semar), que durante años ha mantenido el primer lugar en percepción de efectividad entre las corporaciones del país, vio caer ese indicador de 87.3% en marzo a 84.4% en junio, su nivel más bajo desde marzo de 2023. El Ejército mexicano registró una baja de 85.5% a 82.1%, y la Fuerza Aérea Mexicana pasó de 81.4% a 81.0%, un descenso más contenido pero que confirma la tendencia a la baja en las tres ramas castrenses.
La caída más pronunciada se concentró en la Guardia Nacional, cuya percepción de efectividad —el porcentaje de encuestados que la considera «algo» o «muy efectiva»— retrocedió de 77% en marzo a 72.8% en junio, una baja de 4.2 puntos porcentuales en un solo trimestre, la mayor entre todas las instituciones medidas por el Inegi. La corporación fue creada en 2019 y adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional tras la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, un proceso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a revisar por su naturaleza civil o militar.
Las corporaciones civiles de origen estatal y municipal, que históricamente registran los niveles más bajos de confianza en la ENSU, tampoco escaparon a la tendencia. Las policías estatales bajaron de 56.1% a 54.1% en la misma comparación trimestral, mientras que las policías preventivas municipales prácticamente se estancaron, con un descenso marginal de 50.8% a 50.7%, el nivel más bajo entre todas las corporaciones evaluadas.
El otro dato relevante fue el repunte en los actos de corrupción reportados por la ciudadanía. Según el Inegi, 45.6% de las personas que tuvieron contacto directo con alguna corporación de seguridad durante el primer semestre de 2026 dijo haber experimentado al menos un acto de corrupción, 0.4 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.
La cifra se mantiene por debajo de la registrada en el primer semestre de 2024, cuando el indicador llegó a 47.5%, una baja acumulada de 1.9 puntos porcentuales. Frente al primer semestre de 2023, cuando el porcentaje fue de 43.5%, el dato de 2026 implica un alza de 2.1 puntos, lo que sugiere que la corrupción percibida en el contacto ciudadano-autoridad se mueve en un rango relativamente estable, con oscilaciones de pocos puntos porcentuales de un año a otro.
El Inegi precisó que 13.6% de la población urbana de 18 años y más tuvo contacto directo con alguna autoridad de seguridad pública entre enero y junio de este año, principalmente por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas o faltas administrativas. Ese universo de interacción cotidiana es el que la encuesta utiliza para medir la incidencia de corrupción, un indicador distinto al de percepción general de las corporaciones.
En materia delictiva, la ENSU identificó a la extorsión como el delito más frecuente entre los hogares urbanos del país: 13.6% reportó haberlo padecido durante el primer semestre de 2026, una baja frente al 14.1% del segundo semestre de 2025. El fraude repuntó ligeramente en el mismo lapso, de 11.4% a 11.5% de los hogares, mientras que el robo parcial de vehículo —tercer delito más reportado— bajó de 9% a 8.3 por ciento.
Cristina Pablo Dorantes, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que la pérdida de confianza ciudadana en las corporaciones no necesariamente refleja un deterioro real en su desempeño operativo, sino que está vinculada con la manera en que la población experimenta la seguridad en su vida cotidiana. La especialista subrayó que la percepción no siempre coincide con las estadísticas oficiales de incidencia delictiva, pues intervienen factores como la experiencia personal y la cobertura mediática de ciertos delitos.
La académica apuntó también a la llamada cifra negra —los delitos que no se denuncian ante ninguna autoridad— como un elemento que distorsiona la relación entre percepción y realidad delictiva, junto con la falta de capacitación policial y la influencia de las redes sociales en la construcción de la sensación de inseguridad, factores que, según explicó, actúan de manera simultánea y dificultan aislar una sola causa detrás de la caída en la confianza institucional.
La ENSU se levanta trimestralmente desde 2013 y se ha consolidado como uno de los termómetros más seguidos por gobiernos estatales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, en un país donde la seguridad pública ha figurado de manera consistente entre las principales preocupaciones ciudadanas medidas por encuestas nacionales desde el despliegue militar contra el narcotráfico iniciado en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). La comparación de series históricas, como la que ofrece este reporte desde 2023, permite matizar lecturas coyunturales y observar tendencias de mediano plazo tanto en percepción de inseguridad como en confianza institucional.
El Inegi tiene previsto levantar la siguiente edición de la ENSU en septiembre de 2026, cuyos resultados permitirán establecer si la mejora en la percepción general de inseguridad se consolida pese al deterioro simultáneo en la confianza hacia las corporaciones, o si ambos indicadores convergen en los próximos trimestres. Hasta el momento, las autoridades federales y estatales de seguridad no se han pronunciado públicamente sobre los datos difundidos.