Aceptemos la primera premisa, que es la del ahorro. La VIII Brigada Nacional de Búsqueda arranca este domingo 15 de noviembre y concluye el viernes 27, en Acapulco, Chilpancingo y Atoyac de Álvarez. Doce días de rastreo de campo, acercamiento a escuelas e iglesias, sensibilización social, identificación de restos. Todo ello, nos informan las propias familias, financiado con recursos propios. El erario no desembolsa un peso. ¿Qué secretaría de finanzas no firmaría un programa que cumple seis ejes de política pública con presupuesto cero? Concedido: es un prodigio de austeridad.
Aceptemos la segunda premisa, que es la de la especialización. La Red de Enlaces Nacionales explica que las familias se unen, se organizan y se autogestionan. Autogestión: la palabra que todo gobierno pronuncia en los foros y ninguno paga. Los colectivos prepararon las condiciones, reconstruyen vínculos comunitarios rotos por la violencia y el desplazamiento, tocan las puertas de las comunidades escolares y religiosas. Han montado, en suma, un aparato de búsqueda que funciona. Si funciona sin el Estado, convendrá usted conmigo en que el Estado sobra para esta tarea. Es la conclusión lógica de la eficiencia.
Aceptemos la tercera premisa, la más delicada, que es la jurídica. Las familias citan la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Víctimas. Citan el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Son textos que atribuyen al Estado la obligación de investigar, localizar y garantizar justicia. Pero concedamos que una obligación no cumplida durante años deja, por desuso, de ser una obligación. Como el músculo que no se ejercita, el deber que no se practica se atrofia hasta desaparecer. Y aquí lo que ha desaparecido, además de las personas, es el deber mismo.
Seguimos el razonamiento sin objetarlo. Si las familias ponen el cuerpo, el alma y el dinero —sus palabras, no las mías—, y si lo hacen ante lo que ellas llaman la indolencia del Estado, entonces el reparto de papeles está completo y es coherente: el ciudadano busca, paga y arriesga su salud física, mental y su patrimonio; la autoridad contabiliza. Para las familias es un núcleo familiar roto; para las autoridades, nos dicen, crece la cifra. Son 135,000 casos. Una cifra que, administrada con esta distribución de tareas, tiene la ventaja de no costarle nada a quien la administra. El contador cuenta; el muerto, lo pone usted.
Octavio Paz describió al Estado mexicano como un ogro filantrópico: un poder que da con una mano lo que quita con la otra, pero que siempre, siempre, se queda en el centro de la escena repartiendo. Lo que ocurre en Guerrero perfecciona la figura: hemos llegado al ogro que ya ni siquiera finge la filantropía. No da con una mano ni con la otra. Observa. Y conviene recordar que la primera Brigada Nacional de Búsqueda fue en Veracruz, en 2016, nacida precisamente del vacío de respuesta oficial. Diez años después, el vacío no se ha llenado: se ha institucionalizado. Se ha convertido en método.
Aquí es donde el argumento oficial revienta solo, sin que haya que empujarlo. Si el Estado puede ser sustituido por los particulares en la búsqueda de desaparecidos sin que pase nada —sin consecuencia, sin reproche, sin renuncia de nadie—, entonces habremos descubierto que las leyes que las familias invocan no obligan a quien gobierna, sino a quien sufre. La Ley General de Víctimas obligaría, por esta lógica, a las víctimas. La convención internacional protegería a las personas pidiéndoles que se protejan ellas mismas. Es el mismo mecanismo del viejo dedazo priista llevado a su forma pura: antes el poder designaba quién mandaba; ahora designa quién cumple las obligaciones del poder. Y resulta que las designa a quienes menos pueden pagarlas.
Llevemos el rigor hasta el final, que es adonde conduce. Si la autogestión ciudadana es el modelo, falta nada más que el Estado le cobre a las familias el impuesto correspondiente por el servicio público que ellas prestan en su nombre. Sería lo congruente: quien asume la función debería asumir también el financiamiento del vacío. Pero no hace falta llegar tan lejos para ver el absurdo. Basta con el dato desnudo: unas familias de veinte estados se trasladan a Guerrero, pagan de su bolsillo el rastreo de los restos de sus propios muertos, y lo llaman participación ciudadana porque llamarlo por su nombre —abdicación del Estado— sonaría demasiado parecido a la verdad.
Así que la pregunta no es retórica y tiene respuesta. Las familias señalaron, en su comunicado, al gobierno de Guerrero por negar el apoyo necesario y por incumplir obligaciones que tienen nombre de ley. La brigada termina el 27 de noviembre. Cuando las familias regresen a sus veinte estados con lo que hayan encontrado, o sin ello, y hayan pagado la cuenta, ¿quién firmará el oficio explicando por qué el gobierno de Guerrero no puso un solo peso en buscar a los desaparecidos de Guerrero?