Aquella noche, un artefacto explosivo fue detonado cerca de dos vehículos de Ranucci estacionados junto a su residencia. El periodista, conocido por sus reportajes sobre corrupción y crimen organizado, salió indemne y denunció de inmediato el episodio como un acto de intimidación. Al día siguiente del ataque, en un mensaje difundido por Report, reclamó reflexionar sobre la importancia de defender la libertad de información y advirtió que, a diferencia suya, muchos periodistas locales trabajan sin el respaldo de una gran empresa de comunicación.
Los investigadores italianos consideran a Lavítola el hombre que concibió el plan del atentado, aunque no habría actuado solo. Los carabineros buscan ahora a un ciudadano camerunés identificado como Clesio Gómez Tavares, señalado como el intermediario entre Lavítola y los autores materiales de la colocación del explosivo. Se sospecha que Gómez Tavares se encuentra en algún país de África. La detención de Lavítola ha sido ampliamente reportada por medios y agencias de noticias italianos.
La pesquisa había avanzado ya en junio pasado, cuando cuatro personas fueron aprehendidas por su presunta participación en el atentado. De ellas, tres permanecen en detención preventiva y una cumple arresto domiciliario. El arresto de Lavítola apunta ahora hacia quien habría ordenado el ataque, y no solo hacia quienes lo habrían ejecutado, en una investigación que sigue abierta.
El nombre que Panamá recuerda
El nombre de Lavítola resulta familiar para la opinión pública panameña. Durante el gobierno de Martinelli, fue señalado como intermediario en la compra de equipo militar y de vigilancia al conglomerado Finmeccanica —entre ellos radares, helicópteros y un mapa cartográfico— adquiridos por el Estado panameño. Aquellas negociaciones fueron objeto de escrutinio tanto en Panamá como en Italia por presuntas irregularidades en el manejo de comisiones y sobreprecios, y formaron parte de los expedientes que involucraron a exfuncionarios de la administración 2009-2014 ante el Ministerio Público.
El marco normativo panameño exige que toda contratación pública de esa magnitud cuente con el refrendo del contralor general de la República, mecanismo de fiscalización previa que condiciona la validez de los contratos estatales. Las adquisiciones a Finmeccanica fueron tratadas en su momento por instancias judiciales locales dentro del expediente más amplio de presunta corrupción en contrataciones durante ese periodo, entre ellas las vinculadas al sector de defensa y vigilancia electrónica.
La justicia italiana avanza bajo su propio código procesal, que permite la detención preventiva de sospechosos mientras se recaban pruebas sobre la cadena de mando del atentado. Lavítola quedaría a disposición de un juez de instrucción en Roma, en un proceso que podría derivar en cargos formales por instigación al ataque con explosivos, de confirmarse las sospechas de los investigadores.
El episodio abre además un posible frente de cooperación judicial internacional: las autoridades panameñas podrían ser requeridas para aportar documentación sobre las transacciones con Finmeccanica si la fiscalía italiana amplía su indagatoria hacia el origen de los fondos o las relaciones comerciales de Lavítola en la región. Por ahora, ni el Órgano Ejecutivo ni el Ministerio Público panameño se han referido públicamente a la detención, y no consta un proceso judicial activo en el país directamente vinculado a este arresto.
El caso de las compras a Finmeccanica se inscribe en una larga sucesión de contrataciones de la administración Martinelli que terminaron ante la justicia, uno de los capítulos más examinados en la historia reciente de la fiscalización estatal panameña, donde el refrendo del contralor ha operado como filtro para las adquisiciones de gran cuantía del Estado.
La investigación en Italia continúa. Las autoridades esperan localizar a Gómez Tavares para completar el cuadro de responsabilidades y precisar la cadena que unió la orden presunta de Lavítola con la ejecución material del atentado. El desenlace del proceso en Roma dependerá de los plazos procesales italianos para la instrucción y un eventual juicio.