El mecanismo que describe el estudio no pasa por la decisión de tener el primer hijo, apenas afectada según el análisis, sino por la de ampliar la familia. La jornada continua, según sus conclusiones, reduce «de forma apreciable» los nacimientos de segundo, tercer y siguientes hijos, al elevar el coste en tiempo y en dinero que supone cuidar de los menores fuera del horario lectivo.
La explicación que ofrece el autor parte de una idea sencilla: la jornada partida, con clases también por la tarde, funcionaba de facto como una cobertura gratuita de horas de cuidado que coincidía con la jornada laboral de buena parte de padres y madres. Al comprimirse el horario escolar en una sola franja, ese respaldo desapareció y las familias tuvieron que asumir de su bolsillo o de su tiempo el cuidado de las tardes, ya fuera contratando actividades extraescolares, recurriendo a familiares o reduciendo jornada laboral.
El trabajo sitúa esta reforma en un contexto demográfico ya deteriorado. España cerró 2023 con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer, según los datos que recoge el estudio, muy por debajo del umbral de reemplazo generacional, fijado en torno a 2,1 hijos por mujer. La edad media al primer hijo, mientras tanto, ha seguido subiendo hasta superar los 32 años.
Muñiz Fernández apunta que el debate público sobre natalidad en España ha girado sobre todo alrededor de las ayudas directas a la familia —permisos parentales, cheques bebé, deducciones fiscales—, mientras que otras políticas con efectos indirectos sobre la decisión de tener hijos, como la organización de los horarios escolares, han recibido mucha menos atención.
El paso de la jornada partida a la continua se extendió por buena parte de las comunidades autónomas a lo largo de las últimas dos décadas, impulsado en muchos casos por reivindicaciones del profesorado y presentado como una mejora en la conciliación docente. La conversión, gestionada de forma autonómica y en algunos casos centro por centro, no había sido objeto hasta ahora de una evaluación sistemática de su impacto sobre las familias con hijos en edad escolar.
La preocupación por la caída de la natalidad no es nueva en la política española: en 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy creó la figura del comisionado para el Reto Demográfico, y desde entonces distintas administraciones han ensayado deducciones y permisos sin revertir la tendencia. El estudio de Oviedo se suma a un cuerpo de investigación económica que trata de aislar el peso de decisiones administrativas aparentemente ajenas a la política familiar —horarios escolares, oferta de plazas de guardería, calendario laboral— sobre la fecundidad, en un país que ya figura entre los que registran más mujeres sin intención de tener hijos.
