El caso, que mantiene en vilo a Bolivia desde la semana pasada, ha trascendido fronteras por la magnitud de la red de contactos políticos que Cerimedo tejió en los últimos años en la región. Medios internacionales como la BBC, The Guardian y Al Jazeera han dado seguimiento al arresto, en un episodio que combina una investigación criminal en La Paz con ramificaciones que llegan hasta operaciones de comunicación electoral en Argentina, Brasil y también en Panamá.
El vínculo panameño más visible es la agenda de enero pasado. Cerimedo estuvo a cargo de la coordinación del itinerario del presidente Paz durante su participación en el Foro Económico Internacional de la CAF, celebrado en la capital panameña, un evento que reunió a autoridades económicas y financieras de la región. Dos meses después, en marzo, el asesor argentino formó parte de la comitiva boliviana en el encuentro con Trump en el marco de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, en la que también estuvo presente Mulino.
Cerimedo, de nacionalidad argentina y residente en La Paz, ha construido una carrera como estratega de campañas digitales vinculado a candidaturas de la derecha radical latinoamericana. Su nombre aparece asociado a la campaña que llevó a la presidencia de Argentina a Javier Milei en 2023, en la que se encargó de comunicación y estrategia electoral, y también a la del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
En Brasil, la exposición de Cerimedo es de mayor calado judicial. Es investigado, en calidad de acusado, por la Policía Federal brasileña, que lo señala como parte de la trama que derivó en el intento de asonada de enero de 2023 contra las instituciones del país tras la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En ese mismo proceso, Bolsonaro fue investigado y posteriormente condenado a una pena cercana a los 30 años de prisión.
El nombre del asesor argentino aparece mencionado al menos 66 veces en un informe de 884 páginas elaborado por la Policía Federal brasileña, que lo responsabiliza de haber difundido información falsa sobre el proceso electoral de 2022, un flujo de desinformación que, según esa investigación, alimentó la desconfianza de cientos de miles de electores respecto a la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en los comicios de ese año.
La propia trayectoria de Cerimedo incluye declaraciones públicas sobre sus métodos. En la campaña de Milei, según reportó BBC News, admitió disponer de miles de perfiles automatizados —conocidos como trolls— para influir en la relevancia de determinados temas en redes sociales, aunque negó que la desinformación fuera su especialidad. «Hacemos campañas negativas», dijo al diario argentino La Nación durante aquella campaña, y explicó que ello consistía en divulgar de forma incisiva información perjudicial sobre candidatos rivales.
El memorándum con un lobista ligado a la fuga de los hijos de Martinelli
El expediente boliviano ha destapado, además, un vínculo indirecto con Panamá a través de otro consultor político: Damian Merlo, un lobista con oficinas en Washington cuya firma, Latin America Advisory Group (LAAG), suscribió en septiembre de 2023 un memorándum de entendimiento con la empresa de Cerimedo, Numen Advisors, para asociar sus operaciones de asesoría política en la región. Merlo es, según el material, uno de los presuntos arquitectos de la fuga de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli desde Estados Unidos en 2020, cuando eran objeto de una investigación del FBI.
En aquella ocasión, un vuelo privado con los hijos del exmandatario panameño intentó aterrizar en Panamá, pero las autoridades locales negaron el permiso en medio de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de covid-19, lo que frustró la operación. El episodio de 2020 se recuerda en el país como uno de los casos más señalados de participación de operadores extranjeros vinculados a expresidentes en asuntos judiciales locales, y ha vuelto a mencionarse a raíz de la reaparición del nombre de Merlo en el expediente boliviano.
La injerencia de asesores foráneos en la política panameña no es nueva. En 2016, la firma brasileña Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos el pago de coimas a funcionarios panameños durante los gobiernos previos, un caso que involucró a operadores y consultores extranjeros y que sigue teniendo ramificaciones judiciales en el país, lo que ofrece el antecedente más citado de redes transnacionales con capacidad de influir en decisiones y procesos internos.
Ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Relaciones Exteriores se han pronunciado hasta el momento sobre el papel que pudo tener Cerimedo, u otros operadores de su red, en actividades de cabildeo dentro del país. Tampoco existe constancia pública de que las autoridades panameñas hayan abierto una indagatoria relacionada con este caso.
El Ministerio Público boliviano continúa con la investigación del intento de feminicidio contra Beller, causa penal central del caso, mientras las autoridades brasileñas mantienen abierto el proceso relacionado con la asonada de enero de 2023, en el que Cerimedo figura como investigado sin que conste, hasta la fecha, una imputación formal en su contra fuera de Bolivia. El desenlace de ambas investigaciones marcará si el nombre del operador vuelve a cruzarse con Panamá por la vía judicial o queda circunscrito a los contactos ya documentados.