El diputado ha optado por mantener en público las críticas que semanas atrás había difundido en redes sociales, pese a la posibilidad de que su partido le abra un expediente. León ha declarado que no se retractará y que, si la dirección socialista decide sancionarle o incluso expulsarle, asumirá las consecuencias de su posición. También ha negado de forma expresa haber recibido presiones desde la dirección del PSOE o desde la propia Delegación del Gobierno para moderar su discurso.
La discrepancia central que plantea León tiene que ver con las cifras oficiales de personas migrantes que permanecen en la ciudad. Según su versión, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, pasó de manejar una estimación inicial de 2.000 personas a situar la cifra en unas 5.000 diez días después. El diputado sostiene que el número real rondaría actualmente las 10.000, una estimación que atribuye a los cálculos manejados por Cruz Roja sobre el terreno, muy por encima de los datos difundidos por el Gobierno.
Un antecedente en la crisis de 2021
La disparidad entre las cifras gubernamentales y las de las organizaciones humanitarias no es un fenómeno nuevo en Ceuta. En mayo de 2021, cuando en apenas dos días cruzaron la frontera con Marruecos varios miles de personas —el Ejecutivo cifró entonces en más de 8.000 las entradas en ese episodio—, se produjeron discrepancias similares entre los recuentos oficiales y los de las entidades sociales desplegadas en la ciudad. Aquella crisis coincidió con un momento de tensión diplomática con Rabat, después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder del Frente Polisario.
León ha reprochado además al Gobierno y a la Delegación un silencio que califica de prolongado: asegura que las solicitudes de información cursadas desde instituciones ceutíes llevan sin respuesta 16 días. Esa falta de explicaciones, sostiene, impide a los responsables locales y a la ciudadanía conocer el horizonte temporal de la crisis y cuándo podría recuperarse la actividad normal en calles, comercios y espacios públicos.
El diputado ha trasladado también su malestar con la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho sentir «indignación y tristeza» por haber dedicado tiempo público, a su juicio, a recomendaciones culturales mientras los vecinos de Ceuta ven limitada su vida cotidiana. La Moncloa no ha respondido públicamente a esta crítica.
El impacto económico es otro de los ejes de la denuncia. Según los cálculos trasladados por la Cámara de Comercio de Ceuta y la Confederación de Empresarios, las pérdidas ligadas a la situación superarían los 28 millones de euros, una cifra que afectaría fundamentalmente al comercio, la hostelería y el tránsito de mercancías y personas con Marruecos. «Alguien tiene que asumir la responsabilidad», ha declarado León, que sitúa al delegado del Gobierno como principal responsable político al ser la máxima autoridad del Ejecutivo central en el territorio.
La figura del delegado del Gobierno en las ciudades autónomas, regulada por la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, actúa como representante ordinario del Gobierno de España y coordina los servicios estatales, entre ellos los relativos al control de fronteras y a la política migratoria. Hasta el momento, ni la Delegación del Gobierno en Ceuta ni la Secretaría de Estado de Migraciones han facilitado una cifra oficial actualizada que contraste con la estimación de 10.000 personas que maneja el diputado.
León ha responsabilizado también a Marruecos de la entrada masiva de personas, si bien ha matizado que España no puede depender de la voluntad de un tercer país para garantizar el control de sus propias fronteras. A su juicio, un movimiento de la magnitud que describe no podría producirse sin la connivencia de las autoridades marroquíes. Rabat no ha efectuado declaraciones sobre estas acusaciones.
Ceuta ha sido escenario recurrente de episodios de presión migratoria desde los años noventa, dada su condición de una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, junto con Melilla. La valla fronteriza, reforzada en sucesivas ocasiones desde su primera construcción, ha sido objeto de críticas tanto de organizaciones de derechos humanos, por las condiciones de las personas migrantes, como de asociaciones vecinales por la presión sobre los servicios públicos locales.
El diputado ha defendido que su posición no obedece a un cálculo político, sino a lo que considera una cuestión humanitaria que afecta tanto a los ceutíes como a las personas migrantes varadas en la ciudad. Ha reclamado, en ese sentido, que se agilicen los procedimientos de asilo, actualmente regulados por la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, cuyos plazos de resolución han sido objeto de críticas reiteradas por su lentitud en situaciones de llegadas masivas.
La crisis se enmarca en un contexto más amplio de presión en la frontera sur, un asunto que en los últimos años ha llevado al Gobierno a reforzar la cooperación bilateral con Marruecos en el control de flujos migratorios hacia las Islas Canarias y el Estrecho de Gibraltar. Cualquier evolución de las cifras oficiales, así como una eventual respuesta orgánica del PSOE a las críticas de su propio diputado, marcarán los próximos días de una situación que, según los términos empleados por León, atraviesa «el peor momento de las últimas décadas» en la ciudad autónoma.
