Los 666 casos mencionados corresponderían, según lo que planteó Gutiérrez, a contratos, convenios y operaciones financieras ejecutadas durante la administración de Daniel Quintero al frente de la alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023. El alcalde actual enmarcó la denuncia en la disputa pública que mantiene con su antecesor sobre el estado en que recibió las finanzas y los contratos municipales.
Entre las entidades señaladas figura Afinia, prestadora del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe, cuya composición accionaria incluye al Grupo EPM, del cual Medellín es el principal accionista. También aparecerían comprometidos el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y Buen Comienzo, el programa de atención a la primera infancia que ha sido bandera de sucesivas administraciones municipales y que maneja recursos destinados a población infantil vulnerable.
De confirmarse el monto expuesto por Gutiérrez —cercano a un billón de pesos, esto es, un millón de millones—, la cifra situaría el caso entre los presuntos desfalcos más cuantiosos señalados contra una administración local en la historia reciente del país. La cifra exacta de ejecución presupuestal del período en cuestión no ha sido precisada por las autoridades, por lo que el alcance del presunto detrimento permanece por establecer.
Tres instancias de control y una eventual extradición
La posibilidad de extradiciones a EE. UU. remitiría a la Fiscalía General de la Nación, entidad competente para adelantar las investigaciones penales y, en caso de hallar mérito, tramitar ante la justicia estadounidense las solicitudes de cooperación judicial internacional, mecanismo que Colombia ha empleado históricamente en casos de narcotráfico y, en menor medida, en escándalos de corrupción con presunto lavado de activos.
El procedimiento aplicable a un caso de esta magnitud contempla la actuación coordinada de tres instancias independientes: la Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación penal; la Procuraduría General de la Nación, que evalúa la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios; y la Contraloría General de la República, competente para determinar eventuales detrimentos patrimoniales al erario. Cada una actúa bajo procedimientos propios, lo que suele extender por varios años el esclarecimiento de expedientes de esta envergadura.
En el sistema penal acusatorio colombiano, el avance de las pesquisas dependería de que la Fiscalía asigne fiscales especializados y de la eventual apertura de audiencias ante los jueces de control de garantías, instancia que debe autorizar medidas como imputaciones formales de cargos o solicitudes de medida de aseguramiento contra los investigados.
El exmandatario ha enfrentado en el pasado investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación, que en 2023 lo suspendió temporalmente del cargo por presuntas irregularidades en la contratación pública, decisión que generó una fuerte controversia jurídica y política.
Miguel Quintero, hermano del exalcalde, también habría sido señalado en el marco de esta denuncia, aunque el material disponible no detalla con precisión su rol presunto ni las entidades específicas con las que estaría relacionado. Ninguno de los dos ha entregado hasta ahora una versión pública detallada sobre los señalamientos que se les atribuyen.
El antecedente del carrusel de la contratación
El precedente más citado en Colombia para un caso de esta naturaleza es el denominado carrusel de la contratación en Bogotá, que en 2011 llevó a la destitución del entonces alcalde Samuel Moreno por parte de la Procuraduría y a posteriores condenas judiciales. Ese proceso fijó un marco de referencia sobre cómo los organismos de control abordan presuntas redes de corrupción heredadas de administraciones salientes, con actuaciones penales, disciplinarias y fiscales en paralelo.
Gutiérrez asumió la alcaldía de Medellín en 2024 tras derrotar en las urnas al candidato respaldado por el sector político de Quintero. Desde entonces, ambos sectores sostienen una confrontación recurrente sobre la gestión municipal, y esta denuncia se inscribe en ese contexto de tensión, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento judicial que confirme la totalidad de los señalamientos.
De prosperar judicialmente, el caso tendría eventuales implicaciones para las aspiraciones políticas de Daniel Quintero, mencionado en distintos círculos como posible aspirante a cargos de elección popular de alcance nacional. El desenlace dependerá de los tiempos que impongan la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, cuyas actuaciones aún no han derivado en imputaciones formales conocidas públicamente.
