Los técnicos de la Cámara Baja tardaron varios minutos en restablecer el suministro, mientras diversos diputados reaccionaban con comentarios y risas ante una situación que generó visible incomodidad. Robles se ofreció a proseguir su intervención pese a la oscuridad: «A mí no me importa cómo se vea, mientras se oiga», dijo la ministra ante la comisión.
El incidente interrumpió momentáneamente una sesión convocada para que la titular de Defensa respondiera por la actuación de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia durante los sucesos de finales de julio en la ciudad autónoma, cuando, según la cifra manejada en la comparecencia, unas 80.000 personas entraron de forma irregular en territorio español desde Marruecos.
El episodio guarda paralelismo con la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera en aproximadamente 48 horas en un contexto de tensión diplomática entre Madrid y Rabat, según los datos difundidos entonces por el Ministerio del Interior. Aquella entrada masiva marcó un antes y un después en la gestión de la frontera sur y en la relación bilateral con Marruecos.
En el fondo del asunto, Robles defendió el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), al asegurar que ambos organismos cumplieron con las funciones que les son exigibles y que la información generada se puso a disposición de las autoridades competentes. «El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dio la información requerida», sostuvo.
La ministra detalló que el CNI «monitoriza la situación con 25 agentes desde múltiples perspectivas», entre ellas las redes de tráfico de personas, el auge del terrorismo yihadista y la inmigración irregular. Robles subrayó que esa información se compartió con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Esa versión entra en aparente contraste con la ofrecida por el propio Grande-Marlaska, quien tras la entrada masiva de julio afirmó que nadie le había advertido de una llegada de esas dimensiones. La divergencia entre ambos departamentos sobre la cadena de alerta previa se ha convertido en uno de los focos del control parlamentario sobre la crisis.
EH Bildu, a través de su portavoz Jon Iñarritu, ha mantenido una posición crítica con la gestión gubernamental. Su reacción al apagón aludió en tono jocoso a un posible episodio de guerra híbrida, término que en el ámbito de la seguridad internacional designa acciones de desestabilización que combinan medios convencionales y no convencionales, sin que existan indicios de que el corte de luz respondiera a esa naturaleza.
La comparecencia se rige por el Reglamento del Congreso, que faculta a las comisiones a requerir la presencia de miembros del Gobierno para informar sobre asuntos de su competencia, un mecanismo de control amparado por el artículo 110 de la Constitución de 1978. La Comisión de Defensa reúne a representantes de todos los grupos y ha sido escenario habitual de este tipo de rendición de cuentas desde el restablecimiento de la democracia.
La crisis del 30 de julio ha reabierto el debate sobre la cooperación migratoria entre España y Marruecos, socio considerado clave por Bruselas en el control de los flujos hacia la Unión Europea, en el marco de los acuerdos bilaterales que las autoridades de ambos países reactivaron tras la crisis diplomática de 2021.
De cara a las próximas semanas se prevén nuevas citas parlamentarias, incluida la eventual comparecencia de Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior, para esclarecer la coordinación informativa entre el CNI, el CIFAS y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los protocolos de alerta temprana ante movimientos masivos de población en la frontera con Marruecos.
