La carta la firman las confederaciones que agrupan a Europa, Asia y la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Según el propio texto, el detonante fue una propuesta impulsada por la FIFA para vender una participación económica vinculada a la Copa Mundial, iniciativa que, denuncian los firmantes, se tramitó «con plazos ajustados, sin una consulta significativa» y «presionada hasta la fecha límite» antes de que las federaciones pudieran revisar sus términos. Para las tres confederaciones, eso «no es producto de un descuido, sino de una estrategia para limitar el escrutinio».
«El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución», arranca el comunicado, que insiste en que el crecimiento del fútbol internacional en la última década «nunca fue obra de una sola persona», sino fruto del trabajo conjunto de la FIFA, las confederaciones y las asociaciones miembro. Los firmantes citan expresamente la ampliación de competiciones y la adjudicación de los Mundiales de 2030 y 2034 como decisiones colectivas que, subrayan, «se adoptaron de común acuerdo y deben mantenerse».
Ese matiz descarta cualquier lectura de que las confederaciones busquen reabrir acuerdos ya cerrados sobre sedes o formatos. El texto precisa que la disputa «no se trata de dinero» —de hecho, afirman haber solicitado «una distribución responsable de las enormes reservas actuales de la FIFA» para reforzar el desarrollo de las federaciones— ni de replantear decisiones colectivas, sino de algo «más fundamental»: «la integridad del deporte y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo». Los firmantes reprochan además a la FIFA haber intentado «sembrar el miedo» entre sus miembros sugiriendo que perderían apoyos.
El punto central de la carta es la exigencia de que el examen de lo ocurrido no quede en manos de la propia FIFA. Las tres confederaciones sostienen que el organismo se ha comprometido a presentar un informe ante su Consejo, pero consideran que una gobernanza adecuada requeriría que esa revisión «la realizara un tercero totalmente independiente, no la propia FIFA, su personal ni ningún actor del fútbol». Rechazan igualmente que lo sucedido sea un mero «fallo de comunicación», como habría planteado la FIFA: para ellas fue «un fallo de criterio» y «una ruptura fundamental de la confianza con las instituciones a las que la FIFA sirve».
El comunicado emplea un lenguaje directo poco habitual entre organismos que comparten estructura. «Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió autoridad, ese deber se ha abandonado», señala el texto, en alusión a la gestión de Infantino, a quien no cita por su nombre en ese pasaje. Y remata que el liderazgo en el fútbol «no es una posesión» ni consiste en «acaparar —ni exigir— poder», sino en «un deber de servicio a la familia del fútbol».
El marco institucional de la FIFA
La FIFA, fundada en 1904 y con sede en Zúrich, funciona como una asociación regida por el derecho suizo cuyo máximo órgano es el Congreso, integrado por las 211 federaciones miembro, mientras que el Consejo —con representación de las seis confederaciones continentales— supervisa la gestión ejecutiva. Infantino ocupa la presidencia desde 2016, tras la salida de Joseph Blatter en medio de la mayor crisis de corrupción de la historia del organismo, que derivó en decenas de imputaciones en Estados Unidos y Suiza y obligó a reformar los estatutos, introduciendo límites de mandato y reforzando el Comité de Ética y el Comité de Auditoría y Cumplimiento, hoy vigentes al menos formalmente.
Aquella crisis de 2015, que precipitó la dimisión de Blatter bajo la presión combinada de patrocinadores, la justicia estadounidense y federaciones europeas, constituye el precedente más cercano de una confrontación de este calibre entre las confederaciones y la presidencia de la FIFA. La diferencia sustancial es que, por ahora, la disputa actual no ha derivado en ninguna denuncia formal ante los órganos internos ni ante la justicia suiza, ni consta investigación penal abierta contra Infantino o su entorno vinculada a este asunto.
Las tres confederaciones firmantes agrupan a más de 150 de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA, lo que otorga a la carta un peso político considerable. La ausencia entre los firmantes de las confederaciones de África (CAF), Sudamérica (Conmebol) y Oceanía (OFC) deja abierta la incógnita de si el frente crítico se ampliará o si Infantino conserva respaldo suficiente en esos bloques para sostener su posición en el Consejo.
Hasta este lunes, la FIFA no había respondido públicamente al contenido específico de la carta conjunta, más allá de la comunicación previa a las federaciones en la que habría reconocido errores de comunicación en el proceso cuestionado. Tampoco ha trascendido una reacción directa de Infantino a las acusaciones de haber actuado «por encima del colectivo» que le confió autoridad.
El desenlace dependerá en buena medida del próximo Consejo de la FIFA, órgano en el que deberá presentarse el informe que la propia organización se ha comprometido a elaborar. Si las tres confederaciones mantienen su exigencia de una auditoría externa e independiente y suman apoyos de otras regiones, la presión sobre Infantino podría escalar al terreno estatutario; si la FIFA logra contener la crisis con su propio informe interno, el conflicto podría quedar, de momento, en el plano de la confrontación pública sin consecuencias institucionales inmediatas.
