La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha comenzado a sondear la disposición de los veintisiete Estados miembros para imponer sanciones a Israel, una medida hasta ahora bloqueada sistemáticamente por Hungría. La apertura se produce tras el debilitamiento de la posición del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el tablero europeo. Sin embargo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha respondido con una amenaza explícita: si la UE avanza contra Israel, Bratislava bloqueará el decimoquinto paquete de sanciones contra Rusia. Simultáneamente, más de sesenta organizaciones no gubernamentales exigen la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, mientras eurodiputados reclaman la exclusión del país del Festival de Eurovisión.
Por qué el veto húngaro marcaba el límite
El sistema de toma de decisiones de la UE en materia de política exterior exige unanimidad de los veintisiete, lo que otorga a cualquier Estado miembro capacidad de bloqueo individual. Hungría ejerció ese derecho de forma reiterada para impedir cualquier medida sancionadora contra Israel, convirtiendo el consenso en una imposibilidad práctica. La pérdida de influencia de Orbán —cuyo aislamiento en las instituciones comunitarias se ha acentuado en los últimos meses— ha reabierto un debate que Bruselas consideraba políticamente congelado.
El nuevo veto y la geometría del chantaje cruzado
La amenaza de Fico introduce una nueva variable en una negociación que ya era de por sí compleja. El decimoquinto paquete de sanciones contra Rusia, diseñado para cerrar vías de elusión de las restricciones anteriores, requiere también unanimidad. Eslovaquia, cuyo gobierno mantiene posiciones cercanas a Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania, convierte así las sanciones a Israel en moneda de cambio para preservar su relación con Rusia. El mecanismo ilustra una dinámica recurrente en la política exterior de la UE: los Estados con posiciones minoritarias utilizan el derecho de veto como palanca de negociación en expedientes aparentemente inconexos.
La presión de la sociedad civil y el frente parlamentario
Más de sesenta organizaciones no gubernamentales han elevado la presión sobre las instituciones comunitarias exigiendo la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, el marco jurídico que regula las relaciones comerciales y de cooperación entre ambas partes. Dicho acuerdo incluye una cláusula de respeto a los derechos humanos cuya activación ha sido históricamente eludida por razones políticas. En paralelo, un grupo de eurodiputados ha reclamado la exclusión de Israel del Festival de Eurovisión, organizado por la Unión Europea de Radiodifusión —institución independiente de la UE política—, reproduciendo el debate que en su día afectó a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.
Kallas y el margen diplomático real
Kallas ha optado por el sondeo discreto antes que por una propuesta formal, una táctica que refleja la incertidumbre sobre si existe masa crítica suficiente entre los Veintisiete para sostener una decisión de esta naturaleza. Históricamente, la UE ha aplicado sanciones a terceros países en casos de violaciones graves del derecho internacional, pero nunca a Israel, socio estratégico con acuerdo de asociación vigente y relaciones comerciales significativas con varios Estados miembros. Un giro en esa dirección constituiría un precedente sin parangón en la política exterior europea hacia Oriente Próximo.
Antecedentes: el modelo de las sanciones a Rusia
Los catorce paquetes de sanciones aprobados contra Rusia desde febrero de 2022 han demostrado que la unanimidad es alcanzable incluso en expedientes políticamente sensibles, pero también que cada ronda negociadora exige concesiones a los Estados más reticentes. La amenaza de Fico de vincular el decimoquinto paquete antirruso a la cuestión israelí añade una capa de complejidad que podría ralentizar ambos procesos o forzar a la Comisión a desacoplarlos mediante fórmulas jurídicas alternativas.
Posiciones en conflicto y ausencia de consenso
Por el momento, no hay una posición común de los Veintisiete. Kallas sondea, las ONG presionan, Fico amenaza y el Parlamento Europeo eleva el tono sin capacidad de decisión vinculante en materia de política exterior —competencia que recae en el Consejo—. Israel, destinatario de las posibles medidas, no ha sido recogido en el material disponible con una reacción oficial ante este proceso. La UE tampoco ha fijado plazos ni convocado ningún Consejo de Asuntos Exteriores específico sobre la cuestión, según los datos manejados.
Qué puede ocurrir a continuación
El resultado dependerá de la capacidad de Kallas para construir una mayoría que neutralice los vetos cruzados de Fico y de eventuales aliados que este pueda sumar. Si el bloqueo eslovaco prospera, el decimoquinto paquete contra Rusia podría quedar atascado junto con cualquier iniciativa sobre Israel, lo que beneficiaría a Moscú sin coste político directo para Bratislava. Si Bruselas logra desactivar la amenaza, la UE se enfrentará al reto inédito de diseñar un régimen sancionador contra un socio asociado, con implicaciones jurídicas y diplomáticas que ninguna institución comunitaria ha tenido que gestionar hasta ahora.
