El acuerdo de Turnberry, cerrado en julio de 2025 en la localidad escocesa que da nombre al pacto, estableció un techo arancelario del 15% para la gran mayoría de productos europeos exportados a Estados Unidos, incluidos automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera. A cambio, la UE se comprometió a eliminar la mayor parte de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses. El pacto fue celebrado en su momento como una desescalada tras meses de tensión, pero su implementación se ha topado con la lentitud del proceso legislativo europeo y con las resistencias de varios Estados miembros.
La Casa Blanca anunció el pasado 1 de mayo que incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones europeos, argumentando que Bruselas «no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado». La medida supuso un salto del 15% al 25% que pilló por sorpresa a las cancillerías europeas y provocó una cascada de llamadas telefónicas entre capitales. Ahora, Trump extiende el ultimátum al conjunto del acuerdo: o Turnberry se implementa en su totalidad antes de la festividad del 4 de julio, o se abre una guerra arancelaria en toda regla.
Von der Leyen ha respondido con una declaración en la que califica la conversación con Trump de «excelente» y asegura que «la UE está comprometida con Turnberry y trabajará con determinación para implementar cada capítulo del acuerdo en los plazos acordados».
El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, viajará a Washington el próximo martes para negociar los detalles de implementación con su homóloga estadounidense. En la agenda figuran los calendarios de reducción arancelaria sector por sector, las cláusulas de origen que determinan qué productos se benefician del acuerdo y las disposiciones sobre compras públicas, un capítulo que genera especial fricción porque afecta a los contratos de defensa europeos con empresas estadounidenses.
El Parlamento Europeo ha anunciado que preparará una resolución de salvaguarda para su sesión plenaria del 19 de mayo, un texto no vinculante pero políticamente relevante que fijará las líneas rojas de la Eurocámara en la negociación. Los grupos parlamentarios socialista, popular y liberal están trabajando en un borrador conjunto que incluirá la exigencia de que cualquier acuerdo preserve los estándares medioambientales y laborales europeos, una condición que Washington considera un obstáculo encubierto al libre comercio.
Las consecuencias para la industria automovilística europea son potencialmente devastadoras. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles cifra en 120.000 los empleos directos en riesgo si los aranceles del 25% se mantienen durante más de seis meses. España, cuarto productor de automóviles de la UE, se vería especialmente afectada. SEAT ha confirmado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en su planta de Martorell que afectará a 3.400 trabajadores a partir del 2 de junio, una medida que el sindicato UGT ha vinculado directamente con la incertidumbre arancelaria.
El sector del automóvil español exportó vehículos por valor de 8.200 millones de euros a Estados Unidos en 2025, lo que convierte al mercado americano en el tercer destino exterior tras Francia y Alemania. Un arancel del 25% encarecería cada vehículo fabricado en España en una media de 4.500 euros, un incremento que los analistas consideran suficiente para redirigir la demanda hacia modelos fabricados en plantas estadounidenses o mexicanas amparadas por el USMCA.
La crisis arancelaria tiene además una dimensión geopolítica que conecta con la tensión entre Washington y varias capitales europeas por el conflicto en Oriente Próximo y la actitud de algunos gobiernos europeos hacia Irán. Fuentes diplomáticas apuntan a que Trump utiliza los aranceles como palanca de presión para obtener compromisos europeos en otros ámbitos, una estrategia que genera profundo malestar en Bruselas pero que, por el momento, no ha sido confrontada con la batería de contramedidas de 95.000 millones de euros que la Comisión tiene preparadas.
