La sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, emitida el jueves 22 de mayo por un panel de tres jueces presidido por la magistrada Claire Kelly, constituye la primera invalidación judicial de un arancel impuesto por la administración Trump y establece un precedente que podría desmontar pieza a pieza el edificio proteccionista construido desde enero de 2025. El tribunal dictaminó que el arancel global del 10% impuesto en abril de 2025 sobre todas las importaciones a Estados Unidos excede las competencias que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) otorga al presidente en materia comercial, porque la IEEPA fue diseñada para responder a amenazas específicas de seguridad nacional y no para establecer una política arancelaria generalizada que afecta a todos los socios comerciales de forma indiscriminada. La sentencia, de 87 páginas, argumenta que el déficit comercial bilateral que Trump invocó como justificación del arancel no constituye una emergencia nacional en el sentido jurídico del término, y que la interpretación expansiva que la administración hace de la IEEPA convertiría al presidente en legislador comercial unilateral, una concentración de poder que los redactores de la Constitución buscaron explícitamente evitar.
La reacción de la Casa Blanca a la sentencia ha sido previsiblemente combativa. El asesor comercial Peter Navarro declaró el viernes que la administración apelará de inmediato ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y, si es necesario, llevará el caso hasta el Tribunal Supremo, donde la composición ideológica de la mayoría conservadora ofrece a la administración perspectivas más favorables. Navarro añadió que la sentencia no tiene efecto suspensivo inmediato sobre los aranceles vigentes y que ningún importador debe esperar una reducción a corto plazo, una afirmación jurídicamente correcta pero que ignora el efecto que la incertidumbre judicial tiene sobre las decisiones de inversión de las empresas europeas que operan en el mercado americano. Mientras tanto, Trump ha mantenido intacto su ultimátum del 4 de julio a la UE, un plazo que ahora adquiere una dimensión surrealista: el presidente amenaza con subir a un 25% un arancel cuya base del 10% un tribunal de su propio país acaba de declarar ilegal.
En Bruselas, la sentencia del tribunal americano ha generado una fractura institucional entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que refleja las dos filosofías que compiten dentro de la UE sobre cómo gestionar la relación con la administración Trump. La Comisión, representada por el comisario de Comercio Maros Sefcovic, ha adoptado una posición que combina el alivio diplomático con la cautela estratégica: Sefcovic declaró que la sentencia demuestra que el sistema judicial americano funciona como contrapeso del ejecutivo y que Bruselas debe aprovechar esta ventana de vulnerabilidad jurídica de Trump para acelerar las negociaciones sobre Turnberry desde una posición de fuerza reforzada. El Parlamento Europeo, por su parte, ha emitido una resolución no vinculante aprobada por 412 votos a favor y 178 en contra en la que exige a la Comisión que prepare un paquete de represalias inmediatas que incluya aranceles sobre productos agrícolas americanos, restricciones a la importación de gas natural licuado y la activación del mecanismo de bloqueo europeo contra las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos.
La discrepancia entre Comisión y Parlamento no es nueva pero en este caso tiene consecuencias operativas concretas porque afecta a los plazos de negociación del acuerdo de Turnberry. El acuerdo, negociado entre Sefcovic y la representante comercial estadounidense Katherine Greer en la localidad escocesa de Turnberry en marzo de 2026, establece un marco para la reducción gradual de los aranceles mutuos a cambio de concesiones europeas en agricultura, energía y regulación digital. Sin embargo, el texto del acuerdo incluye cláusulas de salvaguarda que el Parlamento Europeo considera insuficientes para proteger a la industria europea en caso de que Trump vuelva a subir los aranceles unilateralmente, y la última ronda de negociación entre Sefcovic y Greer, celebrada el miércoles 20 en Ginebra, fracasó precisamente porque la delegación europea insistió en reforzar las salvaguardas y la americana se negó a aceptar ninguna limitación a la discrecionalidad del presidente en materia arancelaria.
El impacto sobre la industria automovilística europea es ya tangible y se mide en ERTEs, cierres de turnos y revisiones a la baja de las previsiones de producción. SEAT, la marca española del grupo Volkswagen, ha confirmado esta semana un ERTE para 3.400 trabajadores de su planta de Martorell a partir del 2 de junio, alegando la caída del 18% en los pedidos del mercado americano donde la compañía exporta el modelo Cupra Born a través de la filial VW de América. El ERTE, que tendrá una duración inicial de tres meses con posibilidad de prórroga, se suma a los ya anunciados por Renault en Valladolid (1.200 trabajadores), Stellantis en Vigo (800) y Mercedes-Benz en Vitoria (600), configurando un panorama de contracción industrial que los sindicatos cifran en más de 15.000 empleos afectados en España y que la patronal ANFAC estima en 120.000 en el conjunto de la UE. La industria del automóvil, que representa el 10% del PIB industrial de la UE y emplea directa e indirectamente a 13,8 millones de personas, se ha convertido en el rehén económico de una guerra comercial cuya resolución depende de variables políticas —la voluntad de Trump, la cohesión europea, el calendario judicial americano— que escapan por completo al control de los fabricantes.
Para España, la confluencia del ultimátum de Trump con el fallo judicial crea un escenario de doble incertidumbre que afecta especialmente al sector exterior. España exportó en 2025 bienes por valor de 12.400 millones de euros a Estados Unidos, de los cuales 3.800 millones correspondieron a automóviles y componentes, 2.100 millones a productos agroalimentarios (aceite de oliva, vino, cítricos) y 1.900 millones a productos farmacéuticos. Si Trump cumple su amenaza del 25% sobre automóviles, el impacto directo sobre las exportaciones españolas se estima en una caída de entre 1.200 y 1.800 millones de euros anuales, según los cálculos de la Secretaría de Estado de Comercio. Pero si el tribunal federal confirma la ilegalidad del arancel base del 10% y la administración se ve obligada a retirarlo durante el proceso de apelación, el escenario se invierte radicalmente y las exportaciones españolas a EEUU podrían recuperar los niveles de 2024 en cuestión de meses. Esa bifurcación radical entre dos futuros posibles es la que paraliza las decisiones de inversión de las empresas y la que convierte al sector exportador español en un péndulo suspendido entre la esperanza y el pánico.
La sesión extraordinaria del Parlamento Europeo prevista para el 19 de mayo, en la que se debatirá la respuesta de la UE al ultimátum de Trump, se perfila como el momento de la verdad para la cohesión europea en materia comercial. Los grupos parlamentarios están divididos a lo largo de líneas que no se corresponden con la división izquierda-derecha tradicional sino con la división norte-sur que define la geografía económica de la UE: los países del norte (Alemania, Países Bajos, Suecia), cuyas economías dependen en mayor medida del comercio con EEUU, tienden a favorecer la negociación y el compromiso; los países del sur y del este (Francia, Italia, España, Polonia), cuyas industrias se sienten más vulnerables a la competencia americana, presionan por una respuesta más contundente. La posición de Alemania es particularmente relevante porque su industria automovilística es la más expuesta a los aranceles de Trump y porque el canciller Friedrich Merz, que gobierna en coalición con los socialdemócratas, se debate entre la presión de la patronal BDI que pide negociación y la presión del ala izquierda de su coalición que exige reciprocidad.
En el trasfondo de la guerra comercial, la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional ha abierto un debate jurídico que trasciende la coyuntura arancelaria y toca las bases constitucionales del poder presidencial en materia de comercio exterior. La pregunta que el sistema judicial americano deberá resolver en los próximos meses es si un presidente puede utilizar las leyes de emergencia económica para imponer una política comercial permanente sin la autorización del Congreso, una pregunta que tiene implicaciones que van mucho más allá de los aranceles a los coches europeos y que afecta a la propia naturaleza del presidencialismo americano en el siglo XXI. Si los tribunales limitan el poder arancelario del presidente, Trump necesitará la aprobación del Congreso para mantener su política proteccionista, y un Congreso donde los republicanos tienen una mayoría ajustada en la Cámara y no la tienen en el Senado podría resultar un socio mucho menos dócil que la rama ejecutiva. Europa observa este proceso judicial con la esperanza contenida de quien sabe que la solución a sus problemas comerciales podría venir no de Bruselas sino de los tribunales de Washington.
