De confirmarse en los términos descritos, el pacto supondría un giro respecto a la política estadounidense de las últimas dos décadas hacia el programa nuclear saudí. Washington ha condicionado tradicionalmente cualquier cooperación atómica con Riad a la renuncia al enriquecimiento propio de uranio, en línea con el llamado «estándar de oro» de no proliferación que Estados Unidos exige a sus socios en los acuerdos de tipo 123, la sección de la Ley de Energía Atómica que regula estas transferencias de tecnología. Ese estándar, aceptado por primera vez por Emiratos Árabes Unidos en el acuerdo bilateral de 2009, renunciaba expresamente a enriquecer uranio y a reprocesar plutonio en territorio nacional.
Arabia Saudí ha defendido en foros internacionales, incluido el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), su derecho a desarrollar un ciclo de combustible nuclear completo dentro del marco del Tratado de No Proliferación (TNP), del que es Estado firmante desde 1988. Riad sostiene que su interés es exclusivamente civil, orientado a diversificar su matriz energética y reducir la dependencia del petróleo en la generación eléctrica doméstica, dentro del plan Visión 2030 impulsado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.
La posibilidad de que el reino enriquezca uranio en su propio territorio reactiva, no obstante, uno de los temores más persistentes de la no proliferación en Oriente Medio: que Riad busque mantener abierta la opción de desarrollar armamento nuclear si su rival regional, Irán, lograra finalmente una capacidad militar. El propio Mohamed bin Salmán declaró en 2018 a la cadena estadounidense CBS que, si Teherán desarrollaba una bomba nuclear, Riad haría «lo mismo lo antes posible», una frase citada de forma recurrente por los analistas de proliferación desde entonces.
Del colapso del pacto iraní al efecto dominó regional
El precedente más directo es el acuerdo nuclear iraní de 2015 (JCPOA), firmado por Irán con el grupo P5+1 —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania— y del que Washington se retiró unilateralmente en 2018, durante el primer mandato de Trump. Aquel pacto limitaba el enriquecimiento iraní al 3,67% y sometía las instalaciones a inspecciones reforzadas del OIEA; su colapso abrió la puerta a que Teherán elevara progresivamente sus niveles de enriquecimiento, lo que a su vez ha alimentado los argumentos saudíes a favor de una capacidad propia como elemento disuasorio.
Organizaciones especializadas en control de armamento, como la Arms Control Association con sede en Washington, han advertido en el pasado de que cualquier flexibilización del estándar de no enriquecimiento para un socio estadounidense podría generar un efecto dominó en otros países de la región interesados en programas nucleares civiles con capacidades de doble uso, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Turquía. El OIEA, con sede en Viena, tampoco ha emitido una valoración sobre el supuesto acuerdo; su doctrina exige que cualquier programa de enriquecimiento vaya acompañado de acuerdos de salvaguardias amplias y, en Estados sin programa previo, de protocolos adicionales que permitan inspecciones más intrusivas y con menor preaviso.
El contexto regional agrava la lectura estratégica del movimiento. Los hutíes, milicia yemení respaldada por Irán que controla amplias zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2014, han intensificado sus acciones contra la navegación en el mar Rojo desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023. La declaración de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí y la amenaza de cerrar Bab el-Mandeb —paso obligado para buena parte del tráfico petrolero y comercial entre Asia, el golfo Pérsico y el canal de Suez— añade una dimensión de seguridad inmediata a cualquier maniobra nuclear en la zona.
Bab el-Mandeb, con apenas 30 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Por él transita una parte significativa del comercio petrolero mundial, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) referidas a los años previos a la actual escalada. Un bloqueo efectivo tendría consecuencias directas sobre los seguros marítimos, los costes logísticos globales y el propio suministro energético saudí, uno de los mayores exportadores de crudo del mundo junto con Rusia y Estados Unidos, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
El Congreso de Estados Unidos desempeña un papel relevante en este tipo de acuerdos: conforme a la Ley de Energía Atómica, los pactos de cooperación nuclear civil de tipo 123 deben remitirse al Legislativo, que dispone de un periodo de revisión antes de su entrada en vigor. Legisladores de ambos partidos han expresado en ocasiones anteriores reticencias a conceder a Riad condiciones que no se exigen a otros socios, por lo que cualquier acuerdo de este tipo previsiblemente se enfrentaría a un escrutinio parlamentario significativo si se confirma su existencia.
Israel ha mantenido históricamente una postura de máxima cautela ante cualquier avance en programas nucleares de países vecinos, con independencia de su carácter declarado como civil, en coherencia con la llamada doctrina Begin de impedir que otros Estados de la región alcancen capacidad nuclear militar —doctrina aplicada en el bombardeo del reactor iraquí de Osirak en 1981 y contra instalaciones sirias en 2007—. Ninguna fuente oficial israelí se ha pronunciado públicamente todavía sobre esta información, que de confirmarse se sumaría a los focos de tensión abiertos por la guerra en Gaza y los ataques hutíes en el mar Rojo.
A la espera de una confirmación oficial de Washington o Riad y de una segunda fuente que corrobore los términos exactos de la cooperación, la información apunta a un escenario en el que convergen dos tensiones de fondo: la competencia estratégica entre Arabia Saudí e Irán por la hegemonía regional y la fragilidad de las rutas marítimas del mar Rojo ante la actividad hutí. Los próximos pasos previsibles incluyen una eventual comparecencia ante el Congreso estadounidense, reacciones de actores regionales como Irán o Israel y la posible intervención del OIEA si el acuerdo llega a formalizarse y a hacerse público en sus términos técnicos completos.
