El bloqueo tiene una anatomía precisa que las fuentes consultadas en las tres instituciones comunitarias describen con frustrante detalle. La Comisión, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, preparó hace diez días un paquete de represalias valorado en 95.000 millones de euros que incluía aranceles recíprocos sobre productos agrícolas estadounidenses, restricciones a las importaciones de gas natural licuado procedente de terminales norteamericanas y un mecanismo de ajuste en frontera específico para el acero y el aluminio. El paquete fue presentado al Consejo de Asuntos Económicos el pasado jueves y recibió el respaldo de 19 de los 27 Estados miembros, pero fue vetado por un bloque liderado por Hungría y secundado por Polonia, República Checa, Eslovaquia y Grecia.
Las razones del veto son distintas para cada país pero convergen en un mismo cálculo: el coste de las represalias puede ser mayor que el de la inacción. Hungría, cuya industria automovilística depende críticamente de las inversiones de fabricantes alemanes y coreanos que exportan a Estados Unidos, teme que las represalias europeas desencadenen una escalada que termine destruyendo su modelo industrial. Polonia, que ha estrechado sus lazos militares con Washington hasta convertirse en el principal aliado continental de Trump, no quiere arriesgar una relación que le proporciona garantías de seguridad que considera vitales frente a Rusia. La República Checa y Eslovaquia comparten ambos temores. Grecia, por su parte, negocia bilateralmente con Washington un acuerdo naval sobre el uso de la base de Souda Bay en Creta que podría verse comprometido por una confrontación comercial.
Ante el bloqueo del Consejo, la Comisión intentó una vía alternativa: presentar el paquete de represalias al Parlamento Europeo para obtener un respaldo político que presionara a los Estados reticentes. Pero el Parlamento, lejos de actuar como aliado de la Comisión, se convirtió en un segundo frente de conflicto. El grupo del Partido Popular Europeo, liderado por Manfred Weber, condicionó su apoyo a la inclusión de una cláusula de revisión que permitiría suspender las represalias si Trump acepta negociar antes del 4 de julio. Los socialdemócratas rechazaron la cláusula por considerarla una señal de debilidad que invitaría a Washington a dilatar las negociaciones indefinidamente. Los Verdes exigieron la inclusión de criterios medioambientales en las contramedidas. Y la extrema derecha, agrupada en los grupos Identidad y Democracia y Conservadores y Reformistas Europeos, se opuso directamente al paquete argumentando que las represalias perjudicarían más a Europa que a Estados Unidos.
La reunión de emergencia entre Emmanuel Macron y Olaf Scholz en Berlín, celebrada esta mañana en la Cancillería Federal, fue un intento de desbloquear la situación por la vía bilateral. Francia y Alemania, que juntas representan el 42 por ciento del PIB de la eurozona, coinciden en la necesidad de una respuesta pero divergen en la intensidad. Macron aboga por represalias inmediatas y contundentes que incluyan la imposición de un impuesto digital europeo dirigido específicamente contra las grandes tecnológicas estadounidenses, una medida que Washington ha calificado repetidamente de «acto de guerra comercial». Scholz, presionado por una industria automovilística alemana que exporta 800.000 vehículos anuales a Estados Unidos, prefiere una estrategia negociadora que gane tiempo sin provocar una escalada.
Para España, el impacto de los aranceles del 25 por ciento sobre automóviles es devastador. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones cifra las pérdidas anuales en 4.200 millones de euros si los aranceles se mantienen durante un año completo, una estimación que incluye tanto las exportaciones directas a Estados Unidos como el efecto cascada sobre los proveedores de componentes. Las plantas de SEAT-Cupra en Martorell, Renault en Valladolid, Ford en Almussafes y Mercedes en Vitoria dependen en distinto grado del mercado norteamericano, pero todas se ven afectadas por la incertidumbre que los aranceles generan en las cadenas de suministro globales. El ministro de Industria, Héctor Gómez, declaró esta mañana que el Gobierno español «trabaja con Bruselas para una respuesta coordinada pero no descarta medidas nacionales de apoyo al sector si la parálisis europea se prolonga».
El acuerdo de Turnberry, firmado hace tres semanas entre el negociador comercial europeo Maros Sefcovic y el representante de Trump Jamieson Greer, fijó un techo arancelario del 15 por ciento como base de negociación, pero quedó en papel mojado cuando Trump decidió unilateralmente elevar la tasa al 25 por ciento invocando la Sección 232 de la Trade Expansion Act por motivos de seguridad nacional. La invocación de la seguridad nacional es jurídicamente cuestionable —difícilmente los automóviles europeos representan una amenaza para la defensa de Estados Unidos— pero políticamente efectiva: permite a Trump imponer aranceles sin necesidad de aprobación del Congreso y coloca a la Organización Mundial del Comercio ante un dilema que no puede resolver en el plazo del ultimátum.
La parálisis europea tiene consecuencias que trascienden el ámbito comercial. Cada día que Bruselas tarda en responder refuerza la percepción de que la Unión Europea es incapaz de actuar como un actor geopolítico unitario cuando los intereses nacionales de sus miembros entran en conflicto. Trump lo sabe y lo explota: sus declaraciones de las últimas 48 horas han alternado amenazas con halagos dirigidos a países individuales, una estrategia de divide et impera que funciona porque los mecanismos de toma de decisiones europeos la hacen posible. La unanimidad requerida para las represalias comerciales convierte el veto de un solo Estado en un arma más poderosa que cualquier arancel.
Las próximas tres semanas, desde ahora hasta el 4 de julio, concentrarán una negociación que definirá la relación transatlántica para los próximos años. Si la UE logra presentar un frente unido con represalias creíbles, Trump podría negociar un acuerdo que reduzca los aranceles a niveles asumibles para ambas partes. Si la parálisis se prolonga, Washington interpretará la inacción como debilidad y probablemente escalará las medidas, extendiendo los aranceles a otros sectores como la farmacéutica, la aeronáutica y los productos agrícolas mediterráneos. Para España, que exporta más de 3.000 millones de euros anuales en aceite de oliva, vino y cítricos a Estados Unidos, una extensión sectorial sería un golpe de dimensiones que la economía aún convaleciente del apagón eléctrico de abril no podría absorber sin ayuda europea.
La crisis arancelaria lo demuestra con una claridad que debería avergonzar a quienes la niegan. Si Europa no es capaz de responder coordinadamente a un ultimátum comercial que afecta a su industria más estratégica, difícilmente podrá afrontar los desafíos de seguridad, migración y transición energética que definirán la próxima década. El 4 de julio no es solo una fecha límite para los aranceles: es un test existencial para el proyecto europeo.
