Hay algo instructivo en que un mismo hecho produzca tres narrativas oficiales sin que ninguna se moleste en parecerse a las otras. No es un desacuerdo de matices: es una discrepancia de fondo sobre si Panamá recibió una visita cordial o un ultimátum. Cuando los relatos de poder se bifurcan de esa manera, el ciudadano queda condenado a hacer de detective con las pocas pistas públicas disponibles.
La versión más generosa con Washington es la del comunicado del Departamento de Estado, que describió a Rubio ejerciendo una suerte de tutela hemisférica: exigencias sobre la presencia china en torno al Canal y la insinuación de consecuencias si Panamá no actuaba. Es la línea que el propio Donald Trump ha venido repitiendo desde que sugirió que Estados Unidos podría recuperar el Canal, alegando —sin sustento verificable— que China lo controla.
Ese relato resulta políticamente rentable para la Casa Blanca, pero no resiste el contraste con la realidad operativa de la vía interoceánica. El Canal lo administra la Autoridad del Canal de Panamá, entidad con autonomía reconocida en la Constitución tras la reversión completada el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter de 1977. No consta participación china en su gestión ni en su operación.
Lo que dijo Mulino y lo que calló Rubio
La segunda versión es la de Mulino, y conviene reconocerle un mérito elemental: fue el único de los protagonistas que dio la cara ante la ciudadanía. Explicó que la conversación fue diplomática, que el Canal no está en discusión y que cualquier asunto tarifario compete exclusivamente a la ACP. Añadió que, si hay presencia china en puertos panameños, es porque Estados Unidos ha descuidado su propia inversión en la región durante años.
El mandatario anunció también que no renovará un acuerdo comercial que el expresidente Juan Carlos Varela firmó con China, aclarando que la decisión no altera las relaciones diplomáticas. El gesto puede leerse como una concesión simbólica hacia Washington sin ruptura de fondo, un equilibrio que la política exterior panameña ha ensayado desde la reversión del Canal: administrar con cautela su relación simultánea con Estados Unidos y con China.
La versión que más debería llamar la atención es la tercera: el silencio de Rubio. El secretario de Estado compareció ante la prensa en Albrook y no mencionó el Canal ni una sola vez. Ni ultimátum, ni advertencia sobre China, ni reafirmación del discurso que su gobierno difundió por escrito. Nada. Ese silencio no es un detalle menor; es, probablemente, el dato más elocuente del episodio.
Un funcionario que acaba de recorrer el Canal y conversar con sus autoridades, y que decide no repetir en público la acusación que su propio gobierno emitió por escrito horas antes, comunica algo aunque no diga nada. O no quiso respaldar públicamente el tono de Washington, o no encontró en Panamá la presencia china que el relato oficial necesita para sostenerse.
La distancia entre Rubio y Trump parece de cálculo antes que de ideología. Un aspirante con carrera política propia asume un costo reputacional distinto al mentir en una conferencia de prensa internacional. El contraste entre el comunicado escrito y el silencio ante las cámaras, con las autoridades panameñas al lado, es difícil de explicar de otro modo.
La cuenta pendiente del lado panameño
No es la primera vez que Washington agita el argumento de una amenaza china sobre el Canal sin evidencia que lo respalde. El itinerario de este episodio —comunicado de tono exigente, visita, silencio— reproduce una coreografía conocida: la presión se anuncia en papel, se atenúa en el terreno y se diluye cuando hay que sostenerla en público. La pregunta de fondo es cuánto puede durar un relato que ni su principal mensajero se atrevió a repetir ante los medios.
Del lado panameño, la fiscalización no debería limitarse a escoger cuál versión suena más verosímil. La pregunta es institucional: qué mecanismos existen para que la Asamblea Nacional o la propia ACP exijan claridad sobre lo efectivamente discutido en una reunión que toca la soberanía sobre un activo estratégico. El comunicado de un ministerio extranjero no puede ser la única fuente de verdad sobre lo que se conversa en territorio panameño.
Tampoco es trivial la decisión de no renovar el acuerdo comercial suscrito con China durante la administración Varela. Mulino lo presenta como técnico y sin implicaciones diplomáticas, pero ocurre en el mismo margen temporal que la visita de Rubio, lo que invita a preguntar hasta qué punto la política comercial panameña se mueve por cálculo propio o por presión externa.
De las tres versiones, la única que se sometió al escrutinio directo del país fue la de Mulino. El comunicado estadounidense se refugió en la distancia del papel; Rubio, en el silencio. Ambos recursos son legítimos en el juego diplomático, pero ninguno equivale a rendir cuentas ante una ciudadanía que tiene derecho a saber qué se decidió, o qué se amagó decidir, sobre la vía que administra su propio Estado.
Queda la pregunta de fondo: cuánto tiempo puede sostenerse el relato de la amenaza china sobre el Canal. Y una segunda, más incómoda para Panamá: cuánto margen real tiene el país para exigir que las presiones, si las hay, se discutan con la misma transparencia con que se anuncian los comunicados.