Concluida la reunión, Mulino compareció para exponer su versión. Según su relato, se trató de una conversación diplomática y cordial en la que Panamá dejó claro que el Canal no está en juego y que cualquier asunto tarifario corresponde exclusivamente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El mandatario replicó al planteamiento estadounidense sobre la presencia china en los puertos panameños al señalar que esa presencia responde, a su juicio, a la desatención de Estados Unidos en materia de inversión en la región. Anunció además que Panamá no renovará el acuerdo comercial que el expresidente Juan Carlos Varela firmó con China, si bien precisó que la decisión no afecta las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El Departamento de Estado ofreció, en cambio, un panorama diferente. Según su comunicado, Rubio trasladó a las autoridades panameñas la exigencia de actuar frente a la presencia china vinculada al Canal, con la advertencia de posibles medidas en caso de no atenderse ese reclamo. El texto se inscribe en la línea sostenida por la administración estadounidense sobre la influencia china en la vía interoceánica.
La tercera versión es la ausencia de versión. Aunque Rubio ofreció una conferencia de prensa en Albrook, no se refirió al Canal de Panamá ni a las advertencias contenidas en el comunicado oficial de su propio gobierno. El contraste entre el documento escrito del Departamento de Estado y el silencio público de su titular constituye el punto central de las discrepancias en torno al encuentro.
El estatus del Canal y el marco que rige su administración
La administración del Canal de Panamá corresponde en exclusiva a la ACP, entidad autónoma establecida por el título XIV de la Constitución panameña tras la reversión de la vía a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter suscritos en 1977. Esos acuerdos pusieron fin a casi un siglo de control estadounidense sobre la franja canalera y fijaron el principio de neutralidad permanente de la vía, abierta al tránsito de todas las naciones. La fijación de peajes y tarifas es competencia de la propia ACP, conforme al marco constitucional y legal que regula su funcionamiento.
El precedente histórico más directo remite precisamente a esa negociación de los años setenta, cuando el general Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter pactaron el traspaso gradual de la vía. La soberanía sobre el Canal ha sido, desde entonces, un eje permanente del discurso político panameño, invocado por sucesivos gobiernos frente a cualquier planteamiento externo percibido como injerencia.
El acuerdo cuya no renovación anunció Mulino se enmarca en el memorando de entendimiento sobre la Franja y la Ruta suscrito durante la administración de Varela (2014-2019), que incorporó a Panamá a esa iniciativa china. La decisión de no prorrogarlo, según expuso el mandatario, no altera el vínculo diplomático con Pekín, establecido en 2017 tras la ruptura de relaciones de Panamá con Taiwán.
Consultadas las posiciones de las partes, el Órgano Ejecutivo panameño mantiene que la soberanía y la administración de la vía no fueron objeto de negociación y que los peajes competen a la ACP. El Departamento de Estado sostiene, por su parte, la existencia de una exigencia formal en torno a la presencia china. Rubio, tercera parte implicada, no ha ofrecido públicamente su propia versión de lo tratado, pese a haber comparecido ante la prensa.
La divergencia entre los relatos deja abiertas cuestiones sobre el alcance real de lo conversado a puertas cerradas. En ausencia de un pronunciamiento directo del secretario de Estado, la única versión oficial estadounidense disponible es la del comunicado, mientras que la panameña procede de la comparecencia del mandatario.
De cara a las próximas semanas, quedan pendientes la formalización de la salida de Panamá del acuerdo con China y la eventual respuesta del gobierno estadounidense a la posición expresada por Mulino. La administración de la vía y sus tarifas seguirán, en todo caso, bajo la competencia de la ACP conforme al marco constitucional vigente.