De acuerdo con la información divulgada por la PNC, la denuncia que activó la investigación fue presentada por un ciudadano que aseguró haber sido interceptado en un retén instalado por agentes de la División Antinarcóticos, quienes presuntamente le solicitaron una cantidad de dinero a cambio de no continuar con un procedimiento derivado de la intervención. La institución no detalló la ubicación exacta del retén ni el monto que presuntamente se exigió, aunque indicó que la denuncia fue trasladada a sus unidades de control interno.
El delito de cohecho, tipificado en el Código Penal salvadoreño, sanciona a los funcionarios o empleados públicos que soliciten o reciban dádivas para ejecutar, retardar u omitir un acto propio de sus funciones. Al tratarse de agentes policiales en ejercicio de sus atribuciones, el caso también podría derivar en responsabilidades administrativas dentro de la propia PNC, de forma independiente al proceso penal que instruya la Fiscalía.
Conforme al procedimiento penal salvadoreño, corresponde ahora a la FGR presentar el requerimiento fiscal ante un juzgado de paz, instancia que determinará si existen elementos suficientes para decretar instrucción formal contra los tres agentes. En esa audiencia inicial se resolverá también si procede una medida cautelar, como la detención provisional, en función del riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, sin que ello implique un pronunciamiento sobre su culpabilidad.
La FGR, encabezada por el fiscal general, es la entidad constitucionalmente facultada para dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal pública, conforme al artículo 193 de la Constitución. En este tipo de casos, la Fiscalía suele coordinarse con la Inspectoría General de la PNC para determinar responsabilidades tanto penales como administrativas de los agentes señalados.
La PNC no identificó públicamente a los capturados, en apego a la reserva que suele mantenerse en esta etapa del proceso, aunque confirmó que fueron separados de sus funciones mientras avanza la investigación. Tampoco precisó si los tres pertenecían a la misma unidad operativa dentro de la División Antinarcóticos ni si actuaban de forma coordinada en el retén donde ocurrieron los hechos denunciados. Hasta el momento no se ha informado si los agentes cuentan con representación legal o si han rendido declaración ante la Fiscalía.
Una unidad sensible en la lucha antidroga
La División Antinarcóticos de la PNC tiene como función principal la persecución de estructuras dedicadas al tráfico de drogas, además de la instalación de retenes orientados a la detección de sustancias ilícitas y de vehículos vinculados a actividades delictivas. La aparición de señalamientos de corrupción dentro de esta unidad reviste particular sensibilidad por el rol que desempeña en el combate al narcotráfico, un ámbito en el que los agentes manejan información reservada y contacto directo con estructuras criminales.
Este tipo de señalamientos no son inéditos dentro de la corporación policial. En años anteriores, la PNC ha reportado capturas de agentes de distintas divisiones —incluidas unidades de tránsito y de control fronterizo— por casos similares de presunta exigencia de dinero durante controles o intervenciones, lo que llevó a la institución a reforzar mecanismos de supervisión interna, entre ellos la Inspectoría General.
El fenómeno de la corrupción policial ha acompañado a la PNC desde su creación tras los Acuerdos de Paz de 1992, que dieron origen a un cuerpo de seguridad civil en sustitución de las antiguas estructuras militarizadas. Desde entonces, la depuración de sus filas y el control de conductas indebidas han figurado de manera recurrente en la agenda institucional y en los informes de organismos de fiscalización del país.
El caso se produce en un momento en que la PNC mantiene un despliegue significativo de personal en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, orientado al combate de estructuras de pandillas, lo que ha implicado un aumento sostenido de controles y retenes en distintos puntos del país. Ese incremento de la presencia policial en la vía pública ha ampliado el número de interacciones entre agentes y ciudadanos, escenario en el que se enmarcan denuncias como la que originó esta captura.
De avanzar el proceso, los tres agentes podrían enfrentar una audiencia inicial en los próximos días ante un juzgado de paz, donde se definirá su situación procesal. La corporación no ha descartado la apertura de expedientes disciplinarios adicionales conforme avance la investigación fiscal, en un procedimiento administrativo que corre de forma paralela al penal.
