De acuerdo con la resolución, los paquetes destinados a los privados de libertad de esos seis centros ya no se recibirán directamente en cada cárcel, sino de forma centralizada una vez al mes en el antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en la avenida Domingo Díaz, en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Los familiares autorizados deberán acudir en la fecha y dentro del horario fijado para cada centro, conforme a un cronograma oficial que la entidad se comprometió a divulgar.
El Mingob indicó que este mecanismo permitirá garantizar la trazabilidad de cada paquete desde el momento de su recepción hasta su entrega a la persona privada de libertad, además de reforzar los controles de seguridad en un proceso que hasta ahora se manejaba de manera descentralizada en cada instalación penitenciaria. Todos los paquetes serán sometidos a revisión de seguridad, registro y control antes de ser trasladados bajo custodia a los respectivos centros, según detalló la entidad a través de una segunda resolución, la N.° 123-R-120, difundida en sus canales institucionales.
Los familiares deberán presentar los artículos en bolsas transparentes, debidamente identificadas con el nombre completo de la persona privada de libertad, su número de cédula, el centro penitenciario y el pabellón correspondiente, con información clara y legible. El incumplimiento de estos requisitos podría derivar en el rechazo del paquete, aunque la resolución no precisó el mecanismo de subsanación.
Un listado único de artículos permitidos
La normativa establece un listado único de artículos permitidos, que incluye productos de aseo y limpieza, determinados medicamentos, ropa y artículos de uso personal, con especificaciones sobre cantidades, colores y características fijadas por la autoridad penitenciaria. Para los hombres se autorizan hasta tres suéteres lisos del color establecido por cada centro, de cuello redondo y mangas cortas, sin logos ni propaganda; hasta tres pantalones cortos lisos, sin bolsillo y no reversibles, en colores claros o pasteles como blanco, amarillo, celeste o gris; tres calzoncillos tipo licra en colores pasteles y sin bolsillo, y un par de chancletas de playa de suela delgada.
En el caso de las mujeres, la lista contempla hasta tres camisetas o camisas del color designado por el centro, de cuello redondo y mangas cortas, sin logos ni propaganda; hasta tres pantalones jeans o de tela de algodón en un color distinto al del personal de seguridad; hasta cuatro prendas de ropa interior —entre panties, sostenes sin varillas, tops y sostenes estilo camiseta, en algodón o microfibra—; un par de chancletas de playa de suela delgada, y hasta dos paquetes de toallas sanitarias, con un máximo de 36 unidades.
La restricción llega dos meses y medio después de la fuga del 1 de junio en La Joyita, ocurrida en medio de un motín cuyas causas y desarrollo son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. De los 195 privados de libertad que se evadieron ese día, 187 ya han sido recapturados y ocho permanecen prófugos, según el más reciente balance oficial.
El nuevo esquema de recepción centralizada plantea interrogantes logísticos que las autoridades no han despejado públicamente, como el volumen de personal necesario para revisar y trasladar mensualmente los paquetes de los seis centros hacia sus destinos finales, o el tiempo que transcurrirá entre la entrega de un familiar y la recepción efectiva por parte del privado de libertad. Tampoco se precisó qué ocurrirá con los envíos de aquellos internos cuyos familiares no puedan ajustarse al cronograma mensual único por motivos de distancia o disponibilidad.
El Mingob no detalló si la medida tiene carácter permanente o si será revisada una vez concluyan las investigaciones sobre lo ocurrido en La Joyita. La normativa internacional sobre tratamiento de personas privadas de libertad, suscrita por Panamá, reconoce el derecho de los reclusos a mantener contacto con el exterior, un principio que suele ponderarse frente a las exigencias de seguridad y orden interno en los penales.
El sistema penitenciario panameño arrastra desde hace años problemas de sobrepoblación y control. Los motines y fugas han sido recurrentes en distintas administraciones, y episodios de violencia interna han marcado la agenda de seguridad de gobiernos sucesivos, lo que ha situado la reforma del sistema carcelario como una demanda persistente sin solución estructural consolidada.
En los próximos días se espera que la entidad publique el cronograma detallado por centro penitenciario, documento que determinará en la práctica la frecuencia real con la que cada familia podrá hacer llegar insumos a sus parientes recluidos. La eficacia del nuevo control de trazabilidad y su efecto sobre la seguridad interna de los penales serán los puntos de referencia en la evaluación que las autoridades penitenciarias deberán rendir sobre el manejo de la crisis abierta tras la fuga de junio.