La figura de Trapero ha estado vinculada durante más de una década a algunos de los episodios más delicados de la política catalana reciente. Su nombramiento como mayor, hace dos años, fue interpretado como un intento de recomponer la imagen del cuerpo tras años de escrutinio judicial y mediático derivados del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de aquel año, en los que su actuación fue objeto de investigaciones parlamentarias y judiciales.
La salida se ha precipitado por un cúmulo de controversias en los últimos meses. La presión de Esquerra Republicana ha resultado determinante: la formación de Junqueras reclamó de forma explícita que el mayor abandonara el cargo. La dirección del cuerpo depende del Govern, que nombra al mayor a propuesta del conseller de Interior, por lo que la posición de los socios parlamentarios pesa en decisiones de esta naturaleza.
El regreso de Ferran López, jefe de los Mossos durante el 155
La elección de Ferran López como sustituto tiene un peso simbólico. López ya fue jefe de los Mossos d'Esquadra durante el periodo en que la Generalitat estuvo intervenida por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución, mecanismo excepcional que permite al Estado asumir competencias autonómicas ante un incumplimiento grave de las obligaciones constitucionales. Aquella intervención, la primera y hasta ahora única aplicación de dicho artículo desde la aprobación de la Carta Magna en 1978, se prolongó hasta la formación de un nuevo Govern tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017.
El marco normativo que regula estos nombramientos se encuentra en la Ley 10/1994, de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, y en sucesivas modificaciones que han perfilado la estructura de mando del cuerpo, uno de los más numerosos de España, con miles de agentes en activo bajo la autoridad exclusiva de la Generalitat. El puesto de mayor combina responsabilidades operativas con una exposición pública constante y criterios tanto técnicos como de confianza política.
Los Mossos d'Esquadra han atravesado en los últimos años varios episodios de controversia que han desgastado sucesivamente a sus responsables. Desde la actuación policial durante el referéndum del 1-O hasta la gestión de los disturbios posteriores a la sentencia del procés en octubre de 2019, el cuerpo ha sido objeto de comisiones de investigación en el Parlament de Catalunya y de recursos ante tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
La rotación en la jefatura no es infrecuente: desde la reinstauración de la Generalitat tras la Transición, el cargo de mayor ha cambiado de manos en varias ocasiones coincidiendo con crisis políticas o de seguridad. El propio Trapero fue apartado del mando tras el 1-O y posteriormente rehabilitado, en un recorrido que ilustra la exposición del puesto a los vaivenes políticos.
Esquerra Republicana no ha detallado públicamente los motivos concretos de su exigencia de relevo, más allá de referencias a la gestión reciente del cuerpo. Desde el entorno de Trapero tampoco han trascendido explicaciones extensas sobre su marcha, lo que deja abiertas las razones últimas de una decisión que se atribuye tanto al desgaste como a la presión política.
El Departamento de Interior de la Generalitat, del que dependen los Mossos, no ha emitido hasta el momento una declaración oficial detallada sobre el proceso de sustitución, más allá de la confirmación del nombramiento de Ferran López como nuevo mayor del cuerpo.
A diferencia de la Guardia Civil o la Policía Nacional, cuyos máximos responsables dependen directamente del Ministerio del Interior del Gobierno central, los Mossos d'Esquadra están bajo la autoridad exclusiva de la Generalitat de Catalunya en virtud de las competencias transferidas en materia de seguridad pública, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006. Esa dependencia sitúa la dirección operativa del cuerpo en el terreno directo de la mayoría política que gobierna la Generalitat.
El relevo llega en un momento en que la seguridad pública catalana concentra la atención mediática y política, con debates recurrentes sobre la dotación de efectivos y la respuesta del cuerpo ante fenómenos como la multirreincidencia delictiva, asunto que ha marcado la agenda de Interior en los últimos ejercicios.
A partir de ahora, la atención se centrará en cómo gestiona Ferran López la transición al frente del cuerpo y si su nombramiento logra apaciguar las tensiones que han motivado la salida de Trapero. El Parlament de Catalunya podría convocar comparecencias del conseller de Interior para que explique los detalles del relevo, un trámite habitual en la cámara catalana cuando se producen cambios de esta naturaleza en la cúpula policial.
