La cifra de víctimas, que según lo reportado ascendería a 265 fallecidos, podría variar en las próximas horas a medida que avancen las labores de remoción de escombros en las zonas más golpeadas. El número de desaparecidos, cercano a las 496 personas, representa el mayor foco de incertidumbre para las autoridades, que enfrentarían la tarea de confirmar si se trata de personas atrapadas con posibilidades de rescate o de víctimas cuyos cuerpos no han sido localizados. Los más de 3,400 heridos reportados habrían presionado la capacidad de atención de los centros hospitalarios en las regiones afectadas.
La declaración de emergencia económica es una figura contemplada en la Constitución colombiana de 1991 para situaciones de crisis y calamidad. Su artículo 215 faculta al presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, a decretar el estado de emergencia por un plazo determinado y a expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, medidas que quedan sujetas a control posterior de la Corte Constitucional y del Congreso. Ese mecanismo permitiría al Ejecutivo adoptar disposiciones fiscales y presupuestarias extraordinarias sin agotar el trámite legislativo ordinario, agilizando la disposición de recursos para la reconstrucción y la atención humanitaria.
Cooperación regional ante el desastre
Panamá, como parte de la región expuesta a la actividad del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, ha mantenido históricamente mecanismos de cooperación con Colombia ante desastres naturales, en el marco de acuerdos bilaterales y de organismos multilaterales como el Sistema de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, suele activar protocolos de solidaridad regional en episodios de esta magnitud, que pueden incluir el envío de equipos de rescate especializado, insumos médicos o donativos, dependiendo de la solicitud formal que curse el gobierno colombiano por los canales diplomáticos.
La cercanía geográfica entre ambos países, unida al intercambio comercial y migratorio a través de la región del Darién, hace que una crisis humanitaria de gran escala en territorio colombiano pueda tener correlato en la política migratoria y de seguridad panameña, dado el tránsito habitual de personas por esa frontera. En la región andina y centroamericana, organismos como el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) mantienen protocolos de asistencia mutua que suelen activarse en escenarios como el que atraviesa Colombia.
Historial sísmico de un territorio tectónicamente activo
Colombia se ubica en una zona de alta actividad tectónica producto de la convergencia de las placas de Nazca, Suramericana y Caribe, lo que ha generado a lo largo de su historia sismos de gran magnitud. Entre los precedentes más recordados figuran el terremoto de Popayán de 1983 y el de Armenia, en el eje cafetero, en 1999, este último con más de un millar de víctimas mortales según registros históricos de las autoridades colombianas. Aquel desastre motivó en su momento la creación de un fondo específico para la reconstrucción del eje cafetero.
Panamá comparte parte de ese mismo entorno tectónico, si bien su territorio ha registrado en las últimas décadas sismos de menor magnitud destructiva. Entre ellos se recuerda el ocurrido en la provincia de Chiriquí en 1991, que dejó decenas de fallecidos y evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura en zonas fronterizas con Costa Rica.
La emergencia económica declarada por el gobierno colombiano permitiría, conforme a ese marco constitucional, la expedición de decretos orientados a la reconstrucción de infraestructura vial, hospitalaria y educativa, además de la eventual reasignación de partidas presupuestarias hacia los departamentos más afectados. Catástrofes de esta magnitud tienden a presionar las finanzas públicas de los países afectados y suelen llevar a recurrir a líneas de crédito de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, además de redireccionamientos del gasto hacia la atención de la emergencia.
Para Panamá, cuya economía mantiene vínculos comerciales con Colombia a través de la Zona Libre de Colón y el tránsito por el Canal de Panamá, una afectación prolongada a la actividad económica colombiana podría tener repercusiones indirectas en el intercambio bilateral, aunque hasta el momento no se han reportado impactos directos sobre las operaciones del Canal ni sobre el comercio con la vecina nación.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer el balance definitivo de víctimas y el costo de la reconstrucción, mientras las autoridades colombianas continúan las labores de búsqueda y la comunidad internacional, incluidos los países de la región, evalúa el tipo de asistencia que podría canalizarse hacia el país vecino. El control posterior de los decretos de emergencia por parte de la Corte Constitucional marcará, además, el margen jurídico dentro del cual el Ejecutivo colombiano podrá operar en las semanas siguientes.