Hay diputados que se conforman con una curul y un despacho, y hay quienes entienden la Asamblea como un tablero donde cada pieza —Presupuesto, Gobierno, Credenciales— debe caer bajo su control. No es ilegal: el reglamento interno no prohíbe que un solo legislador integre varias comisiones ni que presida una de ellas mientras dirige, en paralelo, su bancada y el aparato partidario. Pero que algo sea reglamentario no lo vuelve saludable para el equilibrio que se supone debe regir entre los órganos del Estado. Según se maneja en las graderías, un mismo diputado del PRD ocupa asiento en Presupuesto, preside Gobierno e integra Credenciales, además de encabezar su bancada y el CEN del partido.
La Comisión de Presupuesto no es un asiento decorativo: por ella pasa cada año el Presupuesto General del Estado, con las vistas presupuestarias donde ministros y directores de entidades autónomas justifican cada partida ante los diputados. La Comisión de Gobierno tiene entre sus competencias buena parte de la agenda de nombramientos y asuntos institucionales. Y la de Credenciales decide, entre otras cosas, quién ocupa finalmente una curul cuando hay disputas de resultados. Tres llaves distintas, una sola mano. Para esa comisión, todo indica que Dana Castañeda será reelecta como presidenta.
La concentración de palancas no es novedad en la vida republicana panameña. Basta recordar la etapa previa a 1989, cuando la ausencia de contrapesos efectivos entre los órganos del Estado permitió que decisiones que debían distribuirse quedaran en muy pocas manos. La lección de aquellos años —y de los sucesivos gobiernos democráticos que reconstruyeron la institucionalidad tras la invasión estadounidense— es que la salud del sistema depende menos de las reglas escritas que de la voluntad de hacerlas cumplir.
Asuntos Municipales y la fábrica de corregimientos
En la Comisión de Asuntos Municipales —antes de Educación— se perfila un cambio de mando que merece más atención de la que suele recibir. Esa instancia no es un rincón burocrático menor: allí se tramitan las propuestas para crear nuevos corregimientos, decisiones que en Panamá han servido tanto para acercar servicios estatales a comunidades alejadas como para multiplicar cargos, presupuestos y cuotas de poder político. El nombre que se maneja para presidirla arrastra antecedentes en juntas comunales, y ese historial debería activar preguntas en el pleno antes de confirmar la designación.
No se trata de presumir culpabilidades sin que medie un proceso, sino de recordar que la Comisión de Asuntos Municipales administra decisiones con impacto fiscal y territorial directo. Cada nuevo corregimiento supone un representante de corregimiento, una estructura administrativa y una partida del Estado. La confianza pública en esas designaciones se construye —o se erosiona— con la trayectoria de quien las ocupa.
La Oficina de Participación Ciudadana, por su parte, presentó un proyecto de ley para penalizar el transfuguismo político, es decir, el cambio de partido de un diputado durante su periodo sin perder la curul obtenida bajo otras siglas. La intención declarada —dar coherencia al sistema de partidos y respetar el mandato con el que fue electo cada legislador— es difícil de objetar en el papel. El problema es la distancia entre la norma escrita y la práctica instalada.
Panamá arrastra una tradición larga de operadores políticos que migran de un colectivo a otro, a veces por convicción, a veces por conveniencia, sin que ese tránsito genere escándalo. Penalizar el transfuguismo mientras persisten estructuras paralelas de fundadores y expresidentes que mueven piezas entre partidos —sin pisar jamás el terreno de la ilegalidad— es, cuando menos, una contradicción que el propio proyecto debería resolver antes de llegar a un primer debate. Su factibilidad, con ese telón de fondo, luce escasa.
El viaje a Pekín y las preguntas que deja
En el plano internacional, la Cancillería informó que Panamá y China acordaron renovar el acuerdo de transporte marítimo suscrito originalmente en 2017, vencido el mes pasado, tras una reunión celebrada en Pekín entre el 16 y el 17 de julio. Desde ese encuentro, según la propia Cancillería, cesó la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos, un problema que golpeaba a la matrícula panameña —la más grande del mundo— y a los ingresos que esa flota genera para el Estado.
Que el problema se resuelva es una buena noticia. Que haya requerido un viaje a Pekín para renovar un acuerdo bilateral de naturaleza técnica es, cuando menos, motivo de curiosidad diplomática. Los tratados de este tipo suelen prorrogarse mediante canje de notas o comunicación formal entre cancillerías, sin desplazamiento físico de alto nivel. Cabe preguntarse qué otros asuntos se conversaron en esa mesa además de la renovación de un convenio que, en la práctica, ya tocaba renovar por rutina administrativa.
En el frente judicial, el Ministerio Público avanza en la investigación sobre la manipulación del sistema e-Tax 2.0 para la apropiación indebida de créditos fiscales, un caso que involucra a varios funcionarios de la Dirección General de Ingresos, entre ellos Eduardo Silvestre y Betzy Rodríguez. La fiscalía realizó una inspección ocular en el Registro Civil del Tribunal Electoral para obtener el reporte de árbol genealógico de los cinco implicados, incluida Milena, hija de Rodríguez.
La diligencia es, en sí misma, rutinaria dentro del procedimiento penal panameño: establecer redes familiares ayuda a detectar transferencias de bienes o testaferros cuando se investigan delitos patrimoniales complejos. Pero la experiencia reciente en causas de corrupción tramitadas ante el Ministerio Público enseña que estos árboles genealógicos rara vez terminan en el tronco: casi siempre aparecen ramas después, cuando ya es tarde para sorprenderse.
El hilo que conecta estas historias —la concentración de comisiones, el manejo de Asuntos Municipales, el transfuguismo sin sanción real y la diplomacia de alto nivel para un trámite técnico— es el mismo de siempre: instituciones con reglas claras en el papel que, en la práctica, dependen de quién decide interpretarlas con rigor y quién decide mirar hacia otro lado. La Contraloría General fiscaliza contratos; el contralor otorga o niega el refrendo; el Tribunal Electoral certifica resultados. Cada engranaje existe. La pregunta, en julio de 2026, sigue siendo si alguien los está usando de verdad o si solo sirven de decorado mientras el poder se reparte por vías menos visibles y mucho más eficaces.