La CNRE, que se activa tras cada proceso electoral para actualizar el Código Electoral, funciona como espacio de negociación entre las bancadas y organizaciones de la sociedad civil antes de que cualquier propuesta llegue al pleno de la Asamblea Nacional para su primer, segundo y tercer debate. Su composición, con mayoría de representantes de los partidos, ha sido señalada por sectores independientes como un obstáculo para las reformas que amplían la participación por fuera del sistema de partidos.
La eliminación de las listas independientes en los circuitos plurinominales —aquellos que eligen a más de un diputado por circunscripción— implicaría que los candidatos de libre postulación solo pudieran competir en circuitos uninominales, lo que reduciría su capacidad de obtener representación en distritos de mayor densidad poblacional, como los de la ciudad de Panamá.
La segunda medida, la supresión de la renuncia para quienes firmen en apoyo a un aspirante independiente, tiene mayor calado jurídico. Bajo el mecanismo vigente, un ciudadano afiliado a un partido puede renunciar a esa afiliación para respaldar con su firma a un candidato de libre postulación. Suprimir esa figura, sostiene la coalición Vamos, equivaldría en la práctica a prohibir que los miembros de un colectivo apoyen candidaturas fuera de su organización.
Vamos cita como fundamento el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015, que declaró inconstitucional impedir esa clase de respaldo. La coalición argumenta que una reforma que reintroduzca por vía legal una restricción equivalente correría el riesgo de ser impugnada de nuevo ante la propia Corte, lo que volvería a judicializar el Código Electoral antes de su entrada en vigor para el ciclo de 2029.
La discusión recae en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Hace dos semanas, durante las vistas presupuestarias del Tribunal Electoral para 2027, el magistrado Luis Guerra sustentó ante esa comisión el presupuesto de la entidad y recibió cuestionamientos por haber permitido las listas de candidaturas independientes en los pasados comicios, un intercambio que anticipó la tensión que ahora se traslada al debate legislativo.
El Tribunal Electoral, como órgano rector del proceso electoral panameño, reglamenta la aplicación del Código Electoral y resuelve las controversias que surjan de su interpretación, sin perjuicio del control de constitucionalidad que ejerce la Corte Suprema sobre las leyes que apruebe el Órgano Legislativo. Cualquier reforma aprobada en tercer debate y sancionada por el Ejecutivo quedaría, de todos modos, sujeta a ese control posterior.
El debate sobre las candidaturas independientes no es nuevo en la historia electoral panameña. La reforma que habilitó por primera vez la libre postulación a nivel de diputados, impulsada tras años de reclamos de organizaciones ciudadanas, marcó un cambio frente al monopolio que los partidos ejercían sobre la nominación de candidatos desde el retorno al orden constitucional en 1990. Las restricciones que ahora se discuten reabren esa disputa entre el modelo de partidos y las vías de participación directa.
Consultada la posición de las partes, el Tribunal Electoral no se ha pronunciado formalmente sobre el acuerdo alcanzado en la CNRE, mientras que representantes de organizaciones vinculadas al movimiento de libre postulación han manifestado su intención de seguir el trámite legislativo y de acudir a la vía judicial una vez exista un texto aprobado. Los partidos representados en la comisión defienden la revisión como parte de la actualización integral del código.
Vistas presupuestarias y el caso del Ministerio de la Mujer
En paralelo, este lunes se reanudaron en la Asamblea Nacional las vistas presupuestarias correspondientes al Presupuesto General del Estado para 2027, con la comparecencia de la Lotería Nacional de Beneficencia, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Seniaf), el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Mujer.
La solicitud presupuestaria del Ministerio de la Mujer, cercana a $7.3 millones según lo expuesto ante los diputados, ha llamado la atención en un contexto en el que el Órgano Ejecutivo ha planteado la eventual eliminación de esa cartera dentro de un proceso de reorganización institucional, sin que a la fecha exista un decreto o proyecto de ley que formalice esa medida. Las vistas constituyen el mecanismo mediante el cual el Órgano Legislativo ejerce control sobre el gasto proyectado de cada institución, incluida la planilla estatal y los programas sociales que administra cada cartera.
El proceso de reforma al Código Electoral deberá surtir los tres debates reglamentarios en el pleno de la Asamblea Nacional antes de pasar a la sanción del mandatario. De aprobarse cambios que afecten el régimen de candidaturas independientes, el Tribunal Electoral tendría que ajustar su reglamentación con suficiente antelación a la convocatoria del proceso de 2029, un calendario que en ciclos anteriores ha exigido definiciones normativas con varios años de margen.