Ayón sostuvo ante los diputados que la reducción aplicada por el MEF implicaría posponer algunas actividades previstas para 2027, sin precisar de momento cuáles proyectos concretos se verían afectados. El planteamiento del superintendente, según explicó, no fue que la SBP fuera a recibir necesariamente menos recursos que en 2026, sino que el monto incluido en el proyecto resultaría insuficiente frente a lo que la entidad había estimado.
Los $25.7 millones contemplados para 2027 representarían, en todo caso, $1.017 millones más que los $24.68 millones aprobados inicialmente para la SBP en el presupuesto de 2026. Esa comparación, no obstante, debe leerse con cautela, ya que el presupuesto de la Superintendencia puede modificarse durante el año fiscal mediante partidas adicionales aprobadas por la Asamblea Nacional.
Ayón recordó que un escenario similar se registró el año pasado: el MEF recortó $1.2 millones de la propuesta que la SBP había presentado para 2026, y posteriormente la Asamblea Nacional aprobó una partida adicional para cubrir la diferencia. El antecedente, señaló, respaldaría su expectativa de que el monto final para 2027 podría ajustarse en el curso del trámite legislativo o durante la ejecución del año fiscal.
La posición del MEF sobre la ejecución
Valerio González, subdirector de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, expuso ante la comisión una lectura distinta del caso. Reconoció el papel de la SBP en la protección de los activos de los depositantes, pero centró su argumento en los niveles de ejecución presupuestaria de la institución durante el año en curso.
Según los datos que presentó González, del presupuesto de $24.6 millones aprobado para 2026, a la fecha de la sustentación se habían asignado $20.7 millones y ejecutado $14.5 millones, con lo que restarían $6.1 millones por ejecutar. El funcionario admitió la eficiencia de la Superintendencia en el manejo de sus recursos, pero indicó que ese ritmo de ejecución constituye un elemento que el MEF tomaría en cuenta al evaluar las necesidades presupuestarias del próximo año.
El intercambio refleja una tensión recurrente en las vistas presupuestarias que cada año atraviesa la Comisión de Presupuesto: las entidades del Estado defienden sus proyecciones de gasto e inversión, mientras el MEF pondera esas solicitudes contra la ejecución real y las prioridades fiscales del Órgano Ejecutivo para el Presupuesto General del Estado.
Origen de los recursos: tasas al sector bancario
La Superintendencia de Bancos se financia mayoritariamente con recursos propios. Para 2027, $22.4 millones —equivalentes al 87% del presupuesto proyectado— provendrían de tasas y derechos que la entidad cobra a los bancos y demás entidades bajo su supervisión, entre ellas las tasas por inspecciones y avalúos, la tasa de regulación bancaria y la tasa anual de fideicomiso.
El presupuesto contempla además transferencias corrientes, entre ellas el aporte del sector privado al Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). Ayón subrayó ante los diputados que, desde su creación en 1998, la Superintendencia no ha tenido que recurrir a fondos del Gobierno Central para financiar su funcionamiento.
Durante la sustentación, varios diputados de la comisión cuestionaron renglones específicos del proyecto. Uno de los más comentados fue la partida de $1.4 millones destinada a mantenimiento y reparación de edificios. Según la explicación ofrecida por la entidad, los promotores del edificio que ocupa la Superintendencia en Obarrio, Grupo Shahani, asumieron cerca de $1.7 millones en trabajos de acabados, como pisos y cielo raso, mientras que la SBP debe cubrir adecuaciones adicionales en otras áreas del inmueble.
También generó preguntas la partida de $175,000 para gastos judiciales. Los diputados plantearon por qué la institución contemplaría contratar abogados externos si cuenta con un departamento jurídico propio. Marlon Espino, director de Finanzas de la SBP, respondió que ese renglón está destinado a atender demandas contra la institución que requieran representación legal especializada, mientras que el personal jurídico interno continuaría a cargo de las funciones de regulación y normativa.
Los diputados de la Comisión de Presupuesto también indagaron sobre otras partidas del proyecto, entre ellas una asignación de aproximadamente $1.4 millones en bonificaciones e incentivos para el personal de la entidad, un punto que quedó planteado para revisión en fases posteriores del análisis del articulado.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, del que forma parte la propuesta de la SBP, continuará su trámite en la Asamblea Nacional con las vistas presupuestarias de otras entidades públicas antes de su discusión y votación en primer, segundo y tercer debate en el pleno. El presupuesto debe quedar aprobado antes del cierre del año fiscal en curso para regir a partir de enero de 2027, tras lo cual pasaría a la sanción del Ejecutivo.